¿Podrá Panamá deshacerse de su reputación como centro de lavado de dinero?

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La legislación panameña busca eliminar la fama del país como centro regional de lavado de dinero. Pero existen poderosas razones para creer que esta nación centroamericana seguirá siendo un destino favorito de los delincuentes para blanquear sus ganancias ilícitas.

Una propuesta legislativa para combatir el lavado de dinero en Panamá ha llegado a las etapas finales del proceso legislativo, informó La Prensa. A principios de marzo, el gabinete presidencial de Panamá aprobó la propuesta, y ahora ha pasado a la Asamblea Nacional del país.

La legislación hace parte de la iniciativa del gobierno “Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales”. El objetivo de esta iniciativa es eliminar a Panamá de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que identifica a los países que no están tomando medidas suficientes para combatir el lavado de dinero. El organismo intergubernamental agregó a Panamá a su lista gris en junio de 2014.

Sin embargo, hay cierta controversia sobre si la ley será suficiente para revocar la inclusión en la lista del GAFI. Dos titulares de la prensa panameña de principios de marzo dicen: “Ley antilavado, clave para salir de la lista gris del GAFI” y “La ley antilavado no es suficiente para salir de la lista del GAFI”.

La legislación pretende fortalecer la supervisión y el control sobre la banca y el mercado de valores, así como mejorar la manera de reportar las transacciones financieras sospechosas.

En la redacción de las normas, al parecer los legisladores panameños buscaron la colaboración de líderes del sector privado e incorporaron las recomendaciones del GAFI

Análisis de InSight Crime

No hay duda de que Panamá ha fortalecido sus instituciones estatales y financieras después del apogeo del dictador Manuel Antonio Noriega en los años ochenta, cuando era un centro bancario del Cartel de Medellín. En 1988, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la corrupción eran tan rampantes, que el entonces senador estadounidense John Kerry acuñó el término “narcocleptocracia” para referirse a Panamá. Noriega mismo estaba en la nómina de Pablo Escobar, antes de su derrocamiento en 1989 tras una invasión de Estados Unidos.

Desde entonces, Panamá ha mejorado enormemente los mecanismos estatales para luchar contra el blanqueo de dinero. Según el informe sobre lavado de dinero (pdf) publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de 2014, Panamá ha promulgado leyes relacionadas con 19 de las 20 normas sobre lavado de dinero. Esto incluye acciones a nivel nacional, como la creación de una unidad de inteligencia financiera, así como cooperación con la comunidad internacional, y participar en convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre terrorismo y crimen organizado transnacional.

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Sin embargo, las falencias para hacer cumplir esas leyes han impedido a Panamá limpiar su imagen como centro de lavado de dinero. Al parecer, la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI estuvo basada en gran parte en un informe de evaluación de febrero de 2014 (pdf) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que criticó los esfuerzos del país contra el lavado de dinero.

“Las estadísticas sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo son incompletas o ausentes”, dice el informe. El mismo señala que las autoridades de Panamá declararon que el tráfico de drogas ha sido la principal fuente de lavado de dinero; sin embargo, “no han llevado a cabo ningún estudio o evaluación de los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo asociado con el tráfico de drogas”.

El informe del Departamento de Estado en 2014 agrega que “la falta de colaboración entre agencias gubernamentales, la aplicación inconsistente de leyes y reglamentos y un débil sistema judicial susceptible a la corrupción y el favoritismo” han obstaculizado los esfuerzos de Panamá por combatir el lavado de dinero.

Pero el sistema económico de Panamá también está construido de tal manera que inadvertidamente atrae negocios financieros turbios y eliminar la corrupción oficial no va a cambiar esta situación.

De hecho, recientes casos de corrupción en los que se han visto involucrados altos funcionarios del gobierno sugieren que la implementación efectiva de nuevas reformas de lavado de dinero serían una ardua tarea. En 2014, el presidente Juan Carlos Varela fue acusado de recibir dinero blanqueado como fondos para su campaña; sin embargo, parece que se hizo poco caso a estos los alegatos. El predecesor de Varela, Ricardo Martinelli, ha sido acusado de malversación de las arcas del Estado. En marzo de 2015, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá se declaró culpable de cargos de corrupción.

Pero el sistema económico de Panamá también está construido de tal manera que inadvertidamente atrae negocios financieros turbios —y eliminar la corrupción oficial no va a cambiar esta situación—. Así como podría decirse que los sofisticados carteles de la droga  hicieron parte integrante de la liberalización fiscal de México, las abiertas políticas económicas de Panamá han llamado la atención de los inversionistas extranjeros y los lavadores de dinero.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado  de dinero

La economía de Panamá creció en promedio 8,2 por ciento anual entre 2002 y 2013, y su crecimiento económico continúa siendo superior al de otras naciones latinoamericanas. Sin embargo, algunos de los mismos factores que han contribuido a mejorar su economía (como la dolarización de la moneda y las laxas regulaciones financieras) son también los que hacen de Panamá un lugar para que los delincuentes blanqueen su dinero mal habido (su posición geográfica también influye; en efecto, durante años, grupos de narcotraficantes colombianos han utilizado a Panamá como un lugar para blanquear ganancias del narcotráfico transnacional).

“El lavado de dinero se presenta en países con sistemas bancarios bastante abiertos o liberales. Y el modelo económico de Panamá depende de una economía abierta… y de la posibilidad que tienen los inversionistas de traer su dinero sin una cantidad significativa de regulaciones y barreras”, le dijo a InSight Crime el doctor Orlando Pérez, decano asociado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Millersville University.

El siguiente tuit de Nick Miroff, corresponsal Washington Post en Latinoamérica, ilustra sucintamente esta dinámica.

Por otra parte, hay signos de que la notoria reputación de Panamá como centro de lavado de dinero podría eventualmente perjudicar su situación económica.

“Los retrasos en la introducción de reformas en el ámbito de la transparencia financiera podrían restringir el acceso al capital externo y a los sistemas de pagos internacionales, lo cual tendría repercusiones negativas para la economía”, dijo recientemente Luca Ricci, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en Panamá. Según Dulcidio De La Guardia, jefe del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, las instituciones financieras de pequeño y mediano tamaño ya han perdido el acceso a algunos bancos intermediarios que les permitirían llevar a cabo transacciones internacionales.

Panamá tiene la tarea de encontrar un punto medio que le permita protegerse adecuadamente del lavado de dinero y a la vez mantener la ventaja comparativa que ofrece su sistema económico.

Esto significa que Panamá tiene la tarea de encontrar un punto medio que le permita protegerse adecuadamente del lavado de dinero y a la vez mantener la ventaja comparativa que ofrece su sistema económico. “[Panamá] debe equilibrar los intereses de la economía y la atracción de la inversión… a la vez que trata de cooperar con Estados Unidos, la Interpol y otras agencias para extinguir la circulación ilegal de dinero”, dijo Pérez a InSight Crime.

En definitiva, el poder de la reforma de lavado de dinero que adelanta Panamá dependerá probablemente no de la capacidad de cumplimiento de las instituciones del Estado, sino más bien de lo que más beneficia a la economía del país. Se trata de un simple análisis de costo-beneficio.

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