La evidencia sugiere que las próximas elecciones locales de Perú estarán fuertemente influenciadas por el tráfico de drogas, un fenómeno con un inquietante precedente histórico que las autoridades parecen estar tratando de combatir.
Según los informes, a finales de septiembre, el candidato a la alcaldía, Líder Villasana Flores, fue asesinado por un sicario en una motocicleta. Villasana Flores era considerado el favorito en las elecciones a la alcaldía de San Martín de Pangoa, en el departamento de Junín.
Al día siguiente, Edgar Zevallos, otro candidato a la alcaldía de Junín, dijo a los medios que había recibido amenazas de muerte, y sugirió que estaban vinculadas a los intereses de las drogas.
“Esto responde a intereses oscuros de personas que quieren llegar al poder […] Hay muchos rumores. Se habla de mafias, de narcotráfico”, dijo a Canal N.
Estos eventos son sólo la más reciente evidencia de la influencia criminal en las elecciones locales del 5 de octubre en Perú, en las cuales se elegirán 25 presidentes regionales (similares a los gobernadores), 195 alcaldes provinciales, 1.647 alcaldes distritales y numerosos concejales para los próximos cuatro años.
En agosto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que había recibido una lista de 2.131 candidatos con antecedentes criminales, y posteriormente anunció que 345 de ellos serían excluidos de las elecciones.
Por los mismos días, el ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó al JNE una lista con 124 candidatos investigados y enjuiciados por vínculos con el narcotráfico -aunque después afirmó que uno de los candidatos había sido incluido por error.
De las personas incluidas, actualmente 12 enfrentan procesos judiciales, 16 han sido sentenciados, y dos tienen prohibido salir del país. Algunos otros están siendo investigados. Siete de los candidatos a las presidencias regionales también están incluidos en la lista: dos de Huánuco, y uno de los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Pasco y Puno.
Gran parte de los 124 candidatos están concentrados en los alrededores de las principales regiones productoras de coca del país (ver mapa abajo): el valle del Alto Huallaga, Pichis Palcazú y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
En consonancia con esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para Perú y Ecuador, informó recientemente que en las elecciones de este año sólo tres de los partidos políticos del país contaban con una presencia significativa en las regiones cultivadoras de coca -muchos candidatos pertenecen a movimientos regionales. Dos de estos partidos -Alianza por el Progreso y Fuerza Popular- también cuentan con el mayor número de candidatos en la lista de vinculados al narcotráfico -13 y nueve, respectivamente.
A raíz de estos informes, Alberto Otárola, jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), reiteró sus advertencias acerca de la influencia del tráfico de drogas en las elecciones, y pidió a las autoridades electorales que dieran a conocer una lista completa de los candidatos vinculados al narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Existen varias razones por las cuales las autoridades están preocupadas por que algunos candidatos vinculados al tráfico de drogas ganen las elecciones de este año, particularmente en lugares como el VRAEM -un centro de creciente importancia para los narcovuelos, y el lugar en el que se produce más de la mitad de la coca del país. Ahora, la pregunta es si las autoridades tomarán las medidas pertinentes para enfrentarse a esta influencia.
Después de experimentar una enorme caída en la producción de coca a finales de los años noventa, Perú ha recuperado su posición como el principal productor de cocaína del mundo. La evidencia sugiere que algunos políticos locales y regionales juegan un papel en el crimen organizado. El mes pasado, un alcalde en el VRAEM fue encontrado muerto en un vehículo que transportaba 23 paquetes de base de coca. El ex presidente regional del departamento de Áncash, César Álvarez, fue investigado por tráfico de drogas y detenido en mayo, presuntamente por dirigir un grupo criminal implicado en sobornos y asesinatos selectivos.
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Varios de los candidatos de este año que han ocupado cargos políticos en el pasado han sido sorprendidos en situaciones comprometedoras. En 2010, el sobrino del entonces alcalde y actual candidato Edgar Gutiérrez fue detenido por su relación con un alijo de 387 kilos de base de coca. En 2008, mientras se desempeñaba como alcalde de la región Huánuco, Luis Valdez, quien actualmente tiene prohibido salir del país, fue arrestado bajo la sospecha de que dirigía una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. El candidato a la alcaldía Pablo Maldonado Quispe, quien ha ocupado este puesto dos veces en Kimbiri, Cusco, fue arrestado el año pasado durante una operación dirigida a los operadores financieros del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Y cuando Guillermo Torres Palomino -acusado de tener vínculos con el narcotráfico- se desempeñaba como alcalde de Kimbiri en 2010, la policía incautó 400 kilos de cocaína en un convoy de camiones, uno de los cuales, al parecer, pertenecía al gobierno municipal.
Durante muchos años Perú ha venido luchando contra la influencia del narcotráfico en la política, con acusaciones que han llegado a alcanzar los más altos niveles. Se sospecha que Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori, era quien dictaba las condiciones del tráfico de drogas en Perú durante los años noventa. El expresidente Alan García fue investigado por otorgar indultos presidenciales a narcotraficantes durante su tiempo en el cargo. Y el propio presidente actual del país, Ollanta Humala, también ha enfrentado acusaciones de vínculos con dinero del narcotráfico.
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Las elecciones también se presentan poco después de un escándalo reciente que implica el congresista José León, quien apareció en un video con un presunto operador de un cartel mexicano vinculado a un cargamento de 7,5 toneladas de cocaína descubierto recientemente en Trujillo, en la costa de Perú. Posteriormente fue hecha publica una grabación que podría vincular al congresista con un candidato investigado por tráfico de drogas.
El hecho de que tanto las autoridades nacionales como los organismos internacionales -como la ONUDD- estén prestando atención a este problema es una buena señal. Sin embargo, la persistencia con la que los candidatos políticos del país son acusados de mantener vínculos con el narcotráfico, también podría ser una señal de que todas estas acusaciones en el período previo a las elecciones no tendrán gran incidencia en los resultados finales. Incluso si las autoridades hacen un esfuerzo serio para acabar con esta influencia, determinar la verdadera profundidad de la infiltración del narcotráfico en los gobiernos locales de las remotas áreas productoras de coca del país, puede resultar ser una tarea casi imposible.
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