Otra política de Perú en líos por escándalo de Odebrecht

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Con cuatro expresidentes en prisión o evadiendo su arresto y otra importante política enfrentada a acusaciones de lavado de dinero, Perú avanza firme en la erradicación de la arraigada corrupción que azota su sistema político. Pero sin la necesaria reforma legislativa, sus instituciones seguirán siendo susceptibles a la criminalidad.

Keiko Fujimori, fundadora y presidenta del partido político de derecha Fuerza Popular (FP) y candidata presidencial en 2011 y también en 2016, ha sido acusada de recibir financiación ilegal para su primera campaña  presidencial del gigante constructor brasileño Odebrecht. El arrollador escándalo de Odebrecht ha incriminado hasta el momento a docenas de altos funcionarios públicos por lo menos en 12 países latinoamericanos, entre ellos dos expresidentes peruanos.

La publicación peruana IDL-Reporteros publicó recientemente documentos que no se conocían relacionados con el caso, entre ellos una cadena de mensajes hallada en un teléfono celular perteneciente a Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la firma, quien fue sentenciado a 19 años de cárcel en Brasil. Los mensajes de celular hacían referencias explícitas a una lista de políticos, empresas y países, indicando su implicación en el esquema de lavado transnacional de dinero, incluida Keiko Fujimori.

Aunque breve, el mensaje de Odebrecht puede tener graves implicaciones: “Aumentar a Keiko a 500 e iré de visita”, se dice que afirmó en la correspondencia. Según IDL, lo más probable es que se haya enviado la nota a finales de 2010 o comienzos de 2011 —justo en lo más álgido de la campaña presidencial de Keiko, lo que saca a relucir pruebas enterradas del financiamiento ilegal de la campaña de ese periodo.

En una declaración rendida en mayo ante fiscales peruanos, Odebrecht admitió abiertamente que financió a la mayoría, si no a todos, los candidatos peruanos de 2011, con ayuda de su subordinado peruano Jorge Barata.

Barata “pensó que Keiko Fujimori ganaría, entonces le dije, ‘Si crees que hay riesgo de represalias, apóyala más a ella’, incluso hice una anotación en aquella época, ‘Apoya a Keiko más'”, declaró.

Fujimori, cuya campaña de 2011 se vio afectada por acusaciones de financiación ilegal y en cuyo partido político múltiples miembros enfrentan acusaciones de connivencia con narcotraficantes, ha negado que recibiera dinero de Odebrecht.

“El fujimorismo”, referencia a la dinastía de poder político de la familia de Keiko, se asoció a la corrupción y la criminalidad en Perú luego del arresto en 2005 del padre de Keiko y expresidente peruano Alberto Fujimori, quien actualmente purga una sentencia de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción perpetradas durante la década de gobierno autocrático que ejerció.

Análisis de InSight Crime

Las acusaciones contra Keiko, en especial dado el legado de su apellido, son un recordatorio más para el pueblo peruano de hasta dónde se ha institucionalizado la criminalidad en su sistema político. Aunque el país está dando pasos importantes para judicializar a sus dirigentes corruptos, las brechas desatendidas en el sistema electoral de Perú siguen permitiendo que escándalos como el de Odebrecht socaven sus instituciones democráticas.

En lo que va corrido de este año, cuatro exjefes de estado del país han ido a la cárcel o son requeridos por nexos criminales, violaciones a los derechos humanos, corrupción o una combinación de los tres.

En febrero, las autoridades peruanas ordenaron la captura del expresidente Alejandro Toledo por ayudar a la constructora Odebrecht a asegurar contratos públicos a cambio de coimas por valor hasta de US$20 millones. En julio, el expresidente Ollanta Humala se sumó al padre de Fujimori en la prisión de Barbadillo Lima por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y corrupción.

El único expresidente vivo que no ha sido arrestado es Alan García, pero este carga una reputación consistente de corrupción y está siendo investigado por la Fiscalía General por presunto lavado de dinero y por aceptación de sobornos de Odebrecht. Y aunque el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a combatir la criminalidad institucional luego de que estallara el escándalo de Odebrecht en Perú, incluso él ha resultado involucrado en el soborno.

