Lo que perdió y lo que ganó la expresidenta Kirchner de Argentina en las elecciones del Senado

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A pesar de haber quedado de segunda en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner consiguió un escaño en el Senado, lo que además le otorga la conveniente inmunidad parlamentaria. La expresidenta enfrenta una serie de acusaciones de corrupción, varias de las cuales incluyen denuncias de sobornos a cambio de contratos de obras públicas, que según las diversas acusaciones fueron un continuo esquema de malversaciones. InSight Crime hace un repaso de algunas de las acusaciones contra Kirchner, así como algunas de las falencias institucionales que permitieron las presuntas operaciones de malversación de fondos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó un escaño en el Senado por la provincia de Buenos Aires durante las elecciones primarias el 22 de octubre en Argentina, a pesar de que perdió la contienda electoral frente al candidato del partido gobernante, Esteban Bullrich, informó Agence France Presse. Pero la emblemática peronista ganó algo más: la inmunidad frente al encarcelamiento, aunque los distintos procesos judiciales que enfrenta continuarán su curso.

Kirchner deberá comparecer dos veces ante un juez en las próximas semanas. Primero, el 26 de octubre, cuando deberá responder a las acusaciones por un encubrimiento estatal durante las investigaciones en torno a un atentado terrorista en Buenos Aires en 1994. Luego, el 9 de noviembre, por el caso de sobornos por contratos denominado “Hotesur.” En los diez días hábiles luego de cada citación en la corte, el juez deberá decidir si se va a descartar el caso por falta de pruebas, darles a los fiscales más tiempo para que investiguen más a fondo, o llevar el proceso a la siguiente etapa y levantar cargos contra Kirchner.

La expresidenta, quien niega todas las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, ha sido acusada en tres casos por delitos cometidos durante su mandato (2007-2015); además, se le ha congelado una asombrosa cantidad de más de 10,1 mil millones de pesos en activos (unos US$590 millones al tipo de cambio actual). Pero a pesar de todas las evidencias, las posibilidades de que Cristina Kirchner pise una celda de prisión en el futuro cercano son cada vez más remotas.

“De más de 1.600 casos de corrupción abiertos desde 1983 hasta la fecha, ha habido solamente cinco sentencias […] En promedio, los casos han durado 16 años”, le dijo a InSight Crime Daniel Santoro, reconocido periodista y editor del diario argentino Clarín.

El expresidente Carlos Menem (1989-1999), condenado en 2015 a cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos, fue acusado en uno de esos casos de corrupción. Menem, de 87 años de edad, es actualmente senador y acaba de ser reelegido en las más recientes votaciones, en las que también obtuvo un reñido segundo lugar en su provincia. Sin embargo, él nunca ha pasado un día tras las rejas, a pesar de que también ha sido condenado por tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Las deficiencias del poder judicial parecen haber promovido la impunidad. Una reforma de 2014 intentó renovar el viejo sistema inquisitorial para remplazarlo por un sistema acusatorio, pero éste fue implementado sólo parcialmente, dice Santoro.

“La clave son los dos jueces federales de la Capital Federal que manejan todos los casos de corrupción contra funcionarios oficiales”, dijo Santoro, aludiendo a la presión política que se ejerce sobre los jueces que cumplen un papel central en las investigaciones del sistema acusatorio argentino.

Hay además otras grandes falencias institucionales. Las diferentes acusaciones muestran una evidente falta de mecanismos eficientes para supervisar las adjudicaciones y los precios de los contratos públicos, aun cuando los mismos individuos tuvieron poder discrecional sobre este proceso por más de una década. Y quizá lo más preocupante es que estos casos dejan ver la falta de garantías institucionales contra la creación de una estructura criminal mediante el nombramiento de co-conspiradores en diferentes puestos del gobierno —un modus operandi que operó sin trabas durante años—.

El caso Hotesur

Kirchner todavía no ha sido acusada como parte del caso Hotesur, por el cual ella debe comparecer ante un juez el 9 de noviembre. Pero los fiscales creen que los contratos públicos fueron asignados ilegalmente a empresarios con privilegios, como Lázaro Antonio Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, a cambio de sobornos. Los sobornos de Báez, por ejemplo, fueron transferidos a través de un proceso de cuatro etapas que involucró a empresas fachada y que se describe en un artículo de Perfil.

En primer lugar, se sospecha que el empresario financió la adquisición, por parte de Kirchner y su difunto esposo (que además fue su predecesor presidencial), Néstor Kircher, de tres hoteles en la provincia de Santa Cruz, el tradicional bastión político de la pareja. Para ello, las empresas de propiedad de Báez les prestaron dinero a los Kirchner mediante la entidad privada Banco de Santa Cruz y compraron propiedades pertenecientes a la familia presidencial durante 2007 y 2008. En segundo lugar, una vez comprados, los hoteles fueron administrados por una entidad jurídica bajo la forma de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Valle Mitre y propiedad del Grupo Báez. Valle Mitre sirvió como una pantalla entre los Kirchner y los dineros del gobierno recibidos por empresas de construcción del Grupo Báez.

Durante la tercera fase, Valle Mitre lavó el dinero recibido por el Grupo Báez gracias a los inflados contratos del gobierno adjudicados ilegalmente, desviando los fondos a los tres hoteles que parecían ser legítimos. Los salones y habitaciones del hotel que nunca fueron utilizados fueron alquilados, en algunos casos a empleados de la construcción del Grupo Báez que estaban trabajando en obras públicas a 400 kilómetros de donde se encontraban los hoteles. Por último, Valle Mitre supuestamente pagó desproporcionadas sumas a la familia presidencial a cambio de la administración de los hoteles, y de esta manera hizo crecer aún más la fortuna personal de los Kirchner.

