El origen del crimen organizado en Venezuela

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

En esta serie de dos partes, el periodista venezolano Javier Mayorca le da una mirada a la evolución del crimen organizado en Venezuela, desde sus primeras manifestaciones de corrupción y contrabando oficial durante la época de la Colonia y los vínculos italianos en el país, hasta alcanzar su apogeo con la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez, el papel de los grupos colombianos, y las violentas mutaciones de esta delincuencia en la Venezuela de Nicolás Maduro.

¿Cómo llegó el crimen organizado a desarrollarse tanto en Venezuela?

Antes de responder esa pregunta, necesitamos describir los antecedentes y referirnos al contexto venezolano.

Empecemos por ahí.

Esta es la primera publicación en una serie de dos artículos por Javier Mayorca que exploran la evolución del crimen organizado en Venezuela.

El jueves 4 de febrero, mientras el Gobierno conmemoraba un año más del fallido golpe de Estado que lideró el teniente coronel Hugo Chávez en 1992, habitantes y dueños de comercios en Maracay (capital del estado Aragua, al norte del país) y Tumeremo (en el estado Bolívar) abandonaron las calles y cerraron las puertas de sus locales. Pero no para participar en los actos oficialistas, sino para resguardarse de las amenazas de las bandas criminales.

En el norte de la ciudad aragüeña, individuos armados iban en motocicletas, manifestando su descontento por la muerte de un miembro de la banda La Pedrera. Durante la víspera, los antisociales distribuyeron panfletos para advertir a la población “de las consecuencias que puedan ocurrir si hacen ejercer su función de a diario” (sic).

Hasta 2005, el concepto de delincuencia organizada se limitó al denominado agavillamiento, previsto y sancionado en el Código Penal.

En Tumeremo, la alerta corrió de boca en boca, pero tuvo el mismo efecto aterrorizante. Allí, una banda reaccionó con ira ante la detención de once integrantes, quienes supuestamente le cobraban extorsiones a un ganadero.

Así es Venezuela en la época de las llamadas “megabandas”, como las denominó en julio de 2015 el Observatorio de Delito Organizado, una organización no gubernamental que identificó en un primer reporte doce grupos que por su magnitud podrían entrar en esta categoría.

Este término no figuraba hace dos años en el léxico de los estudiosos de la materia —una señal de lo rápido que ha cambiado el entorno criminal en la nación suramericana—.

El concepto de delincuencia organizada, tal y como lo conocemos hoy en día, es relativamente nuevo. El director fundador del FBI, John Edgar Hoover, admitía la existencia de bandas en Estados Unidos, pero no con el grado de estructuración que tenía la Cosa Nostra italiana. Tuvieron que ocurrir los episodios de la reunión en Apalachim y las confesiones de Joe Valacchi para que comenzara a cambiar a regañadientes la actitud sobre el tema.

En Venezuela ocurría algo similar. La policía judicial, formada con importantes influencias de los cuerpos de investigación franceses y estadounidenses, operaba bajo el imperio de la evidencia tangible, y rara vez profundizaba en torno a los vínculos asociativos que podrían develar la existencia de conspiraciones criminales más profundas y prolongadas.

Hasta 2005, el concepto de delincuencia organizada se limitó al denominado agavillamiento, previsto y sancionado en el Código Penal. El país, desde luego, era signatario de la Convención de Palermo 2000, pero no había elaborado ninguna ley nacional para adaptar los postulados de este tratado marco.

Los abogados puristas, por lo tanto, descartarían la existencia del crimen organizado antes de 2005, o en todo caso antes de la ratificación de la convención de la ONU sobre la materia. ¿Cómo hablar de crimen organizado como delito si no hay una ley que tipifique sus conductas antijurídicas y les imponga una pena? Aunque la pregunta no está exenta de razón, sabemos que las leyes generalmente llegan tarde para regular prácticas que ya están instaladas en las sociedades.

El crimen organizado en la Colonia

En el caso del crimen organizado, algunas de sus manifestaciones datan desde la misma Colonia. La piratería, el contrabando y la trata de personas figuraban en el menú de los traficantes que operaban a lo largo de todas las costas. Las dos primeras eran ilegales según las normas vigentes para la época, mientras que la última era una práctica comúnmente aceptada hasta mediados del siglo XIX, cuando fue abolida la esclavitud.

Durante la Colonia, el imperio español intentó sin éxito controlar el contrabando mediante la creación de instituciones regulatorias. En 1728, la Corona concedió a la Compañía Guipuzcoana los privilegios para llevar a cabo todas las operaciones de comercio exterior de la Provincia de Caracas. Esto implicaba no sólo ejercer el monopolio de las importaciones y exportaciones, así como el cobro de los impuestos correspondientes, sino también perseguir a todos los que intentaran eludir tales controles.

