Ha pasado un mes desde que el presidente de Brasil, Michel Temer, firmó un decreto en el que autorizaba al ejército a tomar el control de la seguridad en el estado de Río de Janeiro, con el fin de "restablecer el orden". Este despliegue militar ha sido una mezcla de prometedoras medidas de los militares y preocupantes ecos de intervenciones anteriores.
El decreto del 16 de febrero señala al general Walter Braga de Souza Netto como encargado del aparato de seguridad en el estado de Río de Janeiro, que incluye tanto al ejército como a la policía civil. La orden, que es explícitamente de carácter militar, se extendería hasta finales del año, y se sustenta en una disposición constitucional que se está utilizando por primera vez desde el final de la dictadura militar en 1985.
El uso de tácticas de mano dura para hacer frente a los altos niveles de violencia no es nuevo en Latinoamérica, pero, dado que Río ha recurrido con frecuencia al ejército para mantener la paz, surge la duda acerca de si esta vez será diferente.
30 días después
Desde que se inició el programa, ha habido cierta confusión en cuanto a los alcances de los detalles de la intervención. Durante la firma del decreto, el presidente Temer afirmó que habría una ostentosa muestra de fuerza militar "en las carreteras, avenidas y comunidades". Sin embargo, parece que las cosas se han ido ralentizado, pues no ha habido un despliegue general de las fuerzas federales en toda la ciudad. Solo la semana pasada, casi tres semanas después de que se firmó el decreto, se desplegaron fuerzas militares en un suburbio de Villa Kenedy, una zona suburbana de la capital de Río de Janeiro, con el fin de remover barricadas colocadas por los traficantes para impedir la entrada de la policía. Antes de eso se habían realizado otras acciones, pero bajo una orden anterior, emitida en 2017.
Varios incidentes durante la operación de Villa Kenedy han suscitado preocupación entre habitantes a quienes el ejército les requirió ser fotografiados con su documentación a la entrada y a la salida de la comunidad. Más de 30 tiendas fueron demolidas por carecer de licencias, algo que el alcalde denominó "un uso desproporcionado de la fuerza". El ejército también anunció que la zona sería permanentemente ocupada por una unidad de 300 soldados, algo que no había sido planeado, según dijo hace apenas dos semanas el general Netto.
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A pesar de los recientes reveses, el general Netto parece estar evitando una ostentosa demostración de fuerza, lo cual, según algunas personas, beneficiaría a la actual administración. La operación de Villa Kenedy es relativamente pequeña, si se compara con las operaciones realizadas antes de la intervención federal, y puede ser utilizada como una prueba para futuros despliegues militares. Por el contrario, el general Netto dice que se enfocará en proporcionar recursos para la empobrecida policía del estado, remplazar varios líderes policiales y atacar la corrupción.
"Nuestra intención es fortalecer los sistemas actuales, combatir la corrupción y tomar medidas para que los buenos profesionales sean recompensados y que los malos sean castigados", dijo en una entrevista con Estadão.
A la policía militar de Río de Janeiro se le ha prestado mucha atención durante la intervención. Las inspecciones a los cuarteles de la policía por miembros del ejército, una operación realizada el 14 de marzo y enfocada en las milicias, tras la cual fueron arrestados tres miembros de la policía militar, y el nombramiento de un nuevo comandante indican que se están haciendo avances en la dirección correcta.
La policía militar ha sido criticada por activistas sociales como Marielle Franco, una concejala que fue asesinada el 14 de marzo en lo que, como la policía le dijo a AP, al parecer fue un asesinato selectivo. Un tuit que ella publicó el día antes de su muerte hacía referencia a un hombre desarmado que fue baleado por la policía militar. "Otro joven asesinado por la policía. Matheus Melo salía de la iglesia. ¿Cuántos más deben morir antes de que esta guerra termine?".
¿Por qué ahora?
Aunque los indicadores a corto plazo señalan un aumento del 30 por ciento en la violencia en los últimos cuatro años en el estado de Río de Janeiro, el aumento de la criminalidad es un problema en todo Brasil. En el estado de Ceará, donde se han presentado frecuentes enfrentamientos violentos entre facciones de narcotraficantes, hubo un aumento del 50.7 por ciento en los homicidios el año pasado, y en la capital del estado, Fortaleza, prácticamente se duplicó el número de muertes violentas en los últimos 12 meses. Entonces, ¿por qué Río y por qué ahora?