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En el informe de 2016 de Transparencia Internacional, que clasifica a más de 170 países según sus niveles anuales de corrupción, Perú entró en el puesto 101, un notorio descenso desde su posición de 88 el año anterior.

Una razón importante para su baja calificación, según Walter Albán, director ejecutivo del capítulo peruano de Transparencia Internacional, el sistema electoral peruano en su mayoría no regulado, que permite que organizaciones criminales y negocios fraudulentos se infiltren en el ámbito político.

La falta de regulación del sistema electoral “está haciendo que los niveles de corrupción lleguen a extremos nunca antes vistos en el país”, comentó Albán a InSight Crime. “Es claro que la actual situación genera incentivos para personas vinculadas a la economía ilegal y que intentan entrar en la política. Vemos esto más fuerte cada año”.

Durante mucho tiempo, el sistema político de Perú ha permitido que se generalice la corrupción y la impunidad, comentó Albán, creando ciclos de criminalidad entre altos dirigentes políticos, pese a haber sido elegidos en forma democrática. La laxitud en los controles al financiamiento de campañas ha permitido que grupos criminales, corporaciones adineradas y gobiernos extranjeros inyecten dinero en las arcas de los partidos y en los bolsillos de los candidatos. Muchas veces esto está condicionado al retorno de favores cuando el candidato llega al cargo.

En abril de este año, la rama ejecutiva de Perú aprobó una serie de propuestas de reforma electoral, cuyo principal objetivo era reducir la corrupción en las elecciones locales y nacionales, incluyendo límites a las donaciones de particulares en efectivo y la exigencia del registro de empresas, instituciones o gobiernos extranjeros por lo menos tres años antes de la donación a una campaña. Hasta el momento, estas propuestas no se han declarado ley.

Este año también ha habido numerosas peticiones de la Corte Suprema para que se levante la llamada ley de inmunidad parlamentaria para varios congresistas investigados por actividades criminales. En su formulación actual, la ley establece que un representante elegido al congreso en ejercicio solo puede ser judicializado si el congreso mismo autoriza el proceso judicial.

Los críticos afirman que la ley de inmunidad ha servido como escudo contra la justicia para los políticos de alto rango, aun a pesar de que la Fiscalía General o los fiscales regionales hayan abierto investigaciones directas en su contra, como fue el caso del congresista Benicio Ríos Ocsa, quien se mantiene en su cargo pese a haber sido juzgado en la región de Cusco por presunta connivencia criminal y cohecho pasivo.

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Pese a esas investigaciones, un congreso envuelto en denuncias penales se ha negado “de manera sistemática” a levantar la inmunidad y ha puesto trabas a otras reformas electorales, según Albán.

“Por años se han debatido reformas electorales dirigidas a impedir que el dinero sucio ingrese a la política, pero hay una resistencia enorme”, declaró. “Esto tiene mucho que ver con el hecho de que las mismas organizaciones políticas están siendo penetradas por criminales. Ahora mismo hay representantes en el congreso que han estado y están vinculados a la economía ilegal. Y hay congresistas que protegen directamente intereses [criminales]”.

El caso de Fujimori puede ser aún más difícil de llevar a los estrados judiciales. Fuerza Popular tiene actualmente participación mayoritaria en el congreso, con 72 escaños de 130, y el partido sigue fortaleciendo su predominio en la legislatura, incluso con la aprobación de una ley para impedir la reelección de miembros de la oposición a finales del año que pasó. 

El escándalo de Odebrecht y otros, sin embargo, han sacudido a Perú y motivado una fuerte reacción de indignación entre los peruanos, afirmó Albán, que los activistas contra la corrupción esperan transformar en acción consolidada.

“Por primera vez aparece el problema de la corrupción como el mayor problema del país. Esto sin duda es algo admirable”, añadió.

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