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ANÁLISIS

¿Podría El Chapo Guzmán estar planeando una movida en contra de su socio del Cartel de Sinaloa?

CARTEL DE SINALOA / 3 FEB 2014 POR DAVID C. MARTÍNEZ-AMADOR* ES

La muerte, el encarcelamiento y el ataque contra varios miembros de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada, del Cartel de Sinaloa, apunta a una inquietante posibilidad para el hampa de México: Joaquín "El Chapo" Guzmán puede estar tratando de quedarse con el territorio de su socio.

A finales de noviembre de 2013, agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciiales en inglés) capturaron a Serafín Zambada, hijo de El Mayo Zambada, en Arizona. Estados Unidos había estado siguiendo sus movimientos durante meses y había capturado a numerosos colaboradores suyos, quienes cooperaron con la policía en el período previo al arresto de Zambada, según un reportaje de Proceso.

El 18 de diciembre, las autoridades mexicanas presuntamente abatieron a Gonzalo Inzunza Inzunza, alias "Macho Prieto", en el estado de Sonora. Inzunza fue el principal lugarteniente de El Mayo en la frontera norte de México.

A finales de diciembre, en lo que pudo haber sido el mayor golpe contra El Mayo hasta el momento, las autoridades holandesas detuvieron a José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias "El Chino Ántrax".

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Todo esto se produjo sólo unos meses después de que las fuerzas de seguridad mexicanas abatieran a Manuel Torres Félix, alias "M1", otro de los principales lugartenientes de El Mayo.

Otras figuras importantes, previamente desconocidas, como José Guadalupe Tapia Quintero, de repente se encuentran ahora en la mira de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a Tapia Quintero en su “lista de capos", a principios de este mes.

Tomados en conjunto, los acontecimientos son un duro golpe a las operaciones de El Mayo, y podrían representar grandes cambios en el hampa de México.

Análisis de InSight Crime

Cuando se argumenta que una organización criminal se encuentra protegida por el poder político, claramente se acepta la hipótesis de que hay un nivel de tolerancia permitido por parte de los poderes federales (hablamos para el caso mexicano), con respecto a la corrupción, la violencia, el tráfico y otras actividades criminales. Parecería que hay un muro de protección, una burbuja de separación, que los blinda de estímulos externos.

En el contexto mexicano, dichos lazos de complicidad se han tejido desde los diferentes niveles de poder (desde el federal hasta el municipal), y con diferentes grupos criminales.  Suponemos que alcanzar una “buena gobernabilidad” en el contexto mexicano requiere un acuerdo entre los grupos criminales y los diferentes niveles de poder.

Por casi doce años, los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) parecieron favorecer a la organización criminal del Cartel de Sinaloa. Las evidencias eran obvias: la salida de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad, la expansión del Cartel de Sinaloa hacia el sur del país (apoderándose del Puerto de Apaculco), y la captura de la ruta de Juárez y Tijuana, desplazando al Cartel de Amado Carillo y a los volátiles Arellano Félix, respectivamente.

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El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) no fue la excepción en cuanto a la preferencia del régimen. Dos aspectos lo demostraban así: La mayor concentración de efectivos militares en zonas territoriales con presencia de enemigos del Cartel de Sinaloa y el bajísimo número de miembros del cartel que resultaban detenidos y eventualmente en prisión. Se había cumplido la máxima que explica que no hay organización criminal que prospere sin tolerancia política.

Pero el sexenio de Peña Nieto pinta diferente. La liberación del general retirado Tomás Ángeles, subsecretario de Defensa en el año 2005, y la presentación de conclusiones no acusatorias contra otros cinco militares, tres de ellos generales, que fueron detenidos durante la pasada administración por supuestos nexos con la Organización de los Beltrán Leyva, hacían pensar en una nueva preferencia del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No es para menos si recordamos que los Beltrán Leyva operaban con total amplitud en el estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador del mismo, antes de lanzar su candidatura a la presidencia.

Hay analistas que suponen que Enrique Peña Nieto no puede modificar la estrategia de seguridad heredada de su antecesor panista porque, de hacerlo, se enemistaría con la administración Obama y eso es grave para un país que es tan dependiente como México a Estados Unidos. Seguir la actual política de seguridad (dejando de lado el hecho de que las actuales estructuras de seguridad fueron puestas por Calderón), significa perseguir a los carteles más violentos y mantener la línea de negociación con Joaquín Guzmán, a quien se le considera una actor racional, inteligente y negociador, en el mundo criminal.

¿Cómo leer en ese contexto las detenciones de Serafín Zambada Ortiz y del Chino Ántrax, y las muertes del Macho Prieto y del M1? Estas muertes y detenciones debilitan la estructura militar del Cartel del Pacífico (la facción de El Mayo), el cual es el socio más importante del Cartel de Sinaloa o la Federación, como es más conocido.

En realidad no es un ataque hacia Guzmán Loera sino hacia El Mayo Zambada.  Recapitulemos: Zambada Jr. (el mayor) está en una prisión en Chicago, Zambadita Jr. (Serafín Zambada Ortiz) se le está uniendo, el Macho Prieto era uno de los lugartenientes militares más importantes de El Mayo, y aunque el Chino Ántrax trabajaba para ambas facciones como brazo militar, realmente era más importante para El Mayo.

Si añadimos a la lista a Ignacio Coronel, quien supuestamente está muerto, a Ines Coronel, un importante operador y suegro de Guzmán Loera quien fue capturado en abril de 2013, y a José Guadalupe Tapia Quintero, lugarteniente de El Mayo, quien fue puesto en las lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pareciera, solo pareciera, que Joaquín Guzmán está marcando aún más su territorio, hacia el norte y hacia el occidente, y una vez más está usando los poderes federales para romper la alianza con su socio más viejo, El Mayo.

Quizá El Chapo quiere todo el negocio para él, y si ha logrado afectar a las organizaciones rivales mediante el uso del poder político, ¿Por qué no hacer una alianza con un socio reacio en el gobierno actual?.

*David Martinez-Amador es profesor de Universidad del curso “rituales de sangre en las sociedades secretas, cultos, sectas, cofradías y mafia”.

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