Báez, un amigo personal de la familia Kirchner, está actualmente encarcelado y ha sido acusado en seis casos diferentes. Su nombre ha surgido repetidamente en escándalos de corrupción que involucran tanto a Kirchner como a su difunto esposo.

Como señala Perfil, Báez declaró unos 800.000 pesos argentinos en activos totales en el 2003 (que para entonces eran unos US$270.000), el año en que Néstor Kirchner fue elegido presidente. Hacia 2014, el amigo empresario del desaparecido señor Kirchner poseía casi 2 mil millones de pesos en activos personales y de sus negocios (casi US$250 según la tasa de cambio anual promedio en 2014). En cuanto a la pareja presidencial, con base en su propia declaración oficial de bienes, su fortuna personal aumentó en poco menos de 850 por ciento durante sus doce años sucesivos a la cabeza de Argentina, según informó Clarín. Esto no incluye el dinero transferido a sus hijos como herencia.

La ‘Ruta del Dinero K’

Una de las maneras como se cree que Báez amasó su fortuna consiste en que le fueron asignados el 80 por ciento de los contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los periodos presidenciales de los Kirchner (2003-2015), mientras que, según Clarín, la provincia recibió una cantidad desproporcionada de fondos federales para trabajos locales en comparación con las demás 23 provincias de Argentina. Los 46 mil millones de pesos argentinos involucrados en estos contratos inflados —muchos de los cuales nunca se terminaron— fueron entonces redirigidos en parte a alquilar propiedades de la familia Kirchner (a modo de comparación, el salario mínimo anual de Argentina pasó de 2.850 pesos en 2003 a 60.000 pesos en el año 2015).

Estos sobornos son centrales para el caso denominado “Ruta del Dinero K”, que se enfoca en los contratos de obras públicas que fueron sistemática e ilegalmente adjudicados al mismo grupo de empresarios con estrechas relaciones entre sí.

En diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. Según la imputación, Kirchner y otros sospechosos son acusados de “haber hecho parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

El esquema inició con la creación de la empresa Austral Construcciones por parte de Báez y sus socios en el año 2003, pocos días antes de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y, según la acusación, la empresa fue creada con el propósito específico de participar en las licitaciones para contratos de obras públicas.

Por otra parte, el señor Kirchner nombró a “personas de confianza” en puestos federales y provinciales estratégicos, quienes eran responsables de la adjudicación de contratos públicos, y así logró conformar una “estructura institucional” que más tarde mantendría su esposa. Entre estas personas se encuentran Julio de Vido y José Francisco López (quien fue captado por una cámara de seguridad en un convento, armado con un fusil militar y guardando US$9 millones en efectivo en unas maletas). Los dos funcionarios federales ejercieron, respectivamente, como ministro de Planificación e Inversión Pública y Secretario de Obras Públicas a lo largo de los mandatos de los Kirchner entre 2003 y 2015.

Una vez ya estaba en operación, la estructura sistemáticamente delegó funciones federales a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), responsable de los fondos para las obras viales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, que asumió el control de procesos como las licitaciones y los precios.

“Esto  tuvo  por  finalidad,  que  la  AGVP  de  Santa  Cruz atribuyera a un mismo conglomerado empresarial los fondos recibidos desde  Vialidad  Nacional  mediante  la  contratación  de  la  obra  pública vial  a  realizarse  en  la  mentada  provincia,  en  beneficio  de  Lázaro Antonio  Báez.  Así,  de  un  total  de  ochenta  y  ocho  obras  llevadas  a cabo  en  esa  jurisdicción  [Santa Cruz] en  el  período  2004-2015,  cincuenta  y  dos obras   se   contrataron   con   empresas   relacionadas   con   Báez “, según se lee en la acusación.

El caso paralelo de Hotesur: ‘Los Sauces’

En abril de 2017, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Kirchner y otras 20 otras personas por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso conocido como “Los Sauces”.

Las acusaciones son muy similares a las del esquema “Hotesur”, pero este caso se destaca porque “tanto Cristina Elisabet Fernández y [su hijo] Máximo Carlos Kirchner [fueron] los líderes del grupo”, como dice la acusación.

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Entre los 21 acusados se encuentran los mismos sospechosos, como Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, todos los cuales son descritos como “organizadores” del esquema.

Las autoridades judiciales sospechan que Kirchner recibió sobornos por el alquiler de habitaciones del hotel y propiedades de la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner “Los Sauces S.A.”, a cambio no sólo de contratos de obras públicas, sino también de licencias para juegos de azar y permisos relacionados con la industria petrolera y otros sectores.

Según Infobae, las empresas de López y Báez representan el 63 y 24 por ciento, respectivamente, de los pagos recibidos por Los Sauces S.A.

Bonadio congeló 130 millones de pesos (unos US$7,5 millones al cambio actual) de la expresidenta, su hijo y Báez. A Florencia Kirchner (hija de la expresidenta), López y De Sousa se les congelaron de a 100 millones de pesos (unos US$5,8 millones) en activos congelados, y a todos los 21 sospechosos se les prohibió salir de Argentina.

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