Policía de Río de Janeiro implementa finalmente policías comunitarias

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Si los encargados de la seguridad logran sus objetivos, el controvertido término autoritario “pacificación” puede pronto caer en desuso. En su lugar, la policía ha anunciado que está tratando de involucrar a la sociedad civil para que le ayude a hacer un trabajo mejor y menos violento en sus intentos por mantener la seguridad en Río.

Este no es el primer intento. En los primeros años de la pacificación (con el coronel Robson Rodrigues como comandante de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) entre 2010 y 2011), el programa fue descrito como policía comunitaria (que en realidad se remontaba a otros programas pilotos). Pero él y otros funcionarios policiales con ideas afines fueron ignorados, y se le dio prioridad a alcanzar el objetivo de disponer de 40 unidades de pacificación a tiempo para la Copa Mundial 2014 —sin mayor preocupación por la calidad del servicio policial que se estaba prestando—. Muchas de las medidas anunciadas en reunión del 9 de enero pasado [para trazar planes de seguridad pública para el periodo 2015-2018] se incluyeron en una evaluación de impacto en el año 2012, recientemente publicada en forma de libro.

Como lo evidencia una entrevista otorgada por Rodrigues al diario O Globo en agosto pasado, así como las observaciones de la autora de este blog* sobre diversos eventos en los últimos años, la corrupción policial, las divisiones internas y la resistencia al cambio, el autoritarismo y la inclinación por la violencia también le han planteado desafíos a la reforma policial.

¿Sin escape?

Dichos desafíos siguen vigentes. Esta vez, sin embargo, hay una gran diferencia: los altos mandos administrativos de la policía dicen que la policía comunitaria será una política no solo en las favelas, sino también en el resto de Río de Janeiro —y, de hecho, en todo el estado para 2018—. Con este fin, el gobierno estatal publicará dos nuevos decretos esta semana, uno de ellos establecerá un consejo de seguridad pública con funciones efectivas, presidido por el gobernador Luis Fernando “Pezão” de Souza, y otro que fijará metas para la policía y mecanismos de supervisión.

El primer “batallón amistoso” (Batalhão Legal) se establecerá en el barrio Tijuca, al norte de la ciudad, y se presenta como una unidad de pacificación en zonas construidas, es decir, en la parte formal de la ciudad.

Utilizando todas las herramientas disponibles (aparte de cambiar un artículo de la Constitución nacional, que prevé una fuerza de policía militarizada en cada estado y cuya revisión se ha solicitado), el nuevo equipo parece orientarse a persuadir a la policía para que adopte nuevos comportamientos. Ayer se anunció que habrá más apoyo para la salud física y mental de los policías, menos burocracia, descentralización y la utilización de cuadrantes para identificar y combatir el crimen. Al mismo tiempo, el nuevo documento de la misión incluye una lista de valores, empezando por “jerarquía y disciplina” —en particular, el nuevo comandante de la policía militar, Pinheiro Neto, fue anteriormente jefe del escuadrón élite de las fuerzas, BOPE (como contraste, vea los valores del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD).

Como si todo esto no fuera suficiente para poner las tropas en movimiento, el secretario de seguridad pública del estado, José Mariano Beltrame, recalcó el pasado 9 de enero que el 74 por ciento de las votaciones en octubre de 2014 en zonas pacificadas del estado favorecieron al gobernador Pezão, cuya elección representó cierta continuidad en las políticas públicas de seguridad. “Esta es una medida silenciosa”, dijo, y agregó que, para muchos residentes de las favelas, la urna es el único lugar donde pueden hacer oír su voz de manera segura.

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En el largo plazo, la pacificación ha reducido el crimen en toda la ciudad, pero este se disparó a mediados de 2013. Las manifestaciones en las calles se volvieron peligrosas, lo que empañó una imagen que la policía recién había comenzado a cambiar. A principios de este mes, la revista Veja informó que, en aquel momento, un comandante de la policía y sus subordinados intercambiaron una serie de mensajes de Whatsapp exaltando la violencia e incitándose mutuamente a ella, e incluso haciendo referencia a la Alemania Nazi. Luego sobrevino la tortura y muerte de un habitante de Rocinha, Amarildo, a manos de la policía, seguido de un número creciente de tiroteos, que resultaron en bajas de la policía en favelas con presencia de UPP y en otros lugares. Las estadísticas comenzaron a subir en todo Río.

Quizá la peor noticia para la policía militar llegó en septiembre pasado, cuando 22 oficiales fueron arrestados, incluyendo el tercer hombre al mando, al parecer por crímenes paramilitares (el 9 de enero, Beltrame señaló que se realizarán nuevas limpiezas, y que “nuevas situaciones difíciles se presentarán en el corto plazo”).

La nueva política —anunciada en una presentación de PowerPoint excesivamente larga, llena de jerga y apenas legible— provocó aplausos del público cuando fue presentada el 9 de enero. Allí se encontraban funcionarios municipales y estatales, empleados judiciales y representantes de organismos de derechos humanos y de diversas ONG —básicamente todos los actores interesados en hacer de Río un mejor lugar—.

El director del Observatorio de Favelas, Jailson de Souza e Silva, se refirió a una “esperanza renovada”, y señaló que se necesita mayor coordinación entre la ciudad y el estado, dado que las tropas del ejército no han podido retirar los camiones de alimentos de las aceras en Complexo da Maré. Rubem Cesar Fernandes, fundador de la pionera ONG Viva Río, señaló que Río sufrió una “desagregación social” durante el reciente periodo electoral, e hizo un llamado a tener fe en un programa que él percibe como “muy prometedor y muy difícil de realizar”. Un área aún por resolverse completamente es el sistema de justicia, que tiende a liberar prisioneros rápidamente, los cuales luego vuelven a delinquir. Beltrame señaló que Fabricio Mirra, expolicía militar y miliciano condenado por asesinato, estará en las calles de Río la próxima semana, después de cumplir su pena.

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La nueva política también dependerá del éxito de una iniciativa municipal que busca trabajar conjuntamente con la sociedad civil y el sector privado para mejorar la prestación de servicios sociales, algo que Beltrame ha reclamado durante mucho tiempo.

Aunque el gobernador Pezão, que asumió su cargo recientemente, ha estado anunciando recortes presupuestales significativos ante la inminencia de disminuciones en los ingresos, dejó claro que la seguridad pública es una prioridad. Sin embargo, en enero hubo informes según los cuales se han reducido los suministros de gasolina para las patrullas policiales. Teniendo en cuenta los objetivos ambiciosos que la policía anunció ayer, parece que esta no es una gran preocupación para ellos (aunque esta posible explicación apunta a ser parte de un problema mayor).

* Reproducido con permiso de Julia Michaels, periodista que ha vivido en Río de Janeiro por más de una década. Vea su blog, Rio Real, que se publica en inglés y portugués.

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