Plan presupuestario de Trump augura problemas para cooperación en seguridad en Latinoamérica

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

El presupuesto presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para 2018 es una clara demostración de sus prioridades en seguridad y de algunas políticas que despertarán preocupación y ansiedad entre aliados estratégicos claves de Estados Unidos en los esfuerzos del país contra el crimen organizado en el continente americano.

El presupuesto de ayuda exterior propuesto por el presidente, que aún debe someterse a aprobación del Congreso, recorta en 14 por ciento la financiación para iniciativas de paz y seguridad en el mundo, a los niveles de 2016, al caer de US$8.980 millones a US$7.720 millones.

El financiamiento de las iniciativas contra el crimen transnacional organizado se reduciría de US$211 a US$136 millones. El dinero para las iniciativas antinarcóticos caería de US$476 a US$374 millones.

Sin embargo, estas reducciones son relativamente suaves en comparación con la reducción de 29 por ciento en el total del presupuesto de ayuda exterior, pues las intervenciones de “poder blando” en la forma de financiación para proyectos de gobernanza, desarrollo o asistencia social son los más afectados hasta el momento.

En Latinoamérica y el Caribe, el presupuesto incluye una caída de US$1.710 millones de ayuda en 2016 a US$1.090 millones para 2018, una reducción total de 35 por ciento que llevaría la financiación regional a los niveles más bajos desde 2001, según la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés).

 

(Gráfico cortesía de WOLA)

El presupuesto incluye 37 por ciento menos financiación para programas de ayuda económica y humanitaria en comparación con 2016 y una caída de 30 por ciento en programas militares, de orden público y lucha contra el narcotráfico en la región. La financiación militar extranjera, el principal programa de ayuda militar en el presupuesto de ayuda exterior, caería a cero en toda Latinoamérica desde unos US$70 millones en 2016.

Lo que más preocupación genera, desde una perspectiva de seguridad, son los drásticos recortes en los puntos candentes de crimen y violencia en la región, y quizás lo más grave de todo, pase en Colombia, donde el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pasa por un momento crítico y delicado.

Las cifras presentadas en el presupuesto para Colombia muestran una caída de US$299 millones en 2016 a US$251 millones en 2018. El nuevo presupuesto incluye enormes recortes en áreas de financiación de proyectos para el postconflicto, y el proyecto está destinado a financiar el refuerzo de la presencia del gobierno civil en las zonas rurales de Colombia, programas de sustitución de cultivos en zonas cocaleras, y ayuda a las víctimas más vulneradas por el conflicto.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre políticas de seguridad

México, entretanto, tendría recortes de 45 por ciento en los fondos de ayuda, además de una caída de 40 por ciento para el control internacional de narcóticos y vigilancia policial. Los recortes se sienten mayormente en las inversiones en poder blando para el estado de derecho, derechos humanos y gobernanza. De aprobarse, los recortes se darían en medio de un recrudecimiento de la violencia en ese país.

El Triángulo Norte de Centroamérica —los países de tránsito plagados de pandillas de El Salvador, Honduras y Guatemala— enfrentarán una reducción de 34 por ciento en ayudas.

En el frente estadounidense, los planes de financiación expuestos en el presupuesto también envían un penoso mensaje sobre los planes de la administración Trump para controlar la seguridad y el crimen organizado.

El presupuesto destina US$2.600 millones de los US$44.100 millones solicitados por el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus iniciales en inglés) para infraestructura fronteriza y control de inmigración. De esa cantidad, se separan US$1.600 millones para la construcción de 119 kilómetros de un muro físico a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, cuyo costo se estima en más de US$34 millones por kilómetro.

Además, se usarán US$300 millones para la contratación de 500 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 1.000 nuevos empleados de Control de Aduanas e Inmigración, así como un incremento separado de US$1.500 millones sobre los niveles de 2017 para reforzar la capacidad del DHS de detener y retirar a inmigrantes ilegales.

Como ya lo informó InSight Crime, es poco probable que el muro haga mucho por disuadir el narcotráfico, y el aumento repentino en la contratación de empleados de inmigración y control fronterizo puede llegar a exacerbar los problemas de corrupción existentes en esos organismos.

