Las plantaciones ilegales de cannabis en Paraguay al descubierto

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Sombreros de vaquero y termos adornados con estampados que imitan pieles de jaguar o de serpiente se ven aquí y allá en el mercado del pueblo fronterizo de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

Con solo cruzar la carretera de dos carriles se entra a Brasil.

No muy lejos de allí, se ven casinos, hoteles de carretera y burdeles, comunes en fronteras donde la delincuencia pulula.

La población se asienta en una ruta de tráfico clave a Brasil, donde dos pandillas importantes —el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital -PCC), de São Paulo, y el Comando Vermelho (CV), de Rio de Janeiro— compiten por la importación de cocaína boliviana, armas de fuego y otro tipo de contrabando.

*Este artículo se tradujo, editó para mayor claridad y se publica con autorización de Agência Pública. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original en portugués aquí.

En junio de 2016, terminó un cese al fuego entre las varias facciones cuando el jefe del hampa Jorge Rafaat, aliado con el Comando Rojo y conocido como el “rey de la frontera”, fue ejecutado en su Hummer blindada. Su muerte se atribuyó al PCC.

Pedro Juan Caballero es apenas el comienzo del trayecto hacia un mundo más tranquilo, menos expuesto —pero no menos ilegal— a pocos kilómetros de la frontera con Brasil.

Aquí —en su mayor parte, sin impedimento de la policía u otra autoridad— existen plantaciones gigantescas donde se cultiva la gran mayoría del cannabis que fuman millones de brasileños.

Las cultivos

El ochenta por ciento del cannabis producido en Paraguay se introduce ilegalmente en Brasil, según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

Tres millones de brasileños son consumidores habituales del alcaloide, según la segunda Encuesta nacional sobre alcohol y drogas, realizada en la Universidad Federal de São Paulo, y en el primer semestre de 2017, la Policía Federal de Brasil decomisó 126 toneladas de la hierba, en su mayoría originaria de Paraguay.

Al contrario de Colombia y Uruguay, el cultivo de cannabis es ilegal en Brasil y Paraguay.

Se cree que las plantaciones paraguayas cubren 7.000 hectáreas. Quienes trabajan en los terrenos revelan un sistema generalizado de impunidad, resguardado por una red de agentes de policía y otros funcionarios corruptos.

Entre esos trabajadores de plantación se encuentra Adriano, brasileño de veinticinco años, que administra una plantación para su “dueño”. Adriano pasa la mayor parte del año en los campos con los obreros que plantan y clasifican el cannabis, y actúa como mediador ante cualquier problema que se presente entre estos y el jefe del campo.

El patrón de Adriano, Gerson, es un brasileño de cincuenta años nacido en una familia que siempre ha estado en el negocio del cannabis.

Pese a ser el “dueño” de dos plantaciones, no es el propietario legítimo de las parcelas, que por lo general son terrenos públicos apropiados, entre los que se cuentan zonas de selva y parques nacionales protegidos, o se alquilan a dueños de terrenos mucho más grandes.

En una camioneta Toyota, cargada con productos de aseo y víveres, Gerson condujo hasta su plantación, hablando con Adriano sobre las amenazas que les plantean las unidades de policía.

La policía paraguaya no causa muchos problemas, comentó Gerson.

Cuando los detuvieron, pagaron un soborno de unos US$70 y los dejaron seguir.

La policía brasileña es parecida, añadió Gerson, excepto por una temida unidad de la policía militar.

“Con ellos no se puede negociar”, manifestó. “Con ellos, es la cárcel o el cajón”.

 

(Trabajadores empacan marihuana recién secada. Crédito: Matias Maxx/Agência Pública)

Como en el pueblo que acaban de dejar atrás, las carreteras brasileñas y paraguayas corren una al lado de la otra. La única diferencia entre ambas es que si el asfalto brasileño es malo, el paraguayo muchas veces ni existe.

A lo largo de la vía, la camioneta cambió de lado, y de país, varias veces, en un intento por evitar las estaciones de policía.

Al pasar por la población más cercana a la plantación, de menos de 1.000 habitantes, Gerson subió los vidrios polarizados para evitar que lo vieran.

La base en la granja es una simple casa con un dormitorio lleno de literas, un baño con agua caliente y un televisor con antena parabólica.

Adriano explica que en sus cinco años trabajando en diferentes plantaciones de la región, es la primera vez que tiene tantas comodidades; por lo general, pasaba meses acampando en las plantaciones.

Adriano y Gerson van armados con pistolas.

Pero al contrario de la frontera, en el campo las disputas entre grupos casi pasan desapercibidas, y los operativos policiales por lo general se anuncian con anticipación y el resultado se negocia.

Los “operativos”

Nadie quiere llamar mucho la atención sobre lo que sucede.

Según Gerson, los políticos reciben sobornos para retrasar la pavimentación de vías que mejorarían el acceso a la región, lo que contribuye a complicar cualquier operativo policial.

En una ocasión, los informantes de Gerson llamaron a advertirle que la SENAD planeaba realizar un operativo en una zona que incluía una plantación de su propiedad y de otras cuatro personas.

De inmediato, la cuadrilla de Gerson fue a la parcela y escondió toneladas de cannabis seco.

