Orígenes de la narcoviolencia en México: una refutación

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Como parte de un debate sobre la relación entre libre comercio y guerra contra las drogas en México, los autores Mike Wallace y Carmen Boullosa* responden a una crítica a su libro “A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War.” [Una narco historia: cómo Estados Unidos y México crearon juntos la guerra mexicana contra las drogas]. InSight Crime publicó un artículo sobre el libro el 7 de abril, y Manuel Suárez, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), escribió una respuesta. Presentamos a continuación la refutación de los autores.

El profesor Suárez destaca dos puntos fundamentales. En primer lugar, que la principal causa de la violencia de la guerra contra el narcotráfico es la prohibición, una idea con la cual estamos totalmente de acuerdo. Segundo, que las políticas económicas y comerciales de Estados Unidos y México (entre ellas el TLCAN) no tuvieron “nada que ver” con la catástrofe actual, y es en este sentido que consideramos que malinterpreta nuestra tesis.

El profesor Suárez dice que en nuestro libro argumentamos que “el TLCAN abrió la puerta de Estados Unidos a las drogas de México al mezclarse con el comercio lícito, lo cual es falso”. Y tiene razón. No sólo es una tesis falsa sino además ilógica. Sólo que no hemos dicho esto, o nada remotamente parecido.

El problema es que Suárez no reacciona al libro en su totalidad, sino a un fragmento que la revista Jacobin amablemente publicó, suponiendo que el texto en mención merecía resaltarse. Sin embargo, dicho fragmento es sólo una hebra de la madeja (e incluso en el fragmento publicado en Jacobin no hemos dicho lo que él dice que dijimos).

Cuando nos enteramos de que InSight Crime estaba interesado en escribir una reseña sobre nuestro trabajo, sugerimos que incluyera la totalidad de la discusión (es decir, el libro, no el fragmento). David Gagne lo hizo así en su recuento imparcial. Suárez parece tener objeciones, y está en todo su derecho; sin embargo, es necesario que les demos a los lectores información más completa sobre nuestro argumento.

Nuestra tesis central es que las raíces de la llamada “guerra mexicana contra las drogas” no se remonta a la corriente neoliberal de los ochenta, sino a los primeros años del siglo XX, cuando entre 1909 y 1914 Estados Unidos aprobó leyes que penalizaban la venta y el consumo de la mayoría de las drogas (excepto la marihuana). Entonces las drogas fueron prohibidas incluso antes de que se prohibiera el alcohol, y dicha interdicción se mantuvo en vigor después de abolida la Era de la Prohibición. La marihuana fue proscrita en los treinta.

El libro continúa discutiendo los permanentes esfuerzos de Estados Unidos para lograr que México interceptara los envíos transfronterizos que el país del norte no había logrado detener por sí mismo. Entre las numerosas intervenciones que mencionamos se encuentra la exitosa campaña que durante los treinta adelantó la Agencia Federal Antinarcóticos para obligar a México a revertir su rechazo a la política de criminalización de Estados Unidos, que favorecía un enfoque centrado en la salud pública y orientado a la reducción de los daños. En cuanto a los sesenta, señalamos cómo G. Gordon Liddy, quien adquirió fama después del escándalo Watergate, propuso un cierre de fronteras para obligar a México a iniciar programas de erradicación de cultivos. Y en 1986, el Congreso aprobó un programa de certificación que amenazaba con interrumpir la ayuda de Estados Unidos e impedía el acceso al necesario crédito de organismos internacionales, en caso de que el Congreso considerara que los esfuerzos de una nación en materia antidrogas eran insuficientes. Y dado que empezamos el libro con el tema de la prohibición, lo concluimos con una encuesta sobre un creciente movimiento, tanto en Estados Unidos y Latinoamérica como en las Organización de Naciones Unidas (ONU), que busca rechazar el enfoque de criminalización/encarcelamiento que Estados Unidos ha impulsado durante los últimos cien años, por considerarlo como un desastroso fracaso.

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Pero la aparición de los carteles y la irrupción de la violencia homicida no pueden entenderse en su totalidad si uno se centra únicamente en los intentos de eliminación del tráfico. Se requiere examinar un poco más la compleja red de relaciones entre Estados Unidos y México. Entonces analizamos, entre otras cosas, una cadena de crisis económicas (que data de los treinta) y describimos la manera como ambos países respondieron a ellas. En ambos casos, nuestro interés no se centra tanto en las políticas como en su impacto sobre el comercio de drogas, que se encuentra en constante crecimiento.

