Nasry “Tito” Asfura, alcalde de la capital Tegucigalpa, se ha proclamado precandidato a la presidencia hondureña en las elecciones programadas para noviembre de 2021 aunque sobre él pese una investigación penal por posible lavado de dinero, malversación de fondos y otros delitos.
El 26 de octubre pasado, el Ministerio Público hondureño (MP) presentó ante un juzgado anticorrupción en Tegucigalpa una solicitud de antejuicio a dos funcionarios municipales, entre ellos el alcalde, por participar en un esquema criminal que les permitió desviar ilegalmente fondos de la alcaldía.
Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO), confirmó la acusación. “A la solicitud (de antejuicio) se adjuntaron elementos de prueba que acreditan… el desvió de más de 28 millones de lempiras (unos US$1.2 millones)… para beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina”, escribió Santos en su cuenta de Twitter.
La investigación de UFERCO establece que, entre 2017 y 2018, Asfura y Nilvia Ethel Castillo Cruz, otra funcionaria municipal, extrajeron fondos de un fideicomiso creado con dinero de la alcaldía para respaldar cheques que luego eran depositados en tres cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde.
Un reporte de la organización no gubernamental Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), basado en datos de UFERCO, indica que la Alcaldía del Distrito Central de Tegucigalpa creó ese fideicomiso en 2011 para recibir todos los fondos provenientes de tasas e impuestos municipales. El 28 de enero de 2014, tres días después de que Asfura asumió como alcalde, los términos del fideicomiso fueron modificados para permitirle a él acceso directo a los fondos.
En 2017, la alcaldía creó, con firma del alcalde, las cuentas nombradas “Aportes de campaña política”, “Fondos propios aportaciones allegados políticos” y “salario devengado”. A través de un complejo mecanismo de triangulación de fondos, según la investigación de UFERCO, Asfura autorizaba la extracción de dinero del fideicomiso municipal por medio de cheques emitidos a nombre de terceras personas, los cuales finalmente iban a parar a las cuentas personales del alcalde.
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No se ha confirmado aún si la investigación determinó que parte o la totalidad de los fondos fueron utilizados para financiar las actividades proselitistas de Tito Asfura, quien a mediados de septiembre pasado confirmó sus intenciones de ser candidato del gobernante Partido Nacional (PN) a través de un movimiento interno denominado Unidad y Esperanza. De acuerdo con políticos del PN, Asfura es el candidato del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
En este caso, como en otros por corrupción que involucran a las élites hondureñas, ya hay visos de que el sistema judicial se apresta a proteger al alcalde de la persecución penal. El 28 de octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo contra la investigación de UFERCO al presidenciable; el efecto inmediato de esa decisión judicial es que el MP tiene que detener todas las investigaciones que atañen a Asfura.
Fuentes de UFERCO, sin embargo, han dicho que la resolución de la Corte no afecta la petición de antejuicio, que es tramitada por un tribunal inferior, porque las pruebas contra Asfura ya están acreditadas en el expediente.
“No representa ningún obstáculo en el procedimiento de antejuicio”, tuiteó el fiscal Santos, jefe de UFERCO.
Análisis de InSight Crime
Parece que en la política hondureña todo es posible, incluso que candidatos con investigaciones activas, que han sido acusados de crímenes o incluso sentenciados en una corte se postulen a la oficina más importante del país sin sonrojarse.
Al caso de Tito Asfura se suma el de Yani Rosenthal, un poderoso banquero hondureño que cumplió en agosto pasado una sentencia de tres años en una prisión estadounidense tras declararse culpable de lavar dinero del narcotráfico y, al regresar a Honduras, se proclamó candidato presidencial por el Partido Liberal.
El Nacional y el Liberal, los dos partidos tradicionales de Honduras, se han turnado la presidencia de la república centroamericana desde hace cuatro décadas.
Los señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado que pesan sobre dos de los candidatos con más posibilidades de ganar la presidencia en 2021 se suman al creciente desprestigio de la clase política hondureña, cercada en la última década por acusaciones de participar directamente en el narcotráfico y por señalamientos de procurar desde el Estado impunidad para sus miembros.
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Miembros de Los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más importantes de Honduras, admitieron haber sobornado al expresidente nacionalista Porfirio Lobo y haber abierto una línea de comunicación directa con el presidente Hernández. Estos narcotraficantes también han dicho en testimonios judiciales que entregaron dinero a familiares del expresidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal.
Más allá de los resultados finales del proceso judicial contra el alcalde Asfura, lo cierto es que la polémica y la sombra del crimen volverá a extenderse sobre otras elecciones presidenciales hondureñas, como ocurrió en 2017, cuando Juan Orlando Hernández, ya entonces marcado por señalamientos de complicidad con el narcotráfico, se reeligió en medio de acusaciones de fraude.
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