Perú necesita capturar a asesor político fugitivo, y hacerlo rápido

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Martín Belaunde estuvo a cargo de la fracasada campaña presidencial del Presidente Ollanta Humala en el 2006 y fue novio de la principal asesora de la primera dama de Perú. Sin embargo, actualmente está prófugo, acusado de vínculos con una red de funcionarios políticos corruptos que malversaron fondos públicos e incluso pudieron haber ordenado asesinatos.

Belaunde huyó de Perú a Bolivia en diciembre pasado, después de ser acusado de lavado de dinero y conspiración. Bolivia se comprometió recientemente a extraditarlo a Perú, pero Belaunde escapó de la casa donde se encontraba detenido bajo arresto domiciliario en La Paz.

Belaunde es acusado de ayudar a dirigir una red criminal en el norteño departamento de Áncash, una rica zona minera ubicada en la costa. Encabezada por el gobernador de Áncash, César Álvarez, esta organización criminal es acusada de robar millones de dólares en proyectos de obras públicas fantasma y de matar a aquellos que se interponían en su camino —entre ellos un prominente político de la región—. Las autoridades peruanas dicen que Belaunde usaba una empresa fachada para enmascarar la desviación de fondos públicos a las manos de Álvarez y sus aliados.

Belaunde ha dicho que es víctima de persecución política, pero Bolivia negó dos veces su solicitud de asilo político. Después de su huida —al parecer deslizándose por una ventana—, varios miembros de su familia dijeron que sospechaban que había sido secuestrado. Su abogado ha negado cualquier relación con el incidente, mientras que siete de los miembros de la familia Belaunde y cinco escoltas están bajo investigación, según informó el periódico boliviano Los Tiempos.

Análisis de InSight Crime

La investigación sobre la red de corrupción de Áncash se ha extendido por un año, y Belaunde está entre las decenas de funcionarios locales, incluyendo policías, jueces y periodistas, que han sido acusados de conspiración y otros delitos. Sin embargo, Belaunde se destaca por sus antiguas relaciones con el presidente de la nación y la primera dama. Además de servir como asesor de campaña de Humala en el año 2006, él donó dinero al partido político de Humala ese año, y alguna vez contrató a la esposa de Humala como consultora para una de las empresas de la familia Belaunde.

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Además de sus declaraciones anteriores acerca de que la presidencia no ha tenido nada que ver con la corrupción en Áncash, el presidente Humala ha dicho que su gobierno está haciendo “todo lo humanamente posible” para que Belaunde regrese a Perú a enfrentar un juicio. La situación de Belaunde no es precisamente excepcional: según El Comercio, por lo menos 20 de las personas requeridas por la investigación de Áncash permanecen fugitivas.

Podría decirse que el gobierno de Humala tiene un fuerte interés particular en que Belaunde sea encontrado y llevado inmediatamente a Perú a enfrentar un juicio, incluso si es sólo para ayudar a mejorar la imagen del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción. Ya se ha establecido que la red de corrupción de Áncash también salpicó a funcionarios a nivel nacional (el procurador general de Perú fue recientemente destituido por obstaculizar las investigaciones relacionadas con el caso Áncash, mientras que dos congresistas de Áncash fueron suspendidos por obstrucción a la justicia.

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El caso Belaunde debería ser una oportunidad para que el gobierno peruano demuestre que lleva las investigaciones sobre corrupción a una conclusión justa y eficiente, sin importar los lazos de los sospechosos con las más altas élites políticas del país. Pero quizá ya Perú perdió su oportunidad de establecer ese tipo de precedente con el caso Belaunde, sobre todo por no tomar las medidas necesarias para asegurarse de que no pudiera escapar del país. Esto ha generado especulaciones acerca de que, al entorpecer el caso, el gobierno está tratando de proteger a Belaunde. Si no es encontrado, su más reciente desaparición sólo confirmaría la impresión de que tiene poderosos aliados que lo protegen.

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