Funcionarios en el área metropolitana de Río de Janeiro cada vez se quejan más de que la llamada "pacificación" de las favelas está desplazando la violencia hacia la periferia de la ciudad. Sin embargo, es escasa la evidencia para apoyar esta afirmación.
La estrategia de seguridad de Río de Janeiro ha logrado algunos avances impresionantes desde que el gobierno del estado puso en marcha el primer programa de pacificación en 2008. En los barrios donde se han instalado las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), se ha quebrado el control criminal local y las tasas de homicidios han disminuido considerablemente.
Aunque las acusaciones de abuso y el número de residentes que han muerto en el fuego cruzado con la policía han llamado la atención sobre sus fallas, la pacificación generalmente es presentada como una historia de éxito. Sin embargo, también ha sido criticada por algunas personas quienes dicen que en lugar de resolver el problema de la criminalidad en Río, el programa está empujando a las violentas bandas narcotraficantes fuera de la ciudad y hacia los municipios aledaños.
Esta narrativa es comúnmente invocada en la cobertura mediática sobre la criminalidad en el área de Río; los periódicos locales reportan sobre la "migración" aparente de las pandillas hacia la periferia de la ciudad.
También se ha vuelto popular entre los funcionarios de la región Baixada Fluminense, una sección del área metropolitana, al norte de Río, que incluye ciudades más pequeñas como Duque de Caxias y Nova Iguaçu. Luiz Antunes, secretario de Seguridad de Nova Iguaçu, dijo recientemente a la prensa que "La violencia ha invadido la Baixada Fluminense".
El alcalde de Duque de Caxias Alexandre Cardoso se ha referido en varias ocasiones a un aumento en la criminalidad en la ciudad como resultado de la pacificación de Río. Lindberg Farias, candidato a gobernador del estado de Río de Janeiro para las elecciones de octubre, ha hecho la misma crítica sobre las UPPs.
Los detalles del argumento varían, pero una de las afirmaciones más comunes es que la creciente presencia policial en las favelas de Río ha obligado a los líderes de las pandillas a reubicarse en los barrios pobres que se encuentran afuera de la ciudad.
Los partidarios de la idea apuntan al hecho de que mientras el crimen violento se ha reducido en la ciudad, en la Baixada éste ha aumentado drásticamente en los últimos años. En Nova Iguaçu, por ejemplo, los funcionarios registraron 310 asesinatos entre enero y mayo de 2014, casi el doble de los 177 registrados en el mismo periodo de 2008.
Análisis de InSight Crime
Al menos en parte como respuesta a esta percepción, el gobierno del estado está tomando medidas para expandir la estrategia de la pacificación más allá de las fronteras de la ciudad de Río de Janeiro. En julio, las autoridades establecieron la primera UPP en Baixada Fluminense -y la primera fuera de la ciudad- en el barrio Duque de Caxias del Complexo da Mangueirinha. En octubre se instalará otra UPP en el municipio limítrofe de Belford Roxo.
El gobernador actual Luiz Fernando Pezão ha dicho que si gana las elecciones de octubre, tiene planeado abrir varias unidades de pacificación nuevas afuera de Río. En la campaña electoral ha prometido establecer UPPs en todos los municipios de la Baixada Fluminense así como en la vecina ciudad de Niteroi.
Aunque los medios de comunicación y algunos funcionarios en el área metropolitana han aceptado la afirmación de que la pacificación ha propagado el crimen violento hacia los municipios circundantes de Río, la evidencia de ello simplemente no está. Por un lado, la teoría de la "migración" criminal ha sido rotundamente rechazada por la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro (SESEG). Según un informe de la SESEG de noviembre de 2013, la gran mayoría de los sospechosos arrestados por cargos relacionados con el narcotráfico en la Baixada, de enero a agosto del año pasado, eran del lugar. Sólo el 5,6 por ciento de los sospechosos eran residentes de la ciudad de Río de Janeiro.
Más aún, la afirmación de que la violencia en la Baixada fue "metida a la fuerza" ignora el hecho de que esta región nunca ha sido particularmente tranquila.
En realidad, el área ha sido durante mucho tiempo el hogar de algunos de los grupos criminales más infames de Río, como el Comando Vermelho y Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro). Como dijo el experto en seguridad Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia al diario Extra, cuando se le pidió comentar sobre el asunto: "El desplazamiento sólo tendría sentido si los criminales estuvieran yendo a zonas donde no hubiera ninguna pandilla".
El hecho es que los municipios que rodean a Río de Janeiro, tradicionalmente han sido testigos de tasas de violencia más altas que las registradas en la misma ciudad. De 2002 a 2006, antes de que la palabra "pacificación" incluso hubiera entrado en el discurso político de Brasil, los datos oficiales mostraban que la tasa promedio de homicidios en Duque de Caxias era de 81,5 por cada 100.000 habitantes. La tasa de Nova Iguaçu fue de 64,2, y la de Belford Roxo fue de 55,2. Todas éstas eran superiores a la tasa promedio de homicidios en Río para el mismo período, que era de 44,8.
Sin embargo, es cierto que los homicidios están aumentando en los municipios ubicados en la zona metropolitana (excluyendo a Rio), tras un período de declive entre 2008 y 2012. La investigadora brasileña Joana Monteiro señala esto en un análisis muy útil sobre las estadísticas de criminalidad, publicado por el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro.
No obstante, los datos no apoyan la idea de que la criminalidad se esté desplazando hacia la periferia de la ciudad. Como señala Monteiro, el número de los llamados "delitos contra la propiedad" (una categoría que incluye la extorsión, el robo y los asaltos) ha sido consistentemente mucho más alto en la ciudad que en los municipios periféricos desde 2007, aunque este tipo de delitos parecen estar aumentando en ambos lugares.
Así que si la pacificación no ha causado ningún tipo de éxodo criminal masivo desde Río, ¿por qué está en aumento la violencia en la Baixada Fluminense?
La respuesta probablemente tiene que ver con la simple falta de presencia policial. En 2012, sólo 2.910 policías militares estaban operando en los 13 municipios que conforman la región. En ese momento, esto representó un 20 por ciento menos que el número de policías puestos en las UPPs en Río. Como informó R7, esto se desglosa en una proporción entre policías y residentes de un oficial por cada 1.254 personas, en comparación con un policía por cada 478 en la ciudad.
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