Dondequiera que Daniel Mejía Lozano vaya, lleva un chaleco antibalas y va acompañado de un guardaespaldas del gobierno. Pero no es un oficial de las fuerzas de seguridad ni un funcionario público. Mejía es reportero.
El atuendo de Mejía se está volviendo cada vez más común entre los periodistas investigativos en Colombia, dado que las amenazas contra los reporteros van en aumento en el país.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 93 periodistas fueron amenazados desde enero hasta agosto de 2014, más del doble de los 42 casos reportados durante el mismo período en 2013. Esta cifra no incluye a los dos periodistas que fueron amenazados a finales de septiembre, presuntamente por el grupo criminal Los Rastrojos y, solo ocho días más tarde, al parecer por los Urabeños, el grupo más grande de lo que en Colombia se conocen como Bacrim, acrónimo de "bandas criminales". En diciembre, Reporteros Sin Fronteras incluyó al departamento de Antioquia, al noroeste del país, dentro de los cinco lugares más peligrosos del mundo para ser periodista.
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Desde 2012, Mejía —fundador de la revista independiente Senxura— se ha dedicado a investigar los efectos que sobre la salud pública tienen las fábricas de cal y ladrillo en el valle de Sogamoso, una ciudad minera en el departamento de Boyacá, Colombia. Según Mejía, 250 de las 280 fábricas, u "hornos" en la región, carecen de licencia o no cumplen con las normas de seguridad del gobierno y operan ilegalmente.
Mejía está investigando si existe una correlación entre estas fábricas ilegales, que utilizan grandes cantidades de carbono para producir ladrillos, y la desproporcionada cantidad de individuos que sufren de problemas respiratorios en Sogamoso. Según documentos del gobierno que Mejía mostró a InSight Crime, en 2011 hubo más de 30.000 casos de enfermedades respiratorias, que representan casi el 20 por ciento de los 166.000 habitantes del municipio.
Sin embargo, Mejía dice que por su investigación sobre las fábricas ilegales se ha ganado enemigos entre oscuros criminales a sueldo en el hampa de Colombia. Mejía señaló que recibió varias amenazas en 2014. La primera, dice, fue de una organización paramilitar, y la segunda fue una llamada telefónica que, según él, era de un sargento del ejército.
"[El sargento del ejército] me dijo que [los paramilitares] le pagaron para matar. Que si no me mataban me dejaban en silla de ruedas [...] me juraba que iba a asesinar a mi madre. Que iría allí a Sogamoso a celebrar el día del funeral", dijo Mejía a InSight Crime.
Mejía habló con un militar en Boyacá acerca de las amenazas. Sin embargo, le dijeron que los militares no podían hacer nada y lo enviaron a la Fiscalía General, pero dice que esta no ha abierto una investigación. Mejía también pidió ayuda de la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que le ayudó a obtener protección del gobierno mediante la Unidad Nacional de Protección (UNP), que proporciona seguridad a quienes están bajo amenaza debido a su tipo de trabajo.
La FLIP le dijo a InSight Crime que no se ha demostrado que algún miembro de las fuerzas armadas de Colombia haya amenazado a Mejía, y que estaban a la espera de más pruebas antes de programar una reunión con los militares para revisar el caso.
El tipo de amenaza de las Bacrim
No está del todo claro por qué los periodistas en Colombia fueron objeto de más amenazas en 2014 que en el año anterior. En septiembre, la Defensoría del Pueblo de Colombia señaló (pdf) que las Bacrim estaban detrás del creciente número de amenazas y ataques. Algunos observatorios internacionales, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus iniciales en inglés), coinciden con este señalamiento.
"Una gran cantidad de las amenazas [contra periodistas] provienen de las Bacrim", dijo a InSight Crime Carlos Lauria, Coordinador para las Américas del Comité de Protección de Periodistas.
Sin embargo, en cierta medida decir que las Bacrim son responsables es una afirmación vaga, como decir que el responsable es el "crimen organizado". Los grupos de Bacrim son difusos y descentralizados. Incluso Los Urabeños —la Bacrim con mayor presencia en toda Colombia— funcionan como un conjunto de facciones semiindependientes y tienen una estructura jerárquica altamente descentralizada.
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Algunas facciones locales de las Bacrim no están obligadas a responder a sus superiores y pueden contratar el trabajo de terceros —como asesinatos, secuestros o amenazas telefónicas—. En esencia, en el fragmentado mundo del crimen organizado colombiano, algunas amenazas contra periodistas atribuidas a las Bacrim pueden ser coordinadas por grupos externos —tanto legales como ilegales— que utilizan las organizaciones criminales como escudo para amenazar y censurar a los medios de comunicación.
Temas prohibidos: corrupción, política y derechos humanos
Las amenazas contra periodistas colombianos pueden provenir de una amplia gama de actores. En el caso de Érika Londoño, periodista de Caracol Radio, la fuente parecía ser política. Londoño le dijo a InSight Crime que cree que alguien "cercano" al gobernador de Guaviare, José Octaviano Rivera Moncada, le envió mensajes de texto amenazadores en diciembre de 2013 y enero de 2014. Supuestamente, los mensajes le advertían que dejara de informar sobre un referéndum que podría terminar en la destitución de Rivera Moncada de su cargo como gobernador.
En octubre, Londoño fue amenazada una vez más: le arrojaron ácido a su carro apenas unos días después de que Caracol publicara una información sobre presunta corrupción en la contraloría departamental.
Londoño informó sobre las amenazas a la Fiscalía General de la Nación y a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la policía nacional. Los intentos de InSight Crime por contactar a la Fiscalía General para indagar por este caso fueron infructuosos.
Los estudios también demuestran que las razones para las amenazas contra periodistas colombianos son diversas. Con base en investigaciones de campo llevadas a cabo entre 2009 y 2010 en siete de los departamentos más violentos de Colombia, la FLIP descubrió que noticias relacionadas con paramilitares, Bacrim, minería ilegal y corrupción estatal eran temas "intocables" para los periodistas locales. Según el CPJ, más de la mitad de los 45 periodistas asesinados desde 1992 por motivos relacionados con su trabajo en Colombia habían hecho informes sobre corrupción; otros temas comunes son política, derechos humanos y crimen, como lo muestra el siguiente gráfico.
Impunidad generalizada
Un agravante del problema de los periodistas amenazados y asesinados es la falta de iniciativa del gobierno colombiano para investigar estos crímenes.
En 2012, Paul Bacares —anteriormente periodista de Canal Capital— recibió un mensaje de voz en que se escuchaban disparos al fondo. El mensaje se produjo poco después de que escribiera un artículo en el que vinculaba a otro periodista con un magnate esmeraldero, Pedro Nel Rincón Castillo, alias "Pedro Orejas", con base en llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía General en 2008. Orejas se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas. Sin embargo, ningún tribunal ni ninguna investigación oficial han podido demostrar quién amenazó a Bacares.
"Mi instinto de periodista me dice que [fue Orejas], pero dado que la Fiscalía General nunca abrió una investigación, nunca supe [quién estaba detrás de las amenazas]," dijo a InSight Crime.
La falta de una resolución satisfactoria al caso de Bacares no es anormal —Colombia ocupa el octavo lugar en el mundo en impunidad en casos de periodistas asesinados—.
A Bacares nunca se le asignó un guardaespaldas para protegerlo después de que denunció las amenazas, pero dijo que esto no es lo que más le preocupa.
"Más que protección del Estado, lo que quería era una investigación sobre quién hizo la llamada [amenazadora], pero la Fiscalía General nunca abrió una [investigación]" señaló Bacares.
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