La oposición a la Compañía vino de los propios comerciantes y del Ayuntamiento caraqueño, que dejaron a los barcos de la entidad sin negocios por más de dos años, mientras que las líneas comerciales se desarrollaban por canales alternos. Los agentes de Guipuzcoana también entraron en conflicto con la Compañía de los Ingleses, a la que se le había concedido el permiso de exclusividad para la importación de mano de obra esclava. A propósito de esa actividad, los británicos también aprovechaban para introducir en el territorio todo tipo de mercaderías.

Los controles al comercio ocasionaron corruptelas y la escasez de productos básicos en la provincia. Este patrón ha sido recurrente en la historia del país.

Los controles al comercio ocasionaron corruptelas y la escasez de productos básicos en la provincia. Este patrón ha sido recurrente en la historia del país.

En 1818, en plena guerra de independencia, Simón Bolívar emitió un decreto en el que reconocía la ineficacia de los mecanismos heredados del régimen español para controlar el paso ilegal de mercancías. Bolívar optó por abrir a cualquier ciudadano, venezolano o extranjero, la posibilidad de denunciar y perseguir el contrabando, y de quedarse con parte del valor de los bienes decomisados. Este fue el origen de las llamadas “obvenciones”, vigentes hasta hoy en día. La decisión establecía además que todo el proceso judicial siguiente al decomiso no duraría más de 45 días, incluido el lapso de apelaciones.

Este sistema tampoco tuvo mayor eficacia. Según Francisco Herrera Luque, en su novela histórica Los amos del Valle, las grandes fortunas de la época independentista y de los años posteriores fueron acumuladas en el país sobre la base del contrabando.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el contrabando

Desde aquellos días hasta el siglo XX, el contrabando estuvo asociado a la idea de la importación o extracción de productos prohibidos, o a la evasión del pago de los debidos aranceles. Sin embargo, en virtud de las distorsiones impuestas por un complicado sistema de controles, y de la destrucción del aparato productivo nacional, durante los últimos años en Venezuela se ha puesto énfasis en el llamado “contrabando de extracción”, una figura que era poco mencionada hace apenas 25 años.

Carlo Lucania y “los italianos”

Luego de la guerra independentista, se planteó la necesidad de repoblar el territorio. José Antonio Páez comisionó al geógrafo Agustín Codazzi para que buscara una locación que fuese atractiva para los pobladores de Europa Central. Encontró en Aragua una zona de selva húmeda donde se asentarían inmigrantes procedentes de Baden y poblaciones del reino de los Países Bajos. Como las tierras pertenecían a Martín Tovar, el lugar fue llamado Colonia Tovar a partir de 1843.

En otras zonas de Aragua más cercanas a la capital Maracay, así como en Guayana y Caracas, se ubicarían desde mediados del siglo XIX los primeros inmigrantes del territorio europeo que a partir de 1862 sería conocido como Italia. A ellos se atribuye la fundación del pueblo de Araira, en el estado Miranda.

Desde mediados del siglo XX, los italianos y sus descendientes se contaban entre las colonias más numerosas del país, con aproximadamente dos millones de personas. Esta situación fue aprovechada por los grupos de delincuencia organizada que operaban en Sicilia y Nápoles (la Cosa Nostra y la Camorra, respectivamente) para enviar a representantes y asociados, que se mimetizarían por completo en la comunidad local.

Venezuela siempre fue territorio apetecido por el crimen organizado de Italia.

Venezuela siempre fue territorio apetecido por el crimen organizado de Italia. El gobierno de ese país europeo reconoció esta situación cuando decidió asentar en Caracas una de las veinte oficinas que tendría en todo el mundo para investigar el problema del tráfico de drogas.

Los primeros indicios comenzaron a llegar cuando el máximo jefe de la Cosa Nostra americana, Carlo Lucania, mejor conocido como Charles Lucky Luciano, viajó dos veces al país suramericano durante los años posteriores a su expulsión de Estados Unidos, en 1947. Luciano quería expandir operaciones hacia la pujante economía de una nación que ya figuraba entre las principales productoras de petróleo del mundo. Fue a Venezuela y a Brasil, usando una visa cubana.  La misma ruta que probablemente siguió 45 años después el primer gran arrepentido de la Cosa Nostra siciliana, Tommaso Buscetta, para alejarse de la guerra que la facción de los corleoneses adelantaba contra su familia en Sicilia.

