Un informe de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas de Guatemala se queda corto en hacer las recomendaciones que hubieran impulsado al país a la vanguardia en el esfuerzo regional para la reforma, donde alguna vez estuvo.
La comisión -compuesta por académicos y funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales- publicó un informe preliminar (pdf) analizando críticamente las políticas de drogas actuales que hacen hincapié en la prohibición y la penalización, y recomendando nuevas estrategias encaminadas a reducir la demanda de drogas en el país.
El informe examina las sanciones desproporcionadas por delitos relacionados con las drogas, en comparación con otras actividades criminales que también tienen un serio impacto en la sociedad. Bajo la Ley contra la Narcoactividad establecida en 1992 (pdf), la pena mínima por tráfico de drogas (12 años) no es mucho menor que la pena mínima por homicidio (15 años). Mientras tanto, la pena máxima para el tráfico de drogas (20 años) es casi el doble de la pena máxima por violación (12 años).
La comisión colaboró con el Centro Woodrow Wilson para analizar las debilidades de la ley sobre la posesión de drogas. En contra de la tendencia regional hacia la despenalización del consumo personal, los consumidores de drogas en Guatemala todavía enfrentan un mínimo de cuatro meses de prisión por posesión de drogas, incluso en pequeñas cantidades. La ley no establece parámetros en cuanto a lo que considera como consumo personal: los jueces tienen la discreción para definir qué es una "cantidad razonable", sobre una base de caso por caso. Como resultado, puede haber grandes discrepancias en la sentencia.
Basándose en estos hallazgos, el informe sugiere nuevas estrategias para hacer frente a la amenaza que las drogas ilícitas representan para la sociedad, a saber, su impacto sobre la salud pública. Además de estudiar el efecto de las drogas sobre la tasa de homicidios, la comisión sugirió invertir mayores recursos en los servicios de salud para proporcionar un mejor tratamiento para los adictos.
Curiosamente, el informe recomienda una forma de pagar las nuevas iniciativas de salud: mediante la modificación de la ley de extinción de dominio del país. Actualmente, el gobierno utiliza los bienes confiscados a los traficantes de drogas para financiar los programas de seguridad que se centran en las operaciones antidrogas por parte de las fuerzas de seguridad. En virtud de la enmienda propuesta, una parte sustancial de las ganancias irían a los servicios de salud para reducir la demanda de drogas.
La comisión también exige nuevos criterios para evaluar la política de drogas de Guatemala. Actualmente, el éxito se mide principalmente a través de las incautaciones de drogas y arrestos de los consumidores de drogas y traficantes. El informe recomienda incluir datos sobre el número de consumidores de drogas activos en el país con el fin de evaluar el impacto de las drogas en la salud.
Análisis de InSight Crime
La comisión muestra signos de distanciamiento frente al enfoque punitivo hacia las drogas, históricamente favorecido por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Sin embargo, este informe es una oportunidad perdida para avanzar en el debate regional sobre la reforma de drogas -en el que Guatemala ha sido una voz destacada.
Sin planes para la regulación estatal o por lo menos la despenalización de la marihuana, es difícil considerar el informe como un gran salto hacia adelante en la reforma a la política de drogas. Sin embargo, como un informe preliminar, la comisión sólo se centra en objetivos a corto plazo, dejando las soluciones más permanentes a una versión final que se publicará a finales de año.
El enfoque contrasta con los inicios audaces de la comisión. Tras asumir el cargo en enero de 2012, el presidente guatemalteco Otto Pérez anunció públicamente su apoyo a la legalización de las drogas como una forma de combatir la violencia en la región. Meses más tarde, Pérez se unió el expresidente de México, Felipe Calderón, y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para pedir a las Naciones Unidas realizar un debate sobre la reforma global a la política de drogas.
Guatemala fue anfitrión de una reunión de los estados de la OEA en septiembre de 2014 para construir un consenso regional sobre la reforma a la política de drogas, previo a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre el problema mundial de las drogas en 2016.
En particular, Pérez apuntó hacia Estados Unidos durante la reunión, diciendo: "Las políticas de drogas actuales no responden a los intereses y necesidades de nuestro país, sino más bien a los intereses de otro. Ellos [Estados Unidos] están luchando por la prohibición y contra el consumo personal".
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El esfuerzo por realizar una reforma internacional a la política de drogas no se limita a Latinoamérica. El informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de 2014 (pdf) llama al fin de la criminalización del consumo personal de drogas a nivel mundial. Incluso, el presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que Estados Unidos ha "abordado las injustas disparidades en las sentencias y ha proporcionado alternativas al encarcelamiento para delincuentes no violentos involucrados en sustancias", en el informe titulado Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2014 de la Casa Blanca (pdf).
Esto representa un nuevo paradigma en la discusión de la política internacional de drogas, en la que las propuestas basadas en la salud pública son la norma. Aunque la nueva retórica todavía no se ha traducido en una reforma legislativa significativa, romper el tabú en debatir la legalización de las drogas ha sido un paso importante para aquellos que apoyan los enfoques alternativos a la política de drogas.
Así, por encima de todo, éste es un paso hacia adelante. Sin embargo, ¿tomará la comisión otro paso para pedir la legalización de las drogas? El informe final se dará a conocer en diciembre.
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