Para facilitar una tregua entre pandillas, el gobierno de El Salvador está violando sus propias leyes. Si bien esto puede parecer como un mal necesario, ignorar la legislación establece un peligroso antecedente en este proceso que se ha visto envuelto en falsedades y evasivas desde el comienzo.
El diario digital El Faro señala que, en virtud de la ley antipandillas, aprobada en septiembre de 2010, el ser un miembro de Barrio 18 o la Mara Salvatrucha (MS13) es en sí un delito, al igual que cualquier negociación con estos grupos. No obstante, las negociaciones con los líderes pandilleros, los movimientos para establecer los planes de trabajo y las ceremonias en las que se entregaron armas, involucraron a funcionarios que tratan directamente con los representantes de estos grupos.
Mientras tanto, los miembros activos de las pandillas que se encuentran libres tienen permiso para entrar en las cárceles para las conferencias de prensa con los líderes encarcelados, y luego salir de nuevo, según El Faro. Como parte de la más reciente fase de la tregua, las autoridades están creando "zonas de paz" (o zonas libres de violencia), en el que las pandillas acordaron detener todo tipo de delito. Para El Faro, estas actividades representan otra violación de la ley de 2010:
Quizá el caso más claro sea el del alcalde de Ilopango [una de las zonas libres de violencia], Salvador Ruano, del partido Arena, que ha admitido que, como parte de sus políticas de prevención de violencia y de reinserción, ha contratado desde mayo de 2012 a pequeños grupos de pandilleros para tareas de recarpeteo de calles o de mitigación de riesgos ante lluvias, y les ha remunerado con fondos municipales. Estas acciones parecen chocar frontalmente con el restrictivo artículo 2 de la Ley de proscripción, que reza: ”Cualquier acto jurídico que (…) realicen estos grupos por medio de sus integrantes u otras personas serán ilícitos, y por lo tanto acarrearán responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes para sus promotores, creadores, organizadores, (…) colaboradores, financistas...”
Como señala El Faro, las acciones del alcalde no parecen estar acarreándole consecuencias legales a él, y al menos otros 21 alcaldes de todo el país se han comprometido a contratar a miembros de pandillas para llevar a cabo obras públicas.
Análisis de InSight Crime
Los homicidios en El Salvador se han reducido casi a la mitad desde marzo de 2012, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las dos principales pandillas del país. Estos grupos han acordado reducir la violencia a cambio de concesiones, incluyendo la transferencia de los líderes encarcelados a prisiones de mínima seguridad y programas integrales de reinserción para sus miembros.
Doblar las reglas y ocultar los hechos parece ser parte de una forma aceptada de lograr la tregua. Las autoridades se mantuvieron en secretismo extremo alrededor del proyecto; primero, negando la existencia de cualquier negociación y luego negando que el gobierno había desempeñado un papel en ella; y finalmente admitiendo, seis meses después de que la historia saliera a la luz pública, que había sido un plan del gobierno desde el principio y que le habían ofrecido concesiones a los líderes de las pandillas a cambio de reducir la violencia.
De hecho, la administración de Mauricio Funes ha parecido más preocupada por lograr la caída en la tasa de homicidios, algo electoralmente vital, que consultar con los salvadoreños o con el Congreso sobre este proceso. Esto pudo haber sido necesario para ganar capital político y así mantener la tregua en marcha. La mayoría de los salvadoreños están en contra, pero ahora están viendo sus beneficios.
Sin embargo, la arbitrariedad de la administración a la ley es preocupante. Las leyes son burladas o simplemente ignoradas. No hay nuevas leyes que se hayan aprobado o que estén siendo consideradas para facilitar el movimiento de los representantes de las pandillas. Los negociadores de la tregua han llamado a que la ley antipandillas sea derogada, pero el presidente Funes rechazó esa opción en diciembre, aunque sí dijo que consideraría la modificaciones de la misma. Y ha habido poca discusión pública de cómo se llevaría a cabo una amnistía, de ser ésta una opción.
La falta de transparencia en el proceso ha generado desconfianza en todas las partes. Si el poder ejecutivo puede simplemente ignorar las leyes cuando quiere, no hay ninguna garantía de que no aplicará cuando sea políticamente conveniente. Este problema sólo empeorará a medida que la tregua continúe.
Se ha propuesto, por ejemplo, ajustar la legislación para permitir a los miembros de pandillas dejar los grupos y rehabilitarse, pero El Faro señala que las pandillas han dejado claro que no están interesadas en desmantelarse, y sólo ofrecen cesar las actividades criminales. Pedro Cruz, un ex jefe de la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía, dijo a El Faro que no se puede derogar la ley hasta que suceda esto: "(…) el accionar criminal sigue siendo una de las actividades naturales de la pandilla. Es una estructura que todavía comete delitos. Menos, pero los comete. Esto es un proceso y cuando en su esencia las pandillas no cometan delitos no habrá por qué proscribirlas, pero mientras lo hagan...”
Hasta que el gobierno de Funes comience a hacer frente a estas difíciles preguntas en conjunto con otros funcionarios electos - y ojalá con figuras de la sociedad civil de todos los niveles- entonces este proceso carecerá de la legitimidad necesaria para lograr una paz sostenible.
SUSCRIBIRME