Una orden de una corte mexicana emitida en agosto les prohíbe a las autoridades torturar, matar o extraditar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, una medida inusual que plantea dudas sobre la seriedad de los intentos por capturar al capo después de su audaz fuga el pasado mes de julio.
Según informó Univisión Investiga, Juan Pablo Badillo, que por mucho tiempo ha sido el abogado de Guzmán, solicitó las prohibiciones (que fueron aprobadas por un tribunal de tres magistrados) pocas semanas después de la fuga de su cliente de la cárcel del Altiplano. Entre otros puntos, Badillo argumentó que, en caso de ser extraditado, Guzmán podría ser sometido a torturas en Estados Unidos con el fin de obligarlo a confesar los delitos de los que lo acusan las autoridades estadounidenses.
Este tipo de orden judicial es bastante inusual. Aunque por mucho tiempo México ha sido inconsistente en cuanto a las extradiciones (capos como Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas han sido extraditados en la última década, pero muchos otros permanecen en México a pesar del interés de Estados Unidos en sus actividades), resulta raro, e incluso sin precedentes, que explícitamente y de manera preventiva se prohíba la extradición de un acusado en particular.
Tampoco está claro cuál es el propósito de la prohibición de matar o torturar a Guzmán. México ya tiene leyes contra la tortura y el asesinato perpetrados por el gobierno (aunque su aplicación no es muy efectiva), por lo que al parecer los jueces no están haciendo otra cosa que ratificar la legislación vigente con respecto a estas dos solicitudes. A pesar de la orden, es difícil imaginar que las tropas mexicanas dudarán en dispararle al Chapo en caso de que se enfrenten con un grupo de hombres hostiles y armados leales al capo.
Asimismo, prohibir la extradición antes de que sea detenido (y antes de las eventuales presiones a las que podría enfrentarse una nueva administración con prioridades diferentes) también parece ser de poca utilidad.
Eso no quiere decir, sin embargo, que la noticia carecerá de impacto.
Análisis de InSight Crime
La prohibición de matar a El Chapo refleja cierto temor con respecto a episodios recientes en los que narcotraficantes fugitivos han sido dados de baja por funcionarios del gobierno en sus intentos por atraparlos. Tal es el caso de la muerte de Heriberto Lazcano, exjefe de Los Zetas; Ignacio Coronel, antiguo lugarteniente de Guzmán en el Cartel de Sinaloa, y Ezequiel Cárdenas, exlíder del Cartel del Golfo. Aunque no existe ningún indicio de que las circunstancias que rodearon sus muertes hayan sido inadecuadas, la frecuencia de muertes de capos a manos de funcionarios del gobierno representa una vulnerabilidad en la estrategia de seguridad de México.
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En cierto sentido, la preocupación por el asesinato de Guzmán u otros cabecillas refleja un problema ya documentado por InSight Crime: el seguimiento agresivo de los capos fugitivos incentiva el comportamiento agresivo y violento, que es más dañino para la sociedad que el narcotráfico de bajo perfil.
Igualmente, tampoco es claro si se podrán obtener buenos resultados con las típicas medidas orientadas a que las capturas sean menos agresivas (como involucrar a las unidades de policía que operan en el lugar donde se encuentran los sospechosos, o disminuir la participación de los militares en las persecuciones). Ya sea por incompetencia o por corrupción, las policías locales y estatales han demostrado ser totalmente incapaces de llevar a cabo la búsqueda de fugitivos millonarios. Los infantes de marina mexicanos, que en los últimos años han estado al frente de la cacería de los capos, no parecen estar muy interesados en involucrar a otros organismos, y su entrenamiento parece estar más orientado a realizar tiroteos que a conducir detenciones cautelosas.
La última de las tres prohibiciones también puede reforzar la impresión que se tiene desde hace algún tiempo, en el sentido de que Guzmán y su organización reciben un trato especial del gobierno mexicano. El expresidente Felipe Calderón debió enfrentar tales acusaciones durante su presidencia, y antes de la detención de Guzmán el actual presidente Enrique Peña Nieto también había sido objeto de acusaciones similares. De hecho, parece que la fuga de Guzmán contó con ayudas internas; y cuatro funcionarios mexicanos fueron acusados recientemente por facilitar su escape.
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Este incidente, así como el contexto general de la fuga de Guzmán, también puede complicar la cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. La insinuación del abogado de Guzmán —y la posterior aprobación por juristas aparentemente objetivos—, de que la tortura es una táctica común de funcionarios federales estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley, contradice las leyes estadounidenses, y cuenta con pocos documentos que lo demuestren.
Más allá de acusar injustamente a los funcionarios estadounidenses, la orden judicial también indica que, independiente de los intereses mutuos que puedan tener Estados Unidos y los sistemas de justicia mexicanos, la influencia de Guzmán es más importante. En efecto, esto parece socavar la confianza y limitar la disposición de las autoridades estadounidenses para colaborar con las agencias de seguridad mexicanas. Que esto tenga un impacto negativo sobre el crimen organizado de México es algo discutible, pero refleja algunas de las peores tendencias del sistema de justicia penal mexicano.
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