Piratas, contrabandistas y megabandas en Venezuela

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En esta segunda publicación de un artículo de dos partes, el periodista venezolano Javier Mayorca le da una mirada a la evolución del crimen organizado en Venezuela, desde sus primeras manifestaciones de corrupción y contrabando oficial durante la época de la Colonia y los vínculos italianos en el país, hasta alcanzar su apogeo con la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez, el papel de los grupos colombianos, y las violentas mutaciones de esta delincuencia en la Venezuela de Nicolás Maduro.

En 2015, el Observatorio del Delito Organizado en Venezuela advirtió que el país había entrado en una nueva etapa del desarrollo de la actividad criminal, con la irrupción de las llamadas “megabandas” o grupos que, por el número de integrantes, diversidad de actividades ilegales y cobertura geográfica, marcaban una diferencia con lo visto hasta entonces.

Este es la segunda publicación en una serie de dos artículos por Javier Mayorca que exploran la evolución del crimen organizado en Venezuela. Lea la primera parte aquí.

Estas estructuras, aunque tienen símiles en otras partes del hemisferio occidental, obedecen a particulares condiciones históricas, políticas, económicas y legales que les confieren características particulares. Desde esa peculiaridad, las megabandas han iniciado alianzas con grupos parecidos migrados desde Colombia, y han conformado células nacionales de Los Rastrojos y Los Urabeños. Anteriormente, también lo hicieron con las llamadas Águilas Negras. En el estado Apure, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación han evolucionado desde un grupo de cuatreros y secuestradores que irrumpió en la escena nacional durante la última década del siglo pasado, hasta consolidar una base política que le ha permitido tender alianzas con alcaldías del estado llanero.

¿Cómo llegó Venezuela hasta este nivel de desarrollo en el crimen organizado?

Nuevas alianzas, viejos problemas

El atractivo de Venezuela para el crimen organizado transnacional se incrementó en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Chávez aprobó la prohibición de extraditar nacionales. La propuesta del abogado Hermánn Escarrá amparaba a venezolanos por nacimiento y nacionalización, y fue acogida por los demás constituyentistas sin mayor discusión. En todos los casos posteriores de importantes criminales detenidos en el país en virtud de órdenes de captura internacionales, se detectó que poseían documentos de identidad venezolanos.

Chávez inició procesos de acercamiento formal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a propósito del secuestro de una joven venezolana en 1999. La misión fue encomendada al capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín, quien luego fue designado dos veces ministro de Relaciones Interiores (MRI).[i]

En 2007, el presidente formalizó el rol de “enlace” con las FARC, la mayor guerrilla colombiana, en víspera de las liberaciones de Clara Rojas, Consuelo González y su hijo Emmanuel. Rojas había sido secuestrada en 2002 durante la campaña de la entonces candidata presidencial de Colombia Ingrid Betancourt.[ii] Rodríguez Chacín, incluido en la Lista Clinton de los mayores traficantes de drogas, es actualmente gobernador del estado Guárico.

Desde el inicio del régimen chavista, las relaciones con las FARC fueron fluidas y en varios niveles. Por una parte, había un vínculo público, en el que por ejemplo se ofrecía el territorio para abonar supuestas negociaciones de paz. Las reuniones entre el gobernante venezolano y miembros del comando central, conocido como El Secretariado, ocurrían con regularidad. El gobierno venezolano además financió eventos públicos de organizaciones ligadas a la estructura guerrillera, como la Coordinadora Simón Bolívar.[iii]

Por otro lado, había un trasiego de drogas y armas a través del territorio nacional, en beneficio de los guerrilleros. Esto fue denunciado en informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los documentos hallados tras la muerte del Luis Devia, alias “Raúl Reyes”, confirmaron esta apreciación.[iv]

La evolución del panorama criminal

Los guerrilleros además llevaban a cabo secuestros de personajes de alto perfil (banqueros y ganaderos), que implicaban rescates millonarios en moneda extranjera. En el último conocido, la víctima fue el vicepresidente de un grupo financiero, Germán García Velutini. La captura de la víctima se llevó a cabo supuestamente con la cooperación de militares venezolanos.[v]

Simultáneamente, se asentaron en el país operadores de organizaciones aparentemente rivales de las FARC, como Los Rastrojos, Los Urabeños y traficantes que se independizaron con la diáspora del Cartel del Norte del Valle.

Sus principales aliados eran y son militares, activos y retirados, así como miembros de cuerpos policiales. Los venezolanos fungían en principio como “reguladores”, es decir, determinaban qué actividades podían realizarse en el país, previo pago, y cuáles no se llevarían a cabo. Pero ya para 2007 se habían involucrado directamente en el traslado de voluminosos alijos de drogas.

En Venezuela, como sucedía desde antes de la llegada de Chávez, también se llevaban a cabo las negociaciones entre los proveedores de drogas, los brokers y los que recibirían los cargamentos en los puntos de destino. El exfiscal italiano Francesco Forgione documentó el traslado a Venezuela de representantes de la Cosa Nostra, la Camorra y la mafia calabresa (‘Ndrangheta).[vi] En otras palabras, la presencia activa de grupos criminales transnacionales en el país se diversificó, ante la percepción de que podrían operar con relativa impunidad.

Luego de la prohibición de la extradición, el gobierno venezolano tomó varias decisiones que contribuirían a hacer del país un territorio ideal para criminales extranjeros. En 1999 se prohibieron los sobrevuelos para la detección de cultivos ilícitos. En 2005, Chávez ordenó el cese de los acuerdos de cooperación con la Sección de Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos (NAS por sus iniciales en inglés), que tuvo como consecuencia inmediata la expulsión de los representantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), y en 2008 amenazó con sacar del país al sistema de policía internacional (Interpol), aunque esto no llegó a concretarse.

