El gobierno colombiano celebrará el aniversario 15 del Plan Colombia solicitando un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos, destinado a facilitar la transición del país andino a la paz después de más de 50 años de conflicto. Pero, ¿es un nuevo Plan Colombia la solución a las amenazas de seguridad que enfrenta Colombia en el posconflicto?
En una entrevista con El Tiempo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo que el gobierno colombiano pedirá un nuevo Plan Colombia cuando el presidente Juan Manuel Santos se reúna con su homólogo estadounidense Barack Obama esta semana en Washington, DC. La reunión se realizará para conmemorar los 15 años del Plan Colombia, el programa de asistencia de Estados Unidos que fue aprobado inicialmente por el Congreso en julio de 2000.
Según Villegas, el nuevo Plan Colombia propuesto se enfocará en ayudar al país durante la fase de transición, una vez se firme un acuerdo de paz con el grupo guerrillero marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno colombiano ha estado negociando con la guerrilla desde 2012, y el año pasado las dos partes anunciaron que llegarían a un acuerdo final en marzo de 2016.
“Sería un Plan Colombia para consolidar y hacer sostenible la paz”, dijo Villegas.
El ministro de Defensa afirmó que la principal prioridad de un nuevo Plan Colombia sería la sustitución de cultivos de coca por sembrados alternativos. Agregó que el componente militar del paquete de ayuda buscaría reforzar la seguridad en zonas todavía dominadas por las FARC.
Villegas dijo que para Colombia sería “ideal” recibir el mismo nivel de asistencia que se tuvo durante el inicio del actual Plan Colombia, pero señaló que esto es poco probable debido a las realidades políticas desfavorables. Estados Unidos ha aportado US$10 mil millones en ayuda para la seguridad, el sistema judicial y el desarrollo del país andino a través del Plan Colombia desde el año 2000, pero el monto de la ayuda anual ha disminuido considerablemente desde mediados de la década pasada.
Aun así, parece que Colombia cuenta con Estados Unidos como un aliado dispuesto a ayudar. En una columna de opinión el 30 de enero en el Miami Herald, el secretario de Estado John Kerry escribió: “La administración Obama presentará ante el Congreso una nueva estrategia dirigida a reforzar los avances en materia de seguridad, aplicar medidas más duras con respecto al comercio de drogas ilegales, y proveer los medios para la reparación y la recuperación de las zonas que dejen las FARC.”
Análisis de InSight Crime
Es conveniente que las autoridades estén pidiendo un Plan Colombia para el posconflicto, teniendo en cuenta que el plan actual cumplió un papel decisivo para que las FARC y el gobierno colombiano se sentaran a la mesa de negociaciones en el año 2012.
El Plan Colombia, que inicialmente se propuso como un programa de lucha contra los estupefacientes, más adelante se convirtió en un medio a través del cual el gobierno colombiano pudo enfrentar a los grupos guerrilleros, en particular a las FARC. En 1997, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las FARC en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, y después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos no se opuso a la idea de usar los fondos del Plan Colombia para luchar contra a los “narcoterroristas”, como con frecuencia se refiere a las FARC el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.
La dinámica interna de Colombia también influyó el rumbo del programa de ayuda. Cuando los dineros estadounidenses comenzaron a llegar a Colombia, el país estaba al borde de convertirse en un Estado fallido. Las FARC controlaban al menos un tercio del territorio nacional y tenía campamentos en las afueras de las ciudades más importantes del país.
Junto con unos US$80 o 100 mil millones invertidos por el gobierno colombiano, el Plan Colombia les permitió a las fuerzas de seguridad del país obtener armas nuevas y mejorar sus capacidades de inteligencia, especialmente en la policía y el ejército. Este flujo de capital y de recursos permitió cambiar el rumbo de la guerra contra la guerrilla, lo que provocó que los rebeldes decidieran iniciar las conversaciones de paz con el gobierno.
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El éxito del Plan Colombia en cuanto a la contrainsurgencia se ha visto contrarrestado, sin embargo, por su total incapacidad para reducir el suministro de cocaína colombiana a los mercados de Estados Unidos.
Luego de años de disminución, el cultivo de coca comenzó a incrementarse en 2013, y aumentó un 39 por ciento en 2014. Dado que gran parte de la coca estaba sembrada en territorios controlados por las FARC, los funcionarios estadounidenses supusieron que los cultivos ilícitos continuarían aumentando drásticamente. Si el número de hectáreas de coca aumentó en 2015 al mismo ritmo que lo hizo en el año 2014, como InSight Crime lo cree, la cantidad del año pasado sería igual a la de mediados de la década pasada, cuando los cultivos alcanzaron un pico.
Para colmo de males, el gobierno colombiano se está distanciando de la estrategia antinarcóticos diseñada por Estados Unidos. Un aspecto central del Plan Colombia era la fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, que las autoridades colombianas prohibieron el año pasado debido a los temores de que la sustancia podría producir cáncer.
El fracaso del Plan Colombia con respecto a la coca es un mal precedente para la nueva propuesta del gobierno colombiano de ayuda de Estados Unidos en un escenario de posconflicto. Villegas, el ministro de Defensa, cree claramente que Estados Unidos puede ayudar a Colombia a reducir la cantidad de coca cultivada, pero 15 años de evidencia sugieren que el suyo es un falso optimismo.
En cuanto a la contrainsurgencia, no está claro si los logros del pasado se traducirán en mejoras de seguridad para la Colombia actual. Aunque Estados Unidos y Colombia demostraron habilidades para atacar y debilitar las operaciones de las FARC, el grupo guerrillero ya no es la principal amenaza para la seguridad nacional de Colombia, como tampoco lo ha sido en los últimos años.
Las dinámicas de seguridad colombianas son ahora diferentes. Los poderosos carteles de los años ochenta y noventa, y la amenazante presencia de la guerrilla en la primera década del nuevo siglo, han sido sustituidos por grupos criminales pequeños y locales, algunos de los cuales operan como nodos de redes criminales mayores conocidas como Bacrim, acrónimo de “bandas criminales”. Aunque las Bacrim están involucradas en el tráfico de drogas transnacional, también participan en muchas otras actividades criminales, como la extorsión y el microtráfico.
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El presidente Santos reconoció esta nueva amenaza de seguridad la semana pasada, cuando dijo que “el siguiente gran objetivo” de las autoridades será desmantelar las “2.500 organizaciones criminales minúsculas que se encuentran dispersas a lo largo [del país]”. La importancia de estos microgrupos criminales aumentará una vez se firme un acuerdo de paz con las FARC y la guerrilla se desmovilice.
“Sin duda, el microtráfico es la mayor amenaza de seguridad del país”, le dijo recientemente Luis González, Director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, a la revista Semana.
No está claro cuál será el papel de Estados Unidos en el nuevo panorama de seguridad de Colombia, que es en parte por lo que hay tanta incertidumbre con respecto a un nuevo Plan Colombia. Pero si las autoridades esperan que el nuevo Plan Colombia sea eficaz, no deben guiarse por el anterior.
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