En este contexto, analizamos brevemente la crisis de la deuda que estalló en 1982, que Suárez atribuye a los “excesos populistas” de los regímenes de Echeverría y López Portillo. Aunque Suárez afirma que “el libro omite esto”, sí observamos la corrupción y el nepotismo del PRI, así como su despilfarro de fondos en proyectos mal asesorados, a la vez que señalamos los aciertos de utilizar deudas respaldadas por petróleo (comprado por banqueros estadounidenses ansiosos de reciclar petrodólares) para hacer inversiones productivas en el desarrollo de la infraestructura. Pero la crisis económica de los setenta, y los esfuerzos de Estados Unidos por lidiar con ella, menguaron la capacidad de México de sostener su deuda. Como señala Suárez, la deuda se elevó por las propuestas de Volker  de duplicar la tasa preferencial y luego se hizo totalmente impagable (como Suárez omite mencionar) debido al colapso de los precios del petróleo. Podríamos debatir si las propuestas de Volker fueron la mejor manera de lidiar con la inflación, pero nuestro interés en el libro consiste sólo en explorar cómo la catástrofe económica posterior (no en vano los ochenta son conocidos como la década perdida) facilitó una tremenda expansión del narcotráfico.

Asimismo, señalamos que la reforma del sistema de tenencia de tierras rurales en México y su eliminación de diversos subsidios y regulaciones, junto con la implementación del TLCAN y una segunda crisis de deuda, hicieron que los empobrecidos agricultores mexicanos se desplazaran a los tugurios urbanos, a las maquiladoras en la frontera o a Estados Unidos. Suárez aprueba esta “migración” y aplaude las políticas económicas que la indujeron, en tanto el sector agrario era ineficiente y superpoblado. De hecho, cree que es “esencial” que haya más migración. Ahora, el profesor puede tener razón al argumentar que el profuso desarraigo de los campesinos, y su más o menos forzada reubicación, propiciarán a largo plazo el mejoramiento del país, aunque su reacción a este movimiento de personas parece un poco insensible y excesivamente abstracta (¿cómo fue experimentada esta “migración”?).

Pero no nos preocupa tanto el impacto a largo plazo de los proyectos durante los noventa, sino su impacto en el tráfico de drogas: la abundancia de campesinos empobrecidos y habitantes de tugurios urbanos desempleados avocados a la narcoeconomía preexistente, como productores, empacadores, transportadores, guardias, vendedores ambulantes y asesinos. También hubo consecuencias imprevistas e inadvertidas, como el aumento del flujo de tráfico transfronterizo, que facilitó la evasión de inspecciones.

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Dos observaciones más sobre el comentario de Suárez. En general, el profesor Suárez apoya claramente una política de “libre mercado”, pero tal vez estaría de acuerdo en que una de las más perjudiciales contribuciones de Estados Unidos a la violencia actual fue su política de libre mercado de armas. En 1994, el Congreso impuso una prohibición a la fabricación de armas de asalto semiautomáticas. Aunque estaba programada para terminar en 2004, dos tercios de los norteamericanos (entre ellos el presidente George W. Bush) apoyaron la extensión de la prohibición. La feroz oposición de republicanos derechistas la derrocaron a instancias de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus iniciales en inglés). Las armas de asalto volvieron a llegar a los asesinos de los carteles, y los enfrentamientos violentos comenzaron a aumentar.

Pero a finales de los noventa, el poder supervisor del PRI había sido arrasado por las mareas de flujos de dinero del tráfico de drogas

Suárez sugiere que la razón por la que la violencia se elevó a niveles apocalípticos es porque los regímenes de Fox y Calderón “desmantelaron un aparato de seguridad nacional muy eficaz que mantenía la situación bajo control”. Pero en los años de Zedillo la situación no estaba bajo control, y de hecho se estaba saliendo de las manos. La fragmentación del Cartel de Guadalajara había marcado el comienzo de los enfrentamientos violentos, y el Cartel del Golfo había iniciado su militarización al fundar Los Zetas. Muchos miembros del “aparato de seguridad nacional” eran increíblemente corruptos y estaban en los bolsillos de los capos del narcotráfico, entre los que se encontraba el jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en México y la Policía Judicial Federal (PJF), que Fox de hecho desmanteló. Quizá Suárez considera que los cambios en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México son suficientes para explicar el aumento de la violencia, pero ninguna dependencia pudo haber alterado estos eventos.

La verdad es que el Estado federal alguna vez refrenó la violencia a través del sistema de plazas, mediante el cual oficiales locales y federales se hacían los de la vista gorda frente al tráfico a cambio de un mínimo orden entre carteles y enormes sobornos pagados a los funcionarios. Pero a finales de los noventa, el poder supervisor del PRI había sido arrasado por las mareas de flujos de dinero del tráfico de drogas, que les dio a los capos de la droga la delantera en las relaciones Estado/cartel y condujeron a la profusa corrupción del “aparato de seguridad nacional”. En efecto, Fox y Calderón respondieron a esta corrupción —y a la presión de Estados Unidos— militarizando sus ataques a los carteles, lo cual tuvo consecuencias catastróficas. La intensificación de la violencia, que ha llevado a la muerte de más de 100.000 mexicanos, no puede atribuirse simplemente a una sola fuente, y en nuestro libro, que tiene en cuenta múltiples facetas del asunto,  intentamos dar cuenta de ello en toda su complejidad.

*Mike Wallace y Carmen Boullosa son los autores del libro “A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War.” Wallace es un distinguido profesor de historia en el John Jay College of Criminal Justice de la City University of Nueva York, y Boullosa es autora de 15 novelas.

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