Por Qué México Debería Eliminar la Ley de Detención Preventiva

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Una prestigiosa ONG ha pedido a México abolir el procedimiento legal conocido como “arraigo”, en el cual los presuntos miembros del crimen organizado pueden ser detenidos sin cargos durante un máximo de 80 días.

Human Rights Watch (HRW), uno de los críticos más persistentes de las políticas de seguridad del gobierno mexicano en los últimos años, pidió al congreso de la nación eliminar la figura del arraigo, que permite a los investigadores pasar hasta 80 días construyendo un caso contra sospechosos bajo custodia sin haberse presentado cargos.

El congreso de México ha estado considerando una propuesta para reducir la detención máxima permitida bajo el arraigo a 40 días, pero según HRW, esta propuesta no va lo suficientemente lejos. La oposición a la figura del arraigo se deriva en gran parte de su potencial de abuso: elementos de las fuerzas de seguridad de México han sido frecuentemente acusados ??de construir un caso fácil contra un sospechoso – contra quien hay poca evidencia – torturando al sospechoso para que confiese.

Como dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco:

La práctica del arraigo contradice algunos de los principios más sagrados de la Constitución de México, como la libertad contra la detención arbitraria, da a los fiscales un incentivo perverso para privar a las personas de su libertad antes de investigarlas a fondo, y socava las salvaguardias básicas contra la tortura.

Análisis de InSight Crime

Las preocupaciones de Vivanco sobre esta cuestión están justificadas. El historial de México en relación al abuso contra los detenidos no es alentador. Desde la elección en 2006 de Felipe Calderón a la presidencia, miles de denuncias de abusos se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como han documentado HRW y otras organizaciones – a menudo con gran detalle – hay cientos de casos de acciones indebidas por parte de diferentes fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y local, que van desde abuso sexual y golpizas hasta desapariciones y asesinatos.

Mientras que el arraigo no hace necesario el abuso en sí mismo, es una norma legal que facilita mucho más el abuso. Por otra parte, las fuerzas de México no han demostrado que son dignas para confiarles una herramienta tan completa.

El uso del arraigo también resalta cómo los cuerpos de investigación de México, con frecuencia, son incapaces de construir casos contra los criminales responsables de la ola de violencia que aqueja al país. Considere el enfoque ideal para rastrear los actores criminales prominentes: el gobierno gasta años investigándolos, acumulando pruebas y construyendo un caso. Entonces, cuando se arresta al actor criminal, los fiscales pueden rápidamente invocar años de esfuerzos de investigación para justificar el arresto, seguido de una pronta acusación. Esto obliga a un cierto grado de disciplina en el gobierno; deben saber exactamente quién es el malo de la película y dónde está operando, pero hasta que no hayan llegado a un umbral para la acusación, no arrestan. Este es el patrón que prevalece en Estados Unidos, Italia y gran parte del mundo occidental.

No obstante, esto no describe a México. El arraigo, con sus 80 días de detención sin cargos, permite a los fiscales esconder la falta de evidencia de mala conducta criminal. En lugar de forzar una medida disciplinar sobre los fiscales y los investigadores policiales, permite e incluso fomenta la pereza. ¿Por qué gastar años construyendo un caso cuando, después de arrestar al “malo” (bad guy), se puede construir un caso sobre la marcha? En este sentido, el arraigo sirve como un soporte, apoyando un sistema judicial decrépito.

Ha surgido evidencia, con una frecuencia alarmante en los últimos años, de esta incapacidad investigativa – de los cuales el arraigo es sólo un ejemplo, aunque uno muy destacado -. Uno de los ejemplos más famosos es Jorge Hank Rhon. El ex alcalde de Tijuana fue detenido en junio de 2011, y en algún momento las autoridades pensaron en encarcelarlo por 40 días bajo el arraigo. Sin embargo, cuando su equipo legal demostró que las autoridades que arrestaron a Rhon habían manipulado la evidencia en su contra, el controversial ex alcalde fue puesto en libertad, para vergüenza del gobierno.

El caso de Hank Rhon también hizo eco al llamado Michoacanazo, en el cual el gobierno utilizó el arraigo para iniciar acciones penales contra 35 diferentes funcionarios estatales y locales en el estado de Michoacán. Todos ellos fueron finalmente puestos en libertad, y los funcionarios de la oposición acusaron al gobierno de abusar del arraigo en todo el proceso. Abundan ejemplos similares del arraigo siendo utilizado en otros casos judiciales que han fallado.

Es también digno de mención que el modelo actual sirve para fomentar la agresión sin sentido por parte de los criminales. Los capos saben que si el gobierno los atrapa, se asegurarán de fabricar un caso, y que el período de arraigo de 80 días les da tiempo suficiente para hacerlo. Muchos notorios criminales viven en la clandestinidad pese a no enfrentar cargos formales. Como resultado, ellos son libres de abandonar cualquier pretexto de vivir dentro de la ley. Una vez que ese pretexto ha sido abandonado, se elimina un importante freno a la violencia. ¿Por qué dudar en matar a otros 10 enemigos, u otros 100, si después de su arresto el gobierno está determinado a construir un caso, con o sin evidencia?

En cambio, en Estados Unidos y otros países, jefes mafiosos saben que el gobierno no va a arrestarlos sin una causa. Esto incentiva un enfoque menos agresivo, porque quieren evitar darle al gobierno más munición probatoria. Es decir, a diferencia de los mexicanos, tienen cuidado de no abandonar el pretexto de un estilo de vida respetuoso de la ley. No es coincidencia que el crimen organizado en estos países represente una amenaza para la seguridad pública mucho más manejable que en México.

En caso de que México suprima la figura del arraigo, no representaría un cambio radical en la seguridad de la nación. Como se ha señalado, el arraigo es sólo un reflejo de un conjunto más amplio de males. Y, sin duda, impondría algunas dificultades a los funcionarios en el corto plazo. Sería más dificil armar casos criminales, el umbral para mantener detenido a un sospechoso sería mayor, y algunas figuras violentas probablemente saldrían libres.

Pero en última instancia, el fin del arraigo obligaría a las autoridades mexicanas a adoptar un nuevo enfoque para perseguir a sus enemigos de las filas del crimen organizado. Este enfoque se basaría en investigaciones más exhaustivas y en un profundo respeto por los Derechos Humanos de los sospechosos y los testigos. Esto sería un importante paso hacia adelante.

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