El presidente Temer insiste en que la intervención se debe a la violencia en el estado y a la "desorganización social" durante el carnaval. "Nuestras prisiones ya no serán las oficinas de los criminales, ni nuestras plazas los sitios de fiesta del crimen organizado. Nuestras carreteras deben ser sitios seguros para los conductores honestos y no para que sean utilizadas para transportar drogas o robar cargamentos", dijo durante la ceremonia en la que se firmó el decreto.
Los actuales niveles de muertes violentas en Río de Janeiro son de casi 40 por cada 100.000 habitantes. Aunque están aumentando, estas estadísticas de homicidios son similares a las de ciudades estadounidenses como Nueva Orleans o Detroit, y significativamente más bajas que el pico que se alcanzó en 1994.
Algunos analistas creen que hay otras razones detrás de la medida. "Creo que es un intento del gobierno actual por darle un empujón a un candidato en las próximas elecciones, principalmente para la presidencia", le dijo a InSight Crime Camila Nunes Dias, socióloga experta en la criminalidad en Brasil. "La seguridad pública es uno de los principales intereses de la base electoral en las próximas elecciones, aunque creo que hay pocas posibilidades de que esta estrategia tenga éxito", dijo. Una encuesta realizada antes de la intervención señala que el nivel de popularidad de Temer estaba en un solo dígito.
Ecos del pasado
En los preparativos de la Copa Mundial de 2014 en Brasil, la favela de Maré fue ocupada por el ejército durante un año y dos meses. Al igual que Villa Kenedy, dicha comunidad se encuentra en la zona norte de la ciudad, lejos de los lugares turísticos, y está habitada sobre todo por ciudadanos pobres. Marielle Franco era una residente de esta comunidad, y la representaba como concejala. El despliegue militar en la comunidad se llevó a cabo con el supuesto objetivo de controlar la anarquía en la zona, dado que en meses anteriores se había presentado un aumento en la violencia. Tras una tendencia a la disminución durante la ocupación militar, los niveles de homicidios comenzaron a subir inmediatamente después del retiro del ejército, para finalmente llegar a los altos niveles anteriores al despliegue de 2017.
Durante la ocupación de Maré, la disminución temporal de los crímenes violentos tuvo un costo. Según Gisele Martins, residente y comunicadora comunitaria de Maré, los residentes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y de maltratos. Se les limitaba la movilidad y eran objeto de requisas constantes. Varias escuelas fueron cerradas, y había constantes enfrentamientos entre el ejército y los criminales. "Hay dos políticas de seguridad en Río, una para las calles y otra para las favelas. Las zonas de altos ingresos tienen acceso a servicios de salud y educación, mientras que quienes viven en comunidades de bajos ingresos deben soportar los tanques y los soldados", le dijo Martins a InSight Crime. Muchas personas temen que la reciente operación en Villa Kenedy llevará a que el nuevo comando militar ignore los derechos de los ciudadanos más pobres, en aras de la seguridad pública.
Miembros de las fuerzas armadas de Brasil hacen guardia durante una operación conjunta con la policía civil de Río de Janeiro (Fotografía: C.H. Gardiner)
¿Es hora de un cambio?
Durante el último mes, la intervención federal en Río de Janeiro no ha sido el bombardeo que muchos esperaban. Por el contrario, ha consistido sobre todo en el remplazo, por parte del general Netto, de la estructura de mando de los diferentes elementos del aparato de seguridad de Río de Janeiro, y de planes para acabar con la corrupción y proporcionar recursos, cosas que requiere urgentemente el estado de Río de Janeiro.
Sin embargo, el despliegue militar en Villa Kenedy ha violado los derechos de los residentes locales de una manera que sería poco probable en las partes más ricas de la ciudad. La permanente presencia del ejército en comunidades como Villa Kenedy es la misma táctica utilizada en Rocinha, Maré y muchas otras favelas anteriormente, y quizá tendrá el mismo resultado una vez que las fuerzas federales se retiren: el retorno de la anarquía y el aumento de las tasas de crimen.
Hasta el momento, el general Netto ha sido cauto en el despliegue de fuerzas militares sin contar con un plan, lo cual es una señal positiva, pero a menos que el Gobierno tome medidas para hacer cambios sistemáticos en la manera como enfrenta la seguridad en las comunidades más pobres, los residentes seguirán sufriendo las consecuencias.
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