Los recientes bloqueos y el derribo de un helicóptero militar por el CJNG en Guadalajara y otras ciudades del estado de Jalisco, en el occidente de México, muestran la capacidad de esta organización de cometer actos violentos coordinados. Independientemente de las consecuencias de ello para el futuro del grupo criminal, hay varios puntos a tener en cuenta para comprender las acciones del Cartel de Jalisco y la política de las autoridades mexicanas.
Frente a la fortaleza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderada por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, llama la atención las limitaciones de las instituciones encargadas de combatirlo. El nivel municipal es ampliamente considerado como la institución gubernamental que mayor peligro corre frente a los grupos de crimen organizado, pero algunas debilidades en los ámbitos estatal y federal dificultan la respuesta a las organizaciones criminales de alto perfil.
El hecho de que una acción federal como el “Operativo Jalisco” desencadene actos de violencia no es algo nuevo. Los bloqueos realizados por el CJNG en 2012 en respuesta a la captura de los líderes del grupo hablan de un patrón efectivo para evitar la captura de líderes de la organización. También denotan la capacidad del Cartel de Jalisco para usar la violencia de manera flexible y propagandística.
Pero lo que también es habitual es que operativos contra el CJNG se concreten sin el conocimiento de las instituciones estatales. Esta es una pauta que se ha repetido en otras actuaciones del gobierno federal, lo que ha conducido a quejas de las autoridades de Jalisco, incluyendo al gobernador de ese estado mexicano, Aristóteles Sandoval, quien ha reconocido las críticas del gobierno federal por falta de cooperación. Esto implicaría que el CJNG crece en un marco donde las autoridades estatales, que poseen un buen conocimiento sobre cómo actúa esta organización, no son consultadas por las federales, quienes tienen los medios más adecuados para implementar políticas más profundas contra el grupo criminal.
Esta estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto tendría como fin evitar filtraciones sobre sus operativos. El nivel de penetración criminal en las instituciones de Jalisco, según algunas fuentes, alcanzaría cifras de más de 1.000 funcionarios calificados de “alto riesgo”, por la posibilidad de su vinculación al crimen organizado. Es más, en los dos años de administración del gobernador Sandoval se ha producido el asesinato de más de 100 servidores públicos con distintos cargos políticos o de seguridad.
Estas dificultades para combatir el crimen organizado se manifestaron en el proceso de implementación de la denominada “Fuerza Única Regional”, una institución policial estatal novedosa en Jalisco y que desde mediados de 2014 va en la línea de transición al “Mando Único”, el proyecto del presidente Peña Nieto para concentrar la seguridad municipal en cada uno de los estados mexicanos.
Sin embargo, una iniciativa como la Fuerza Única Regional es, desde otra perspectiva, una reordenación institucional que puede provocar un nuevo alineamiento de las redes de protección al crimen organizado. Previsiblemente, grupos como el Cartel de Jalisco, con una amplia presencia en la región, realizan actos que muestran su capacidad para reforzar sus pactos o exigen su cumplimiento en caso de ruptura.
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Algunos hechos no son alentadores. Por ejemplo, esta reforma policial está dirigida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, institución denunciada por sus abusos de derechos humanos. Incluso algunas fuentes sugieren que desde el cuerpo policial estatal se habría brindado protección a presuntos criminales, lo cual explicaría parte de la desconfianza federal en el operativo contra el CJNG.
Mientras tanto, en ese marco volátil, las fuerzas federales están obligadas a ofrecer resultados. Unas veces, con actuaciones como la detención de líderes de organizaciones criminales. Ello es positivo por el apoyo internacional que suscitan, aunque discutible como estrategia por los alicientes violentos que generan.
Pero, en ocasiones, una política federal puede traer problemas. Por ejemplo, con el apoyo federal a grupos vinculados al CJNG en Michoacán para superar la crisis de las autodefensas en ese estado del Pacífico mexicano, Los Caballeros Templarios se debilitan, pero se fortalece al Cartel de Jalisco. Si las organizaciones de narcotraficantes actúan al margen de las fronteras de los estados, las políticas federales deben tenerlo en cuenta para prevenir resultados inesperados.
Adicionalmente, una respuesta militar frente al crimen organizado muestra una capacidad de fuego claramente superior al CJNG, pero sin bases para iniciar procesos penales contra las redes políticas y económicas que alimentan el crimen organizado.
Es decir, una reacción militar probablemente sea efectiva y El Mencho, al igual que otros grandes capos como su rival y líder Templario Servando Gómez, alias “La Tuta”, sea detenido o abatido. Sin embargo, ni las prioridades ni los objetivos militares coinciden con los de una investigación penal.
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El hecho de que las autoridades federales cuenten con información de inteligencia no significa que también se tenga un caso jurídico, en el que las características de la organización se traduzcan en categorías penales que sostengan un proceso ante un juez. Esto último requiere una investigación previa y de largo plazo.
La cuestión puede ser incluso más difícil si entran en escena algunas lagunas legales en México. Por ejemplo, una investigación federal puede iniciarse por delitos federales, como sucede si el hecho criminal está relacionado con la delincuencia organizada, pero muchas autoridades estatales pueden haberse concentrado en líneas de investigación por homicidios o secuestros, que en principio son competencia estatal, no federal. Esto puede suponer que cada autoridad priorice un aspecto del grupo criminal y, como resultado, ninguna tenga la imagen exacta de organizaciones complejas como el CJNG.
Incluso si se opta por soluciones expeditivas como la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, es probable que este país no indague en las redes de protección política, por la dificultad que una investigación así supone para instituciones extranjeras y por lo delicado de investigar a administraciones vecinas.
En México hay organizaciones criminales como el CJNG con recursos para aprovechar estos factores. Si a la superioridad evidente que poseen sobre policías municipales se agrega una institucionalidad débil y dudosa a nivel estatal, y una política federal contradictoria en la que prima el combate militar a la reconstrucción del tejido institucional, se está a corto y largo plazo en problemas.
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