Alejandro Giammattei, el médico de derechas que fue electo presidente de Guatemala en agosto de 2019, toma posesión este 14 de enero. Frente a él tiene retos de seguridad que incluyen el repunte del narcotráfico en el país, la impunidad y la debilidad en la que se encuentran las instituciones de aplicación de la ley. Y frente a él se extienden también las sombras de su propio pasado, incluido un oscuro capítulo que lo vincula a grupos de exterminio tolerados por el Estado guatemalteco.
Durante las últimas semanas de 2019, dos incidentes llevaron a Guatemala de regreso a mediados de la década pasada, cuando el gabinete de seguridad del entonces presidente Óscar Berger se vio involucrado en varios casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos los asesinatos de tres diputados salvadoreños en febrero de 2007 y de siete reos en la cárcel de Pavón en septiembre de 2006. El doctor Giammattei era miembro de ese gabinete: era el jefe de las cárceles guatemaltecas.
El primer hecho reciente que llevó a Guatemala de regreso al pasado ocurrió el 29 de noviembre anterior, y tiene que ver con la masacre en Pavón en 2006: un tribunal de Suiza confirmó una condena de 15 años de prisión para Erwin Sperisen, director de la policía guatemalteca cuando ocurrieron las ejecuciones.
En 2014, Sperisen, quien tiene las nacionalidades suiza y guatemalteca, había sido condenado en primera instancia como cómplice de la masacre. En 2007, el funcionario se había asentado en Suiza, país del que también es nacional, y fue juzgado ahí porque Suiza no extradita a sus ciudadanos.
Por ese caso también fueron procesados e investigados Carlos Vielman, entonces ministro de Seguridad, y quien a la postre fue absuelto por un tribunal en España, y el mismo Giammattei, quien incluso estuvo en prisión preventiva durante casi 10 meses en 2010, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas.
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Días antes de que la corte suiza confirmara en noviembre pasado la condena de Sperisen, el exjefe de la policía había participado desde su residencia europea en una videoconferencia transmitida en el congreso de Guatemala, donde una comisión legislativa entrevistaba a varias supuestas víctimas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), la cual fue cesada por el presidente saliente, Jimmy Morales el año pasado.
Como prueba de descargo en esa presentación, Sperisen acudió al testimonio de la madre de uno de los reos ejecutados en Pavón en 2006, quien en su declaración dijo que ella no culpaba de nada al exjefe policial sino a Alejandro Giammattei: “Lo que mi hijo me contó (antes de morir)… que el causante de todo había sido Giammattei. Yo solo enfocaba mi cólera contra Giammattei… en ese tiempo él era el jefe de Pavón, él era el director”, dijo en su testimonio María del Socorro Vásquez, madre del reo asesinado.
El nuevo presidente de Guatemala ha negado varias veces los señalamientos sobre Pavón; la última vez lo hizo en junio del año pasado en una entrevista con la agencia EFE, en la que dijo que las acusaciones tenían motivaciones políticas.
El segundo recordatorio sobre el pasado que envuelve a Giammattei ocurrió el 15 de diciembre anterior, también en la cárcel de Pavón. Allí, un sicario mató de un disparo en la cabeza al exdiputado Manuel Castillo, alias "Manolito", condenado a 203 años de prisión por su participación en los asesinatos de los diputados salvadoreños en 2007. Manolito fue asesinado frente a las oficinas del director de Pavón, de donde el reo venía saliendo, según los primeros informes del sistema penitenciario guatemalteco.
Castillo había sido condenado en 2008 como autor intelectual de los asesinatos de los diputados salvadoreños en el caso conocido como Parlacen, en el que también se vieron involucrados jefes policiales del gabinete de seguridad de Berger. Con ese caso también se relaciona la masacre, en 2007, de los primeros policías acusados de asesinar a los funcionarios salvadoreños, la cual ocurrió en otra cárcel de Guatemala, El Boquerón.
Giammattei era aún director de prisiones cuando los cuatro policías fueron ejecutados.
Análisis de InSight Crime
Todas estas sombras del pasado guatemalteco hoy se extienden sobre Alejandro Giammattei, justo cuando el país parece dar marcha atrás en sus esfuerzos por combatir la impunidad y corrupción en los niveles más altos del gobierno y la sociedad.
El doctor Giammattei llega al poder tras la disolución de la CICIG, la comisión internacional que acompañó las investigaciones del Ministerio Público local antes de que fuera cesada por Jimmy Morales. La CICIG acompañó investigaciones a varios miembros de las élites guatemaltecas, incluidos Morales y el mismo Giammattei.
El mismo pasado que hoy acecha a Giammattei es el que lo une a las élites económicas que gobernaban Guatemala a principios de siglo y de las que el expresidente Berger y el exministro Vielman eran miembros cuando la CICIG recién empezaba.
Y aunque Giammattei nunca fue el preferido de nadie —la presidencial de 2019 fue su cuarto intento de ocupar la primera magistratura del país—, siempre fue una carta segura para los poderosos que habían visto disminuida su influencia política debido, en buena medida, a las investigaciones penales en las que se habían visto envueltas.
Será por tanto un presidente que gobernará sin el apoyo de un partido grande y que dependerá, en buena medida, del respaldo que obtenga de los poderes reales en el país, de los empresarios, de políticos de todo signo repartidos en pequeñas formaciones, sobre todo de derecha, y, como sus dos antecesores, de los viejos grupos de militares que tendrán influencia importante en el gabinete de seguridad.
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Con esos precedentes, y una plataforma que incluye un fuerte énfasis en el control de las cárceles —territorio conocido para Giammattei— e incluso la posibilidad de organizar asociaciones comunitarias de seguridad, el médico-presidente asume las riendas de un país en donde los índices de homicidios han venido bajando en forma sostenida durante años, pero en el que el crimen organizado se ha fortalecido, sobre todo alrededor del narcotráfico —por Guatemala sigue pasando más del 90 por ciento de la cocaína que cruza el corredor centroamericano, según funcionarios estadounidenses consultados por InSight Crime—.
Desde ya, Giammattei enfrenta el reagrupamiento de grupos narcotraficantes que han existido en Guatemala desde el desmantelamiento de los grandes grupos locales —Mendoza, Lorenzana, Chamalé— a mediados de la década de 2000.
También estarán, en el horizonte del nuevo presidente, la MS13 y Barrio 18, las dos pandillas centroamericanas que han sido protagonistas en la inseguridad pública de la región y que también han echado raíces en Guatemala. Las pandillas, sin embargo, no han tenido nunca en este país la fuerza territorial y política que sí han alcanzado en Honduras, y sobre todo en El Salvador.
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