El anuncio de un grupo de agricultores en Paraguay sobre su posible retorno al cultivo de marihuana deja en evidencia las limitaciones y desafíos de los programas de sustitución de cultivos.
Miembros de la Asociación de Comités de Productores de la colonia Kamba Rembe, en el departamento de San Pedro al sur de Paraguay, anunciaron, el 1 de Octubre, su disposición a retornar a la plantación de marihuana. El anuncio tuvo lugar luego de que el gobierno presuntamente incumpliera con una serie de proyectos de asistencia para la sustitución de cultivos de marihuana, informó Ultima Hora.
Daniel Romero, uno de los dirigentes de la asociación, aseguró que la "situación se ha vuelto insostenible, hay familias con hambre, ya no tienen nada que comer y muchos, lastimosamente, se decidieron en volver a cultivar la marihuana, si es que esta semana no tenemos respuestas de las autoridades".
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Paraguay es actualmente el principal productor de marihuana del Cono Sur, y alimenta principalmente los mercados de Argentina, Brasil y Chile. Según la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, la mayoría de las casi 5.000 hectáreas de cultivos de marihuana del país actualmente se concentran en el área de Kamba Rembe. Otras zonas de cultivos están ubicadas en los departamentos de Amambay, Concepción y Canindeyú.
Kamba Rembe acaparó los titulares y la atención del gobierno del entonces presidente Horacio Cartes en 2015, cuando sus pobladores realizaron una manifestación a favor del cultivo de marihuana en respuesta a la supuesta ausencia del Estado en la zona. La protesta derivó en el anuncio de una serie de programas gubernamentales para sustituir los cultivos con sésamo.
El gobierno del recién posesionado presidente Mario Abdó también ha señalado que debe “ofrecer alternativas a los pobladores de la zona, de tal manera que dejen la producción de la droga y se dediquen a un trabajo lícito” y prometió, a través del Ministerio de Agricultura, implementar programas para la mecanización de agricultura familiar para el cultivo de sésamo en la zona.
Análisis de InSight Crime
El anuncio de los productores de retornar al cultivo de marihuana a raíz del supuesto incumplimiento del gobierno da muestra de las falencias de la imposición de siembra de productos que en ocasiones no representan una alternativa económica viable para las comunidades.
Según los agricultores en la zona de Kamba Rembe, la siembra de sésamo impulsada por el gobierno no les brindaría suficientes ingresos para subsistir. Un kilo de marihuana puede venderse por hasta US$30, al menos treinta veces más que un kilo de sésamo o mandioca, otro de los cultivos de la zona, según una investigación del diario La Nación. Cerca del 80 por ciento de los 4.500 campesinos en la zona de Kamba Rembe se dedican al cultivo de marihuana.
Por otro lado, el gobierno ha reconocido que solo tiene la capacidad de erradicar menos de la mitad de lo sembrado (cerca de 2.500 hectáreas).
Pero es posible que la estrategia de erradicación tampoco esté funcionando.
A las incautaciones crecientes se suma la captura de uno de los presuntos líderes del tráfico de marihuana de Paraguay hacia Argentina a pocos kilómetros de Kamba Rembe, vinculado con un cargamento incautado de cerca de 14 toneladas.
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El gobierno de Paraguay no es el único que enfrenta cuestionamientos con respecto a las políticas de sustitución de cultivos.
Colombia es tal vez el ejemplo más claro en la región de un país que lucha para hacer disminuir los crecientes cultivos ilícitos de coca. Allí, el gobierno también ha sido señalado de incumplir con los programas de sustitución de cultivos ilícitos –uno de los puntos acordados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un acuerdo de paz de 2016–.
A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano de implementar programas de sustitución, muchos de estos todavía no han sido implementados integralmente. De acuerdo con investigaciones de campo de InSight Crime, esto aumenta directamente el riesgo de que algunos vuelvan a aumentar sus cultivos ilegales. Al mismo tiempo, el estado colombiano sigue impulsando agresivas políticas de erradicación que incluyen el uso de glifosato, lo cual ha causado protesta social y perjudica la confianza de las comunidades en que el gobierno cumple con sus estrategias alternativas.
De hecho, el impulso a estas iniciativas tanto de represión como de sustitución, no impidieron que Colombia registrara niveles récord en los cultivos de coca el año pasado.
En este sentido, el cultivo de sustancias ilícitas en algunas de las regiones más remotas y pobres de la región, es visto como una actividad de alto retorno por los pequeños agricultores locales, a pesar del riesgo de enfrentar la ley –que disminuye con la falta de presencia del Estado–.
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