Los italianos se insertaron en la economía venezolana de múltiples formas: en la construcción y la banca, en el turismo y los servicios. La gran mayoría eran personas trabajadoras que acataban las leyes. Venezuela fue, durante la segunda mitad del siglo XX, un país con sólidas conexiones internacionales, un parque aéreo que llegó a tener más de 5000 naves de uso civil, cruzado por vías de comunicación terrestres y corredores fluviales.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela

Esta situación también fue aprovechada por el crimen organizado transnacional a partir de los años setenta, para convertir al país en uno de los principales corredores de la cocaína producida en los países andinos, suministrador de insumos para la fabricación de este producto y plataforma para el reciclaje de los capitales generados por estas actividades.

Aunque los operadores del crimen organizado transnacional usualmente han gozado en el país de tranquilidad e impunidad, de vez en cuando ocurría alguna operación que ponía de manifiesto la importancia del país como base de operaciones para tales grupos.

En esto, los italianos tenían un paso adelante. Con la llegada de la democracia al país, en 1958, los líderes de los principales partidos trazaron un pacto de gobernabilidad que llevó el nombre de la casa del anfitrión, Rafael Caldera. Se llamó el Pacto de Punto Fijo.

Caldera fue fundador del partido demócrata cristiano venezolano, Copei. Sus nexos con la democracia cristiana italiana eran sólidos. Ambas agrupaciones políticas, además de gobernar sus respectivos países (en Italia con mayor frecuencia), estaban plenamente alineados con el conservadurismo estadounidense. Las consecuencias de esta alianza durante el tiempo de la Guerra Fría aún no han sido totalmente estudiadas. Pero en el caso venezolano sirvieron como plataforma para el ocultamiento de mafiosos y terroristas, y para sus operaciones en el país. Clara Sterling  señaló que, junto a Buscetta, a Venezuela viajó Michele Greco, entonces líder de la Cosa Nostra, y que Antonino Napoli Manino sentó en el país “el principal terminal de narcóticos del Hemisferio Occidental”.

Aunque los operadores del crimen organizado transnacional usualmente han gozado en el país de tranquilidad e impunidad, de vez en cuando ocurría alguna operación que ponía de manifiesto la importancia del país como base de operaciones para tales grupos. En 1976, por ejemplo, debido a una solicitud expresa del Departamento de Justicia estadounidense, fue detenido en Caracas Carlo Bordoni, señalado como “mano derecha” de Michele Sindona e implicado directamente en la quiebra fraudulenta del Franklin National Bank. Sindona sería implicado posteriormente en los escándalos de la logia masónica P2 y en los del lavado de dinero de la Cosa Nostra a través del Instituto para Obras Religiosas (IOR), conocido como el Banco del Vaticano.

El paso obligado

Luego de que Ronald Reagan renovase la “guerra contra las drogas”, Venezuela fue declarada como un “área de paso de drogas de alta intensidad” (HIDTA, por sus iniciales en inglés). No sólo el país era usado como punto de tránsito para los alijos que irían principalmente a Estados Unidos, sino que también algunos venezolanos se incorporaron de lleno a las actividades de los principales grupos de traficantes. El primero conocido fue el capitán de fragata Lizardo Márquez Pérez. Según Gugliotta,  este oficial retirado llegó a elaborar un manual de seguridad para la cúpula del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

En Venezuela se llevaban a cabo frecuentes reuniones en las que los traficantes acordaban los términos de ciertas operaciones.

En Venezuela, además, se llevaban a cabo frecuentes reuniones en las que los traficantes acordaban los términos de ciertas operaciones. El boliviano Roberto Suárez, por ejemplo, viajó en varias oportunidades a la isla Margarita con tal finalidad. Allí se reunía con enviados de Medellín. Este empresario, que financió el golpe militar liderado por el general García Meza, mantenía alianzas con importantes dueños de transnacionales venezolanas.

En el país, además, permanecían representantes de la llamada mafia italoamericana. Paolo Cuntrera y Alfonso Caroana, sus descendientes y asociados, operaban en conexión con grupos de Aruba y Canadá.  Sus nombres comenzaron a sonar a propósito de la investigación llamada Conexión Pizza, cuando ya tenían por lo menos tres lustros en el país.

Los mayores decomisos de drogas en Venezuela, así como los escándalos más sonados de vínculos entre crimen organizado y sectores de la política, tenían como telón de fondo a miembros de algún clan italiano enraizado en el país. Tal fue el caso de la operación Orinoco 2000, que permitió el decomiso de 8,2 toneladas de cocaína ocultas en diversos islotes de Delta Amacuro, en el extremo oriental. Como financista de este cargamento, el mayor en volumen hallado hasta ahora, fue señalado el empresario Alberto Minelli, operador de los Caroana. 

Pero con la entrada del nuevo siglo y el ascenso al poder del teniente coronel Hugo Chávez nuevos actores entrarían en el juego y todo esto cambiaría.

Esta es la primera publicación de un artículo de dos partes.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+