El controversial y discutido testimonio de un conocido testigo protegido en México, refleja la persistente incapacidad del sistema judicial para aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por los criminales renegados.
El ejemplo más reciente es el de Roberto López Nájera, cuyo nombre en clave era “Jennifer”. Según lo informado por Proceso, el testimonio de López Nájera ayudó a avanzar en algunos de los casos más importantes en la presidencia de Calderón, pero la falta de veracidad de sus declaraciones llevó a que todas se vinieran abajo:
“La lista de víctimas de López Nájera en México incluye al excomisionado de la Policía Federal (PF) Javier Herrera Valles, quien documentó las irregularidades de la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública; Noé Ramírez Mandujano, el subprocurador que junto con su equipo investigaba a exmilitares que trabajaban para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y presuntamente estaban al servicio del Cartel de Sinaloa, y al general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa.”
“Todos ellos fueron absueltos al demostrarse su inocencia luego de estar presos años o meses por los falsos testimonios de Jennifer.”
Abundan otros casos similares. Por ejemplo, en diciembre de 2012, El Universal informó sobre el testimonio de otro testigo, conocido como “El Pitufo”, cuyas declaraciones ayudaron a impulsar algunos de los más famosos y recientes juicios. La mayoría de ellos fracasaron y prácticamente todos ellos estaban llenos de irregularidades. El Pitufo contribuyó al Michoacanazo, el famoso arresto de casi tres docenas de funcionarios estatales y locales en Michoacán, quienes posteriormente fueron puestos en libertad; el arresto de Florence Cassez, la francesa acusada de pertenecer a una red de secuestro, cuya detención bajo circunstancias inusuales provocó un largo conflicto diplomático; y el caso de Gregorio Sánchez, el excéntrico alcalde de Cancún que fue detenido en 2010, mientras hacía campaña para ser gobernador de Quintana Roo.
Análisis de InSight Crime
Los problemas de México con los testigos protegidos van más allá del falso testimonio, en algunos casos de alto perfil. Una cuestión fundamental es la falta de testigos protegidos; así de simple. Según un informe reciente de Excelsior, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó sólo 379 de dichos testigos durante la administración de Calderón. Esta cifra representó un fuerte aumento (la cifra fue de sólo 80 en 2006), pero en un país donde el gobierno estima que 500.000 personas se ganan la vida con el comercio de drogas, es una suma insignificante.
Esta falta de colaboración por parte de los criminales renegados refleja ampliamente la incapacidad del sistema judicial de México para ir más allá del ataque frontal. También pone de relieve la permanente incapacidad de México de utilizar el sistema de justicia como un arma eficaz en contra del crimen organizado. En su mayor parte, el poder judicial es más como una carga para la nación.
México también ha demostrado ser incapaz de proteger a los testigos en su custodia, en varias ocasiones. En uno de los ejemplos más famosos, dos testigos en una investigación contra Ismael “El Mayo” Zambada murieron a finales de 2009. El primero, Reyes Reinado Zambada García, supuestamente se ahorcó, mientras que el segundo, Edgar Enrique Bayardo del Villar, fue asesinado a balazos en un Starbucks muy concurrido.
México no está solo en su tensa relación con los testigos protegidos. Muchos críticos del sistema legal de Estados Unidos han argumentado que los fiscales se han vuelto demasiado dependientes de estas figuras, que a menudo tienen dudosa credibilidad y claras razones para mentir. Esto tiene la consecuencia adicional de disminuir la capacidad de los funcionarios de Estados Unidos para buscar métodos alternativos de investigación, creando un círculo vicioso en el que la búsqueda de los criminales para convertirlos en informantes, o en testigos protegidos, se vuelve aún más importante. Este fue, por ejemplo, la idea básica del libro Snitch de 2007.
Sin embargo, aunque estas quejas contra el sistema de Estados Unidos hacen eco a los recientes problemas de México, el problema es mucho más complicado al sur de Río Grande. Si Estados Unidos tiene razones para estar preocupado por una excesiva dependencia en los testigos protegidos, al menos Estados Unidos puede apuntar a su capacidad de procesar con éxito los casos construidos en torno a tales testimonios. Es una táctica controversial que tiene ciertas ventajas indiscutibles. México, por su parte, debe hacer frente a todos los inconvenientes (casos que se vienen abajo debido a falsos testimonios), pero a ninguno de los beneficios (testigos que regularmente contribuyen a condenas exitosas en contra de criminales peligrosos).
Hasta que esto cambie, México continuará la batalla contra el crimen organizado sin, lo que debería ser, una de sus principales herramientas.