Un día después, Gerson recibió una visita de Cabanas, paraguayo de unos setenta años, con sombrero de vaquero y pistola en la funda.

Él es el “patrón” de la región, y el intermediario entre los terratenientes y el gobierno paraguayo.

Cabanas comentó que la policía proponía cancelar el operativo si cada jefe de plantación pagaba 10 millones de guaraníes (US$ 1.800). No era claro cuántos jefes había, pero Gerson señaló que hay cientos de plantaciones en la región.

Explicó que siempre sucede lo mismo en la época de la cosecha: la policía amenaza con invadir los sembrados como un mecanismo para aumentar sus coimas.

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El año pasado, el ministro de justicia brasileño Alexandre de Moraes llegó a la región con funcionarios de la SENAD, según informaron medios locales en ese tiempo. Cortó plantas de cannabis con un machete, para enviar a los traficantes la señal de que no se tolerarían las plantaciones ilegales.

“Todo es negociado”, dijo Gerson cuando se le preguntó sobre el operativo.

“Dejamos un poco de los cultivos para ellos, sacamos de ahí todo lo que tenga algún valor y dejamos las plantas solas”, apuntó.

“Nunca arrestan a nadie”

Cuando se le pregunta sobre esas denuncias, Francisco Ayala, director de comunicaciones de la SENAD, respondió que “debe asumirse que no hay una institución que sea cien por ciento transparente o cien por ciento incorruptible, en especial en lo que respecta al narcotráfico, una actividad que mueve muchos millones, que muchas veces permiten comprar lo que se desee, o la tentación de caer en la red del narcotráfico”.

Ayala dijo a Agência Pública que “cualquier cuerpo de seguridad está en constante riesgo de que sus miembros sucumban a la corrupción”, pero que la SENAD ha implementado políticas para evitarlo.

“Creemos que este nivel histórico de decomisos que se ha dado en los últimos tres años —nunca antes vimos estos grados de destrucción de cultivos de marihuana o decomisos de cocaína— es precisamente el resultado de esta política de depuración y transparencia interna”, comentó Ayala.

“No somos infalibles, siempre podrá haber corrupción, pero esta política está arrojando resultados y el negocio de la droga se ha visto afectado en los últimos años en diferentes regiones del país”.

Los campos

Durante los cuatro meses que tarda en crecer el cannabis, dos o tres trabajadores cuidan el campo. Al momento de la cosecha, se contrata a otros diez para clasificar, secar, meter en sacos, triturar y prensar las flores.

La mayoría de los jornaleros recibe 70.000 guaraníes (US$ 12) diarios.

Las tarifas, así como el precio del cannabis, los deciden los dueños de las haciendas para evitar la competencia.

Los campamentos donde duermen los campesinos están construidos de troncos, lonas, cuerdas y alambre.

El agua viene de pozos o arroyos y muchas veces llega caliente y oscura.

El campamento es muy sucio y está lleno de botellas tiradas de vino barato y Fortin, un licor de cachaça de producción local.

(Alojamiento para los obreros de la finca. Crédito: Matias Maxx/Agência Pública)

Los hombres trabajan del amanecer al atardecer, excepto para el prensado del cannabis, que se hace sin parar con iluminación de un generador.

También hay algunos campos que funcionan las 24 horas del día en época de cosecha, iluminados con reflectores.

Pocos han trabajado en algún otro tipo de agricultura. La mayoría son jóvenes, en sus veinte, silenciosos y desconfiados.

Su ambición solo se evidencia en sus miradas.

Roque es responsable de un campo, desde la siembra hasta la cosecha. Selecciona las semillas, los fertilizantes y las técnicas que se usarán para cultivar las plantas.

Ahora de veinticinco años, él comenzó a sembrar cannabis a los 17 años, luego de terminar la escuela secundaria, cuando no pudo encontrar empleo. Luego de cuatro años de cosechar cultivos para otros, ahora dirige su propio campo, financiado por Gerson.

Roque, que ahora se lleva la mitad de las ganancias de la venta del cannabis, quiere salir de la vida de las plantaciones y abrir una tienda de insumos agrícolas.

Se ocupa de sus plantas con afecto y les pone apodos a las parcelas.

Todo lo que gana lo gasta en novias y prostitutas.

Prácticamente no hay mujeres en las plantaciones, pero los trabajadores se comunican con sus novias por medio de WhatsApp.

En estos días aún hay sembrados familiares, pero ya son raros.

“Se está haciendo cada vez más difícil trabajar sin un patrón”, explicó Roque. “Porque la policía pide cada vez más dinero”.

El dinero del cannabis alimenta a las familias y mantiene las comunidades funcionando en este rincón de Paraguay, pero no genera lo suficiente para que estas personas salgan de la miseria.

Incluso los jefes viven una existencia paranoica con muy pocas posesiones; una motocicleta y algo de ropa de marca, tal vez. Y saben que son fácilmente reemplazables.

Si el dinero que se obtiene del tráfico del cannabis compensa el riesgo para los que participan de él, no es lo mismo para estos trabajadores en el extremo del negocio.

Todos los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas.

* Este artículo se tradujo, editó para mayor claridad y se publica con autorización de Agência Pública. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original en portugués aquí.

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