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Dadas la migración masiva de personas que huyen de la violencia y los asesinatos, y el evidente fracaso de las políticas represivas en el Triángulo Norte, los programas de prevención y rehabilitación frente al problema de las pandillas parecen ser la mejor solución. Pero su impacto seguirá siendo limitado a menos que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en estrategias más eficaces y a largo plazo.

“Había un muchacho al que llamaban ‘Chucky’. Empezamos a invitarlo a varios programas. Pero parecía que venía más para ver lo que estábamos haciendo, tomar fotos y grabar audios y videos”, dice Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva, recordando la historia del niño de 13 años y el centro juvenil comunitario El Éxodo mientras recorremos el violento barrio Zona 12 en las afueras de Ciudad de Guatemala.

“Nosotros se lo permitíamos y le preguntábamos ‘¿por qué nos filmas?’, a la vez que lo reteníamos y tratábamos de involucrarlo en las actividades [del centro juvenil]. Logramos que participara en las actividades recreativas […]  pero para él era complicado participar activamente porque ya había empezado a involucrarse [con la pandilla]”.

Como agente de la policía comunitaria, Sánchez hace parte de una estrategia de prevención del problema de las pandillas implementada por las autoridades locales con el fin de alejar de las pandillas a los niños de la comunidad ofreciéndoles alternativas, como actividades culturales.

Pero no fue suficiente para Chucky. El muchacho ascendió rápidamente en la jerarquía de la pandilla Barrio 18, lo cual no le dejaba tiempo para nada más.

Graffiti de los niños del sector en el patio del centro comunitario El Éxodo, en Villa Nueva

“A medida que ascendía en la jerarquía, Chucky se volvía cada vez más agresivo […] Era interesante ver que a veces como que se desconectaba, y de repente tenía que hacer algo, tenía que cumplir algún deber y nos decía ‘tengo que irme’.

“Cuando cumplió los 17 años, nos enteramos de que había sido “brincado” (la ceremonia para convertirse en miembro de la pandilla como tal). Lo mandaban a recolectar dinero de la extorsión cuando salía de El Éxodo… y finalmente fue asesinado por su propia pandilla”.

La premisa de la prevención

En el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, cada vez más extenso y asediado por la violencia, hay máquinas de gimnasio nuevas para los visitantes del “Centro de Alcance”, un centro de extensión comunitaria para los jóvenes del sector. El pastor Arnold, quien administra el centro, se refiere a este lugar como un oasis de seguridad, entrenamiento y recreación para los chicos.

En 2013, Rivera Hernández era el barrio más violento de la ciudad más peligrosa del país con mayores niveles de homicidio en el mundo. La violencia, junto con la pobreza y la falta de oportunidades, lo convirtieron en una excelente fuente de reclutamiento para las pandillas.

      VEA TAMBIÉN: Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras

“Los jóvenes de por aquí no tienen nada que hacer, consumen drogas, roban […] tuvimos que proporcionarles un lugar donde pudieran relajarse y llevar a cabo actividades saludables”, explica Arnold.

Gimnasio del “Centro de Alcance” en Rivera Hernández

Durante años ha existido el consenso general de que estos programas, financiados por Estados Unidos, encargados de la prevención primaria —aquella dirigida a jóvenes en riesgo que aún no se han involucrado en las actividades de las pandillas— han tenido un impacto positivo. Rivera Hernández fue el primer barrio hondureño en tener este tipo de centro en 2009; actualmente hay 65 en todo el país, destinados a ofrecerles “un segundo hogar” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En el barrio Zona 12 de Villa Nueva, el agente de policía Sánchez insiste en que el trabajo de prevención local ha ayudado en parte a controlar la violencia de las pandillas.

Las estrategias de prevención de la violencia también han sido exitosas en otros países. En Colombia, por ejemplo, las estrategias no represivas han sido reconocidas por su impacto en las pandillas callejeras. En Ecuador, las autoridades han llegado incluso a legalizar a las pandillas para reinsertar a sus miembros a la sociedad.

Pero estas estrategias tienen limitaciones.

La escasez de datos científicos sobre el impacto de los programas de prevención en Guatemala, El Salvador y Honduras hacen que las evaluaciones objetivas sean difíciles, cuando no imposibles.

La fuerte politización que Estados Unidos ha impuesto al tema migratorio entorpece aún más el necesario debate científico.

Además, este tipo de proyectospor lo general carecen de los recursos necesarios para abordar uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de las pandillas: los hogares disfuncionales.

“Son proyectos que funcionan hasta cierto punto”, dice Quique Godoy, ex vicealcalde de la Ciudad de Guatemala, quien también trabajó en USAID en el tema de la prevención.

“Cuando regresan a casa, los chicos se encuentran con una madre soltera, que trabaja entre 18 y 20 horas al día para poder llegar a fin de mes… o bien tiene una pareja violenta… Eso los aleja de casa y los lleva buscar a alguien que les ofrezca protección… y allí están las pandillas”.

El control que ejercen las pandillas en sus territorios hace que sea particularmente difícil llegar a un gran número de muchachos vulnerables, ya que no pueden cruzar fronteras invisibles sin poner sus vidas en peligro. Un exlíder de pandilla, entrevistado por InSight Crime a pocas cuadras del centro juvenil de Rivera Hernández, dijo que a los muchachos de su zona no se les permitía ir al centro.

Deficiencias institucionales y estructurales

El hecho de que las estrategias de prevención no logren resolver la crisis de seguridad en el Triángulo Norte no significa que deban dejarse de lado.

Los niveles de homicidios en los tres países permanecen entre los más altos del mundo; el desplazamiento interno y la migración continúan creciendo debido a la violencia de las pandillas; hay creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado, así como una preocupante sofisticación criminal de la Mara Salvatrucha (MS13).

Los gobiernos centrales del Triángulo Norte parecen ser completamente indiferentes al potencial de las estrategias de prevención, lo que incluye la educación y la rehabilitación. Por el contrario, concentran todos sus esfuerzos y recursos en estrategias represivas.

“El problema [del reclutamiento de las pandillas] inicia con los niños de 12 a 14 años”, le dijo a InSight Crime el exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. “Hay escuelas primarias por todas partes [del país], pero no hay escuelas secundarias”.

Solo dos de cada 10 niños guatemaltecos asisten a la escuela secundaria, dijo el exministro, lo que les ofrece a las pandillas una formidable fuente de reclutamiento en áreas como Rivera Hernández o Villa Nueva.

Además, falta atención a las mujeres, hay ausencia de programas de rehabilitación en las cárceles, la lista de problemas adicionales que generan la violencia de las pandillas parece interminable.

Pero el potencial de estas estrategias de prevención no parece ser del interés de quienes están en el poder. Mientras continúen las estrategias represivas e inmediatistas, en lugar de los programas en múltiples frentes y a largo plazo, también continuará la violencia.

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