Los periodistas de México suelen estar expuestos a actos de violencia, que a menudo resultan ser mortales, pero la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha adelantado acciones para garantizar su protección.
Al menos 10 periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2019, lo que, según el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ), convierte al país en el más peligroso del hemisferio occidental para ejercer dicha profesión.
Desde al año 2000 hasta la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 151 asesinatos de periodistas (la cifra más alta de América Latina), de los cuales al menos 90 por ciento continúa impune.
Recientemente, tres periodistas fueron asesinados en menos de una semana.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, del periódico veracruzano El Gráfico, fue asesinado a tiros el 2 de agosto. Según CPJ, ese mismo día también fue asesinado a tiros Edgar Alberto Nava López, fundador de La Verdad de Zihuatanejo, del estado de Guerrero. Días antes, el 30 de julio, el cuerpo de otro periodista de Guerrero, Rogelio Barragán Pérez, quien fundó el sitio web de noticias Guerrero Al Instante, fue hallado en el maletero de un carro con signos de que había sido golpeado.
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Los periodistas de México han sido atacados durante mucho tiempo por diversos actores, como grupos del crimen organizado, agentes políticos y miembros de las élites. Podría decirse que el incidente más llamativo recientemente es el del infame asesinato, en mayo de 2017, de uno de los cronistas más famosos del país, Javier Valdez Cárdenas. Se cree que el reportero de Sinaloa fue asesinado a tiros en la capital, Culiacán, como represalia por sus informes sobre disputas por el poder al interior del Cartel de Sinaloa.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue establecido en 2012 con el fin de proteger a los activistas y periodistas de derechos humanos en riesgo de ser víctimas de esa violencia selectiva en México. Idealmente, los periodistas amparados en este programa reciben evaluaciones de riesgos una o dos veces al año, mantienen comunicaciones con las autoridades y se les proporciona recursos como botones de pánico o guardaespaldas.
Sin embargo, en septiembre de 2018 los fondos para este programa se estaban agotando. Dadas las protestas de la sociedad civil y de los defensores del periodismo, la administración del expresidente Enrique Peña Nieto aprobó un presupuesto de emergencia para asegurar que el programa siguiera funcionando hasta finales de año.
Pero a pesar de la implementación de esos mecanismos de protección —en los que estaban inscritos varios periodistas que fueron asesinados este año—, la arremetida contra los trabajadores de los medios de comunicación en México ha continuado sin cesar.
Análisis de InSight Crime
Si bien el presidente López Obrador se ha diferenciado de sus predecesores por el hecho de recibir a los periodistas cada mañana para responder sus preguntas, ha cuestiona mucho el trabajo de los periodistas, e incluso les ha hecho algunas "advertencias" (cercanas a amenazas) y en general ha guardado silencio sobre los continuos ataques de los que son víctima.
Tras su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de 2018, López Obrador prometió que su administración “no iba a permitir el asesinato de periodistas”. Pero esa promesa parece haber caído en el vacío, a juzgar por el asesinato de 10 periodistas en lo que va corrido del año.
Según datos oficiales, a finales de marzo de 2019 el gobierno había concedido medidas de protección a 399 de los 464 periodistas (86 por ciento) que habían solicitado dichas garantías desde 2012. Sin embargo, estas protecciones suelen estar ausentes cuando los periodistas más las necesitan.
De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, Francisco Romero Díaz, periodista independiente dedicado a informar sobre los crímenes en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, al suroeste del país, recibió un “botón de pánico” y cuatro guardaespaldas después de haber solicitado mayor protección luego del asesinato de dos de sus colegas —uno de los cuales también recibía protección federal— en agosto de 2018.
Sin embargo, los guardaespaldas de Romero Díaz no estaban por ningún lado cuando fue golpeado y asesinado con tiros en la cabeza después de que con engaños le hicieran llegar a un bar en las primeras horas de la mañana del 16 de mayo de este año.
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El programa federal de protección tampoco ayudó al periodista Jesús Hiram Moreno, radicado en Oaxaca, quien sobrevivió a un ataque en el que le dispararon en el brazo y quedó con una bala incrustada en la espalda.
Aunque Moreno decidió quedarse en Oaxaca después del ataque, otros reporteros que han sobrevivido a ataques y amenazas similares han debido abandonar sus hogares. Tras el asesinato de Romero Díaz, el periodista Héctor Vázquez le dijo a López Obrador en mayo de este año que las constantes amenazas de muerte lo obligaron a huir de su residencia en la ciudad caribeña de Tulum y ocultarse en Chetumal, la capital de Quintana Roo.
Vásquez señalo que las fuerzas de seguridad le habían golpeado por sus informes sobre la corrupción oficial. López Obrador respondió que lucharía por traer la paz al país: “ese es nuestro compromiso y el reto que tenemos”, dijo, según La Jornada Maya.
Los empleados de los medios de comunicación locales de México, que viven y trabajan en los mismos lugares sobre los que informan, a menudo son más atacados y asesinados por su trabajo que los corresponsales extranjeros o los periodistas de las publicaciones nacionales. A diferencia de estos, los periodistas locales no tienen la posibilidad de irse.
Tras la última oleada de asesinatos, el representante del CPJ en México, Jan-Albert Hootsen, dijo que la “inacción del gobierno federal del presidente López Obrador es inexcusable”, y agregó que los recientes asesinatos no deberían “convertirse en otra estadística de homicidios más”, sino en el “catalizador de un plan integral para erradicar la impunidad”.
Solo en los primeros siete meses de 2019, el número de periodistas mexicanos ultimados ha superado a los nueve que fueron asesinados en 2018, lo que en ese momento ubicó a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, solo por debajo de países con complejos conflictos como Afganistán y Siria. Dado que la administración de López Obrador no actúa, los periodistas se ven obligados a defenderse por sí mismos, ya que las actuales medidas federales de protección no lo hacen.
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