Los fondos para la lucha antinarcóticos, que abarca 14 departamentos de la rama ejecutiva, aumentará 1 por ciento, a US$27.800 millones. Dentro de esto, la financiación para la interdicción de narcóticos aumentaría 9,9 por ciento en comparación con 2017, pero los fondos para la prevención del consumo de estupefacientes se recortarían en 11,1 por ciento.

Al Departamento de Justicia (DOJ), entretanto, se le recortaría el presupuesto total en US$1.100 millones con relación a los niveles de 2017, pero habría un aumento de US$214 millones sobre los actuales niveles para control de inmigración, y US$198,5 millones adicionales para “reducir los crímenes violentos, combatir la epidemia de opioides y medicamentes de prescripción, y enfrentar las Organizaciones Criminal Transnacionales”.

Los entes del gobierno encargados de colaborar con aliados internacionales enfrentarán profundos recortes. Cortes de 10 por ciento en la asignación presupuestal, US$1.400 millones, incluyendo una reducción de 28 por ciento para la Oficina Asuntos Internacionales de Orden Público y Narcóticos del Departamento de Estado, que es el ente a cargo de trabajar con los países productores para desestabilizar la producción de narcóticos y fortalecer los sistemas de justicia penal y los organismos de orden público.

Análisis de InSight Crime

Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, la propuesta presupuestal de la administración Trump “refleja el compromiso del presidente con un gobierno más austero y eficiente, y garantiza que cada dólar de impuestos invertido esté en línea con los objetivos de la administración en materia de política exterior”.

Pero el mensaje que seguramente recibirán los aliados regionales es que Estados Unidos se está atrincherando detrás de sus fronteras, y tiene mayor interés en mantener fuera a los extranjeros que en atacar las causas de origen del crimen organizado transnacional.

Los drásticos recortes de ayuda exterior y financiamiento para entes que trabajan con aliados internacionales pueden afectar los esfuerzos contra las redes de narcotráfico y crimen organizado en la región.

Más grave aún, los desproporcionados recortes en los fondos para iniciativas de “poder blando” pueden entorpecer esfuerzos vitales para desestabilizar la influencia del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. El éxito a largo plazo de las políticas de seguridad en la región depende del cumplimiento de las metas de tales iniciativas, como la reforma de las instituciones judiciales y de orden público corruptas e ineficientes y la generación de empleo y desarrollo para ofrecer una alternativa a la ilegalidad para miembros de comunidades vulnerables. Como debe haber aprendido el gobierno estadounidense luego de décadas y miles de millones de dólares canalizados hacia una guerra contra las drogas que ha hecho poco por desviar la producción o el flujo de narcóticos, el “poder duro” nunca es suficiente.

Quizás, el aspecto más lamentable del presupuesto es la reducción de la ayuda monetaria para Colombia, lo que el analista en seguridad Adam Isacson describe como un “golpe moral y fiscal al esfuerzo de Colombia por implementar un ambicioso acuerdo de paz”. La implementación de los históricos acuerdos de paz en Colombia ha pasado de una crisis otra, y el retiro de una parte importante de fondos puede echar por tierra los planes futuros, en especial en un momento en que Colombia enfrenta dificultades financieras debido a una desaceleración económica.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre paz con las FARC

Si el gobierno colombiano no logra implementar los aspectos fundamentales de sus acuerdos, el país puede entrar en un nuevo ciclo de violencia agravado por el retorno a la ilegalidad de guerrilleros desilusionados. Si no cumple sus obligaciones en temas de reforma agraria y sustitución de cultivos de coca, entretanto, lo más probable es que persistan los recientes récords de producción de cocaína.

Aún no se aprueba el presupuesto de Trump, pero aun si se diluyen los recortes planeados, la propuesta en sí es un indicador preocupante de las prioridades y políticas que su administración probablemente seguirá. Trump puede creer en “America First” (Primero Estados Unidos), pero los planes presentados son más del tipo “America Alone” (Estados Unidos solo) y esto seguramente hará poco por mejorar la seguridad tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+