El presidente de México ha enviado nuevas reformas al Congreso buscando tomar medidas drásticas en contra del lavado de dinero, aunque su impacto potencial frente al crimen organizado es incierto.
Según Associated Press, la semana pasada el Presidente Enrique Peña Nieto envió una propuesta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de México, la cual le otorgaría a las autoridades un mayor margen de maniobra para investigar y enjuiciar a las personas que manejan activos a nombre de miembros del crimen organizado. Si el proyecto se convierte en Ley, estas personas, conocidas como 'prestanombres' o 'testaferros', podrían ser juzgadas bajo los estatutos de lavado de dinero.
Por otra parte, el 17 de junio, según informó Vanguardia, una ley anti-lavado más fuerte entró en vigor, dándole al Ministerio de Hacienda mayores recursos para vigilar la entrada de divisas extranjeras al sistema financiero mexicano. Estas transferencias son vitales para los envíos de drogas transnacionales, en las cuales los dólares son el medio típico de cambio.
Antes de la toma de posesión de Peña Nieto en diciembre, el Presidente Felipe Calderón buscó implementar una serie de medidas con el fin de limitar la capacidad de los grupos criminales de introducir sus ganancias ilícitas en el sistema financiero legal. En 2010, el gobierno de Calderón impuso nuevas restricciones a la cantidad de dinero que podría ser movido por medio de los intercambios de divisas, e implementó nuevos requisitos de auditoría para las instituciones financieras con respecto a sus clientes. El gobierno de Calderón también promulgó una nueva ley de confiscación de activos en 2009 que fue diseñada para facilitar a las autoridades la confiscación de bienes adquiridos con ingresos producto de actividades ilícitas.
Análisis de InSight Crime
El proyecto de ley de Peña Nieto aborda una falla en el reciente enfoque de México frente al crimen organizado, que muchos críticos han percibido: la ausencia de un plan serio para combatir las finanzas de los grupos criminales. Cambiar esa falta de interés en las redes financieras de los criminales es una idea que goza de un amplio apoyo en el sistema político, y prácticamente todos los candidatos en las elecciones presidenciales del año pasado expresaron su apoyo a ideas como las propuestas por Peña Nieto.
Por desgracia, a menudo es más fácil aprobar este tipo de leyes que juzgar los casos de lavado de dinero contra los miembros del crimen organizado. Como lo informó InSight Crime, en los tres años transcurridos desde su promulgación las autoridades han adelantado procesos con base en la ley de confiscación de activos sólo en 29 ocasiones. Y si bien este es un problema reconocido particularmente en México, lo es también en todos los países.
El gobierno de Estados Unidos ha sido señalado de infame a consecuencia de su falta de voluntad o incapacidad para procesar con regularidad a los bancos que violan las regulaciones sobre el lavado de activos, inclusive cuando persigue a los criminales que utilizan dichos bancos. Otros países de la región, como Argentina, también han demostrado que procesar a los lavadores de dinero no es fácil ni políticamente popular.
Aunque la dificultad no debería ser una excusa para la omisión, los persistentes obstáculos para establecer un régimen eficaz contra el lavado de dinero en todo el hemisferio reflejan las inevitables deficiencias de este enfoque hacia el crimen organizado y es la razón principal por la cual esta nueva ley no representa un cambio significativo (game-changer). En esencia, no hay la voluntad de implementar estas leyes, especialmente porque conllevan al enjuiciamiento de las principales instituciones financieras del mundo. Los casos presentados contra el HSBC en Estados Unidos y Argentina son ejemplos perfectos de esta falta de voluntad.
Más aún, los defensores de la utilización de las leyes de lavado de dinero para atacar a grupos como el Cartel de Sinaloa y los Zetas raramente explican cómo esto puede contribuir a alcanzar dicho objetivo. Las leyes anti-lavado son muy útiles para dejar al descubierto a políticos corruptos con cuentas bancarias ocultas en otros países, como las de Augusto Pinochet en el Riggs Bank, o para desmantelar las redes de financiación del terrorismo, como ocurrió con Al Qaeda tras los ataques a Estados Unidos el 9 de septiembre de 2011.
No obstante, los grupos criminales son, fundamentalmente, objetivos diferentes a cualquiera de estos casos. Para los políticos, el rastreo de su dinero sucio puede exponerlos como criminales, permitiendo que las protestas de los votantes le den muerte a su vida pública. En este sentido, privarlos de sus riquezas mal habidas es un beneficio secundario; siendo el beneficio principal la pérdida de su puesto público. Empero, los narcotraficantes mexicanos ya están expuestos como criminales, por lo cual viven escondidos. Identificar una red de lavado al servicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán no dice mayor cosa que no se supiera ya de él.
Para los terroristas, las redes financieras existen para facilitar la violencia, por lo cual acabar con su financiación limita su capacidad de asesinar civiles. Para el caso de los narcotraficantes, el cálculo se invierte: la violencia se ejerce para optimizar las ganancias. Como resultado, hacerles más difícil lavar su dinero no limitaría su capacidad para perpetrar actos de violencia (al menos, no en el corto plazo). De hecho, reducir el acceso de los mafiosos al dinero blanqueado podría tener el efecto perverso de alentarlos a compensar sus márgenes de ganancia más pequeños con un mayor volumen de actividad: más narcotráfico, más extorsiones, más secuestros y más robo. En otras palabras, un mayor énfasis en las redes financieras de los grupos criminales –incluso dejando de lado la dificultad en la aplicación de esta estrategia– no conduciría necesariamente a beneficios en la seguridad pública.
Sin embargo, medidas como las que busca ahora Peña Nieto, y en su momento el gobierno de Calderón, siguen siendo populares y es probable que se den más medidas similares. En sí mismo, no hay nada malo con esto, pero estos cambios tienen pocas probabilidades de convertirse en la ventaja decisiva de una estrategia más eficaz de reducción de la violencia.
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