Los ladrones de cargamentos de drogas, conocidos como "tumbadores", son los piratas del camino de la cocaína en Centroamérica, pero sus historias de robos, corrupción, homicidio y narcotráfico, están fuertemente vinculadas a la policía de la región.
Hay tres puntos de parada clave para los cargamentos de drogas que van hacia Estados Unidos desde Colombia: Panamá, Nicaragua y Guatemala, donde hay tumbadores por montones y la línea entre los criminales y la policía es, a menudo, difusa.
Una versión de este reporte fue publicada en Crítica. Vea el original aquí.
Panamá, cuna de tumbadores
Se estima que hay entre 40 y 50 grupos dedicados al “tumbe”, o al robo, de cargamentos de drogas en Panamá, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Llevar a cabo tumbes se ha vuelto una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado en ese país, una actividad que ha minado y penetrado la seguridad nacional panameña.
Varios casos recientes muestran cómo operan estos grupos, y el rol de las fuerzas de seguridad. Cuando el 14 de julio de 2004 una red delincuencial decidió irrumpir en la bóveda de la Policía Técnica Judicial, un grupo de detectives robaron 103 kilos de cocaína, repartiendo las ganancias entre un capitán de la policía y los criminales.
Un reporte de la policía de ese mismo año reveló que no era un hecho aislado. El reporte describe cómo el capitán Eduardo Pérez de la Policía Nacional y un subteniente de apellido Bernal, quienes trabajaban en La Chorrera, planificaron y ejecutaron un "tumbe" de drogas a unos ciudadanos colombianos, dedicados al tráfico de drogas, que utilizaban una playa para el desembarque de drogas. En el año 2007, el Segundo Tribunal de Justicia en la Resolución de segunda instancia N.° 098, reformó una sentencia y declaró culpable a Eduardo Pérez, a otro policía y a otro hombre, a una pena de ocho años de prisión por narcotráfico.
Mientras discutía sobre el estado de los tumbadores locales, Javier Caraballo, fiscal antidrogas del país, confirmó que en los últimos años las investigaciones habían llevado a la captura de varios policías involucrados en el narcotráfico. No obstante, no se conocen las cifras de los últimos dos años de elementos de seguridad que son objeto de investigaciones por parte de la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional panameña.
Tumbes en Nicaragua
Otra de las rutas para la cocaína colombiana es Nicaragua, donde la situación ha empeorado.
En septiembre de 2008, un tumbe resultó en un episodio que varios analistas de seguridad locales identificaron como el momento que obligó al país a asomarse a lo que podría suceder si la violencia narco se instalaba definitivamente.
En la ciudad de Rivas la fuerza pública descubrió a ocho personas con un cargamento de armas y una lista de gente a quienes iban a matar. El grupo de sicarios era liderado por un mexicano, e incluía a hondureños y nicaragüenses; su objetivo era matar a seis lugareños acusados de haber robado un cargamento de 800 kilos de cocaína.
Uno de los objetivos, según el comisionado mayor Carlos Espinoz, era el nicaragüense Jairo Cerda Calero, identificado por varias fuentes como un expolicía.
Según Roberto Orozco, analista de seguridad, para 2012 había al menos 17 grupos criminales dedicados al tumbe, cinco más que en 2011. Los grupos de tumbadores están compuestos de “delincuentes juntos con expolicías, exmilitares”, dice Orozco.
Sin embargo, la intercepción de droga y su posterior robo, para negociar en el mercado local, es un fenómeno que nació en Nicaragua en los años noventa, pero no había afectado la seguridad hasta ahora, salvo algunas graves excepciones, a un país que se ufana que su índice de homicidios es de 11 por cada 100,000 habitantes, uno de los más bajos de la región.
Guatemala en la mira
Cuando los cargamentos de drogas cruzan la frontera hacia Guatemala, llegan a negociarse en un territorio dividido por carteles mexicanos rivales. Además, deben también enfrentarse a los tumbadores, que incluyen tanto criminales como policías locales.
Un tumbe en junio de este año llevó a la mayor operación en contra del crimen organizado durante el mandato del presidente Otto Pérez Molina. La operación fue lanzada luego de que un grupo de 13 sicarios arribaran a bordo de tres camionetas y dispararan contra una estación de policía en Salcajá, matando a ocho oficiales de policía. El único sobreviviente, el subinspector César Augusto García, fue tomado como rehén y su cuerpo apareció desmembrado una semana más tarde.
Este ataque fue adjudicado a la desconocida organización de Francisco Eduardo Villatoro Cano, que opera en el lejano departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. Las investigaciones de las autoridades apuntan a un tumbe de dinero que los policías habían realizado días antes. Según esta teoría, el dinero pertenecía presuntamente a Villatoro Cano, quien decidió recuperar su cargamento y cobrar venganza de los policías.
*Este artículo fue publicado como parte de un proyecto financiado por el International Center for Journalists (ICFJ), con el que ha trabajado InSight Crime. Fue publicado originalmente en Crítica. Ver el original aquí.
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