Por qué los despliegues de seguridad federal en México están destinados a fracasar

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La reciente ola de asesinatos, que ha hecho del estado de Tamaulipas uno de los principales campos de batalla de la guerra del narcotráfico en México, ha impulsado planes de enviar allí tropas federales para tratar de someter al hampa de la región. Pero, ¿podrá tal despliegue reducir el control del crimen organizado?

Un reciente aumento en la violencia ha traído a Tamaulipas de nuevo al primer plano del debate de seguridad en México, después de meses de calma. Los informes de tiroteos en Nuevo Laredo y Reynosa, dos cruces fronterizos lucrativos sobre los cuales el Cartel del Golfo y los Zetas han luchado durante mucho tiempo, han vuelto a ser comunes. En el transcurso del mes, el estado registró 75 asesinatos según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cifra más alta desde 2012. Un tiroteo que tuvo lugar en Reynosa dejó 17 personas muertas a finales de abril.

Después de años de sufrimiento, con algunas de las más altas tasas de crímenes violentos en el país, Tamaulipas fue una de las historias más felices de México en 2013. El SNSP sólo registró 555 asesinatos a lo largo del año, una caída de casi el 50 por ciento desde 2012. La tasa de homicidios global fue sólo de 17 por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional de México y significativamente mejor que muchas ciudades americanas. Junto con la devastación de los Zetas y el Cartel del Golfo, esto parecía ser un paso decisivo contra el crimen organizado en el noreste de México.

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La violencia ha provocado llamados para que el gobierno federal implemente un plan de seguridad en Tamaulipas, como los que ha implementado en Guerrero, Chihuahua, y la zona conocida como la Laguna, que se encuentra entre Coahuila y Durango. A principios de este mes, durante una visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto insinuó que ya estaba a la vista un redoble de esfuerzos en la operación federal, que complementaría a la policía federal y a la marina mexicana que ya operan en la región.

Análisis de InSight Crime

La causa inmediata de la violencia en Tamaulipas es un tema de debate, pero es sorprendente que el aumento en los últimos meses haya coincidido con la caída de algunos de los más prominentes líderes criminales de la zona. Entre los jefe que han caído se encuentran el jefe de los Zetas en Nuevo Laredo, Juan Fernando Ramírez Cortés, y el fundador de los Zetas, Galdino Mellado Cruz, quienes fueron, respectivamente, arrestados y asesinados a principios de este mes.

Aunque el arresto o muerte de los capos mexicanos provoca una variedad de respuestas, en este caso, el viejo cliché de que la naturaleza aborrece el vacío parece ser cierto: mientras rivales y aliados vengan la muerte de sus jefes y compiten por posiciones en un paisaje cambiante, Tamaulipas en su conjunto se ha vuelto más sangrienta.

Los informes de la llegada de un operativo federal han provocado dudas sobre la solidez de la respuesta y su capacidad para abordar efectivamente tanto las causas inmediatas como las causas profundas de la inseguridad de Tamaulipas.

Por ejemplo, un reciente artículo de José Ortega, publicado en la página de Internet Seguridad, Justicia y Paz apunta hacia el objetivo propuesto de mejorar la coordinación entre las agencias de seguridad locales y federales. El problema, dice, es que los cuerpos de policía locales son tan corruptos que no hay en absoluto la esperanza de una colaboración productiva con ellos. José Manuel López Guijón, jefe de seguridad del gobernador Egidio Torre Cantú, sirve como una demostración perfecta del grado en el que las autoridades locales no son confiables; a principios de este mes, López Guijón estuvo implicado en el asesinato del jefe de la unidad de inteligencia de la policía del estado, un crimen que supuestamente fue llevado a cabo en nombre de los Zetas.

Contra este telón de fondo, no hay ninguna razón para sospechar que un despliegue federal será capaz de empujar las tasas de homicidios a sus niveles anteriores, y mucho menos que vaya a revertir los patrones de corrupción y extorsión que prevalecen actualmente.

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En cambio, dice Ortega, el gobierno federal tiene que aprender de sus experiencias en Michoacán y reconocer que no tiene socios de confianza entre las fuerzas estatales y locales. Como consecuencia de ello, los objetivos deben ser trabajar alrededor de dichos organismos, o incluso sustituirlos.

La intervención federal típica, que de alguna manera es improvisada y equivale a poco más que a un despliegue masivo de la policía federal o de las fuerzas armadas, es particularmente inadecuada para un lugar como Tamaulipas. Allí, el aumento en la violencia es, en última instancia, producto de factores de larga data: el gobierno local es uno de los más infiltrados por el crimen organizado y lo ha sido durante décadas. Un patrón de comportamiento que se remonta a una generación o más, no va a ser modificado con el despliegue temporal de varios miles de soldados.

La mayor parte de las zonas donde las tropas federales son llamadas a filas no son diferentes a Tamaulipas en este sentido, lo que sugiere que México necesita repensar su enfoque de despliegues federales. Abalanzarse hacia una muestra de fuerza más publicitada, alrededor de la cual los grupos criminales finalmente encontrarán una forma de trabajar, o simplemente esperarán a que termine, es como luchar contra las malas hierbas con una cortadora de césped. México necesita encontrar una manera de destruir la raíz, y la reciente incursión en Tamaulipas sugiere que todavía no está allí.

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