Una encuesta del gobierno revela cómo ciertos comportamientos sociales en México han cambiado debido a la percepción pública de la delincuencia, pese a que gran parte del país ha sido testigo de la estabilización en los niveles de violencia.
Según una parte de la recientemente publicada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, conocida como Envipe, los mexicanos están alterando sustancialmente su estilo de vida con el fin de aislarse de la violencia. Como resultado, la violencia vinculada al crimen organizado ya no se considera como un problema limitado a la seguridad pública, si no que se ve como un problema mucho más amplio que afecta el comercio, la inversión, la educación y la vida social en general.
Un ejemplo claro de esto es la renuencia a disfrutar de la vida nocturna que ofrece el país, otrora una actividad básica en ciudades como Ciudad de México y Monterrey. El estudio - elaborado anualmente por el INEGI, la agencia de estadísticas del gobierno – señala que más de 23 millones de mexicanos dijeron evitar los lugares públicos, como bares y estadios de fútbol, ??debido a temores por la violencia. Esta no es una preocupación sin sentido: como ha informado InSight Crime, regularmente los bares han sido objetivos de la violencia y sus clientes han sido asesinados al azar, a medida que diferentes grupos criminales utilizan tácticas terroristas para tomar ventaja frente a sus rivales. En un incidente notorio en 2011, un partido de primera división de fútbol en Torreón fue cancelado luego de 45 minutos, debido a un tiroteo que comenzó en las afueras del estadio.
Los mexicanos también han modificado otras conductas, como el uso de joyas, la visita a familiares e incluso la asistencia a la escuela.
Análisis de InSight Crime
Los hallazgos de la Envipe se suman a una cantidad cada vez mayor de investigación que resalta el impacto que tiene la violencia relacionada con el crimen en cada vez más regiones del país. Por ejemplo, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Center - IDMC) estimó recientemente que 141.900 mexicanos han sido desplazados por la violencia desde 2007, incluso desde zonas relativamente pacíficas, como Sonora y San Luis Potosí.
Muchos analistas han señalado un efecto igualmente negativo sobre la economía de la nación. El año pasado, Standard & Poor’s estimó que la violencia reduce el crecimiento anual del PIB en casi dos puntos porcentuales. Un año antes, el Banco Mundial había señalado a la inseguridad como uno de los principales obstáculos de México y Latinoamérica para poder crecer más rápidamente. Mientras tanto, la prominente organización empresarial COPARMEX ha calculado que 160.000 negocios cerraron en 2011 debido a amenazas violentas.
Otras secciones de la Envipe reflejan más los muchos efectos secundarios de los crímenes relacionados con la violencia en México, la cual empezó a aumentar en 2008 y se estabilizó en 2012. Los encuestadores identificaron la extorsión como el segundo crimen más común que victimiza a los mexicanos, superada por el robo. Esta es evidencia potencial de la creciente importancia de la extorsión como una fuente de dinero para los grupos criminales transnacionales como los Zetas. Con más grupos criminales utilizando la extorsión como una fuente de financiación, no es sorprendente que cada vez más mexicanos respetuosos de las leyes se consideren víctimas del crimen organizado. Por el contrario, cuando los grupos criminales se limitan al narcotráfico hacia Estados Unidos, a grandes rasgos pueden evitar afectar a la sociedad en general.
En conjunto, esto sugiere que las cicatrices de la reciente ola de violencia en México perdurarán mucho después de que los índices de criminalidad vuelvan a los niveles de 2007. Como se señaló anteriormente, después de una espiral de aumento de cinco años, la violencia comenzó a estabilizarse a nivel nacional y se ha reducido sustancialmente en muchas de las áreas más notoriamente peligrosas (Tijuana y Juárez son los dos ejemplos más destacados). En el contexto de la historia reciente de México, esto es una buena noticia, aunque la sospecha y la preocupación son claramente generalizadas.
Más aún, el Presidente Enrique Peña Nieto, quien fue elegido en julio y se posesionó en diciembre, ha convertido en una prioridad la reducción del papel público de la seguridad en la agenda de su gobierno. En esto contrasta con Calderón, quien ubicó las medidas de seguridad en el centro de las prioridades durante la mayoría de sus seis años de mandato. Aunque Peña Nieto no ha logrado reducir la violencia hasta el momento, ha tenido éxito en cambiar la narrativa nacional y el enfoque hacia otros ámbitos de interés público. Sin embargo, los éxitos de la estrategia de relaciones públicas no se han transformado en cambios en la percepción popular. Al menos, no todavía.
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