Estas decisiones iban justificadas con una retórica de protección a la soberanía nacional, pero en la práctica el efecto fue que la seguridad del país sería vulnerada con mayor facilidad por determinados grupos considerados aliados del régimen.

Chávez sabía que las fuerzas armadas no veían con agrado la cercanía con subversivos, a los que se les atribuía hasta entonces la mayor parte de las muertes de soldados y oficiales en servicio. A sus ojos, la posibilidad de una traición fue confirmada en abril de 2002, cuando los altos mandos ordenaron recoger sus tropas y no impedir las multitudinarias manifestaciones que exigían su renuncia, en claro desacato a una orden impartida por él en forma directa.

La herencia chavista y la aparición de Los Colectivos

Luego de esa experiencia, el presidente ordenó potenciar con todos los recursos disponibles la creación, y en otros casos la consolidación, de pequeños grupos armados conocidos como “colectivos”, cuyas actividades se restringían hasta ese momento a la parroquia 23 de Enero, del municipio Libertador. Los colectivos remplazarían a los llamados “círculos bolivarianos”, y se les encomendaría la defensa armada del proceso político. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, sería uno de los beneficiarios de este proceso a partir de enero de 2014. Luego de una orden transmitida por televisión, estos grupos arremeterían contra los manifestantes que exigían su renuncia en las principales ciudades del país. El saldo oficial de estos choques fue 43 muertos, entre ellos Juan Montoya, líder del secretariado de los colectivos de Caracas, presumiblemente a manos de sus copartidarios.

El apoyo oficial multiplicó el surgimiento de colectivos armados en todo el país. En 2014, el ministerio de Relaciones Interiores censó más de 90 agrupaciones de este tipo en el Distrito Capital, a propósito de una ambigua iniciativa de desarme.

Los colectivos, sin embargo, generalmente no son considerados como bandas criminales, aunque algunos de ellos son conocidos más por la extorsión y el tráfico de drogas que por la defensa del régimen. Junto a ellos, ha surgido un nuevo tipo de agrupación, la llamada “megabanda”, que se distingue de aquéllos porque no manejan ningún proyecto político. Son estructuras criminales en toda la línea.

La primera gran megabanda del país lleva aproximadamente cuatro años operando entre los territorios de Aragua y Guárico. Su líder, José Tovar Colina, exintegrante de un grupo élite de la Armada, es ahora un criminal buscado internacionalmente.[vii]

Pero el principal factor que estimuló el surgimiento y la consolidación de las megabandas fue un programa denominado “Zonas de Paz”, cuya ejecución se inició en septiembre de 2013, a cargo del viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Ávalos. La lógica de las Zonas de Paz era que los cuerpos policiales y militares se habían convertido en un factor determinante de la violencia homicida del país. Por lo tanto, al sustraerlos de determinadas áreas, la violencia disminuiría. Simultáneamente, se estimularía el crecimiento económico en estas áreas a través de líneas de crédito otorgadas por una fundación gubernamental.

Los cuerpos policiales y militares no podían entrar a estas zonas a menos que contaran con una orden específica de un juzgado. Esta directriz no está soportada por ningún documento, pero los jefes policiales en distintas oportunidades han reconocido que desde el Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) se reiteraba esta orden de forma verbal.

Los grupos criminales comenzaron a utilizar las Zonas de Paz como lugar para el ocultamiento de personas secuestradas, como lo dictaminó un informe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Simultáneamente, estas agrupaciones fueron creciendo en pie de fuerza y cobertura geográfica, hasta extender sus operaciones criminales a otros lugares que no estaban amparados por el programa ministerial.[viii]

En lo inmediato, las Zonas de Paz constituyeron un factor más que estimuló la criminalidad violenta. Como se ha descrito en este mismo trabajo, el propio régimen pareciera obrar para la destrucción de su propia institucionalidad. Según Carlos Tablante y Marcos Tarre, por lo menos un tercio de los homicidios del país (el segundo más violento del mundo, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas) es consecuencia de actividades de crimen organizado, de bandas amparadas por una impunidad crónica.

Este problema no ha sido reconocido aún en toda su magnitud por el régimen, pues eso implicaría la admisión de errores que eventualmente tendrían como consecuencia la pérdida absoluta del poder. Aun así, el resultado de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 indica que la mayoría de la población venezolana ha comenzado a dar los pasos necesarios para intentar un rescate de las instituciones.


[i] https://www.aporrea.org/ideologia/a53878.html visto el 20-1-2016

[ii] https://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/politica/articuloimpreso-el-camarada-ramon visto el 20-1-2016

[iii] Pérez, J. G.: Raúl Reyes, el canciller de la montaña. Bogotá. Editorial Norma, 2008.

[iv] Lares, F.: The Chavismo Files. New York. Page Publishing, 2015.

[v] https://www.el-nacional.com/sucesos/Garcia-Velutini-secuestrado-guerrilla-colombiana_0_112790623.html visto el 20-1-2016

[vi] Forgione, F.: Mafia export. Cómo la Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado al mundo. Barcelona. Anagrama, 2010.

[vii] https://www.panorama.com.ve/sucesos/El-Picure-entro–al-radar-de-Interpol-20151006-0034.html visto el 20-1-2016

[viii] https://www.el-nacional.com/sucesos/secuestros-caracas-zonas_de_paz_0_741526049.html visto el 20-1-2016 

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