A una semana del secuestro de un exvicepresidente de Paraguay por parte de la guerrilla del EPP, parece cada vez más probable que este antiguo enemigo de las autoridades del país haya regresado, aunque en circunstancias muy diferentes.
La Brigada Indígena, una facción independiente vinculada a la guerrilla maoísta Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ha sido identificada como la responsable del secuestro de Oscar Denis Sánchez, exvicepresidente de Paraguay entre 2012 y 2013. Un hecho que ha causado una gran conmoción en el país, informó ABC Color.
El pasado 9 de septiembre de 2020, el político fue interceptado por la guerrilla en una zona rural de la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción. El grupo exigió para su liberación la repartición de víveres a 40 comunidades de la zona por un valor de US$50.000 cada una (US$2.000.000 en total). También pidió que Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, líderes históricos del EPP en prisión desde 2003, sean puestos en libertad.
El secuestro se produjo una semana después y a 30 kilómetros de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército paraguayo en el que resultaron abatidas dos menores de edad. Un ambiente de total confusión siguió a la operación.
En primer lugar, el presidente Mario Abdo Benítez exaltó la operación en la que dos supuestos miembros del EPP resultaron muertos.
Pero luego se descubrió que los supuestos guerrilleros muertos eran dos niñas de 11 años, María Carmen y Lilian Mariana Villalba, quienes crecieron en Argentina y tenían la ciudadanía de dicho país. Las niñas eran hijas de miembros del grupo guerrillero y estaban visitando a sus padres. Esto desencadenó una áspera disputa internacional entre Paraguay y Argentina, lo que incluyó las acusaciones de un general paraguayo que supuestamente señaló a Argentina como una "guardería de soldados del EPP".
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La Brigada Indígena, desconocida hasta hace relativamente poco tiempo, ha reclamado la autoría de los principales atentados recientes del EPP. Se sospecha que esta facción fue la responsable de un ataque en julio de 2019 a una propiedad en el estado de Amambay en el que murió una persona y fueron quemadas varias casas y vehículos.
El EPP se conformó en 2005 después de la desintegración del Partido Patria Libre (PPL). Desde entonces, ha estado vinculado a decenas de asesinatos y secuestros. En 2015 sufrió graves debilitamientos tras la captura y asesinato de la mayoría de sus miembros, pero el grupo aparentemente nunca fue erradicado por completo.
Análisis de InSight Crime
En un panfleto encontrado en el lugar del secuestro, el grupo armado autodenominado “La Brigada Indígena de Ajusticiamiento de Matones de Estancias” afirma que su misión es aplicar la justicia revolucionaria a las personas que maltraten o abusen a las comunidades indígenas de la zona.
El Ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó que, aunque se esperaban represalias por parte de la guerrilla, sucedieron más rápido de lo pensado y que el secuestro claramente “no es una cuestión de carácter económico, es una cuestión de carácter político”. Hasta ahora poco se conoce de la Brigada Indígena, pero esta facción parece estar liderando actualmente la estrategia ofensiva del EPP, concentrando sus acciones en el norte de Concepción y Amambay, bastiones tradicionales de la guerrilla junto con el departamento de San Pedro.
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El repertorio criminal del EPP es extenso, e incluye la muerte de más de 60 personas, 134 ataques violentos y 12 secuestros. Estos hechos motivaron a que el gobierno de Horacio Cartes creara en 2013 una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para luchar específicamente contra este grupo.
Pero Juan Martens, experto en seguridad paraguaya, considera que, con unos 1.500 militares y un presupuesto de 14 millones de dólares al año para combatir a entre 20-30 miembros del EPP, la Fuerza de Tarea Conjunta es muy ineficiente en su labor, y afirma que esto se debe probablemente al temor de perder una operación militar altamente rentable.
El panorama de seguridad del país ha cambiado radicalmente desde el inicio de la operación de la FTC. La llegada de grandes organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) parece ser una mayor amenaza para el país que el EPP. Sin embargo, los recientes incidentes que involucran a esta guerrilla podrían justificar más años para la FTC y permitir que las otras organizaciones, como las pandillas brasileñas, se continúen fortaleciendo en la sombra.