México ha refutado las conclusiones de una comisión de la ONU sobre las desapariciones forzadas en el país, a la vez que acoge los aportes de un organismo regional de derechos humanos; esto plantea interrogantes acerca de por qué el gobierno está tratando de desacreditar las conclusiones de la comisión de las Naciones Unidas.
El gobierno mexicano ha puesto en entredicho el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus iniciales en inglés), de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), que indica que las desapariciones son un problema generalizado, y que las desapariciones forzadas (que técnicamente se definen como desapariciones que involucran a las fuerzas de seguridad o a otros funcionarios del Estado) han permanecido casi en total impunidad, informó Milenio.
En el informe del CED (pdf), que concluyó el 11 de febrero, el comité expresó su "preocupación por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito".
El CED recomendó que el gobierno mexicano tome una serie de medidas para resolver este problema, incluyendo la creación de una unidad especial de la Procuraduría General de la República, que investigue a funcionarios y agencias estatales y proteja a las personas que denuncien los crímenes. El CED también presionó para que el gobierno mexicano reconozca el papel que le compete en la revisión de casos individuales.
Como respuesta, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que expresa que las conclusiones del comité “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, informó Eje Central.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, le dijo a La Jornada que las recomendaciones del CED tenían ciertas imprecisiones, "lo que nos hace pensar que la revisión no fue todo lo exhaustiva como debió haber sido".
Por otra parte, Meade declaró recientemente que el gobierno atendería los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero el pasado septiembre.
Análisis de InSight Crime
El gobierno mexicano puede tener varios motivos para rechazar las conclusiones y recomendaciones del CED. Las conclusiones del CED ponen al gobierno mexicano en una situación desfavorable y a la vez afectan la campaña del presidente Enrique Peña Nieto por mejorar la imagen internacional del país.
"El informe es muy crítico con respecto al manejo que el gobierno mexicano le ha dado a las desapariciones y las desapariciones forzadas en el país, en un momento en el que el gobierno se siente en la mira en relación con este tema debido a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en septiembre", le dijo a InSight Crime Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés). "Creo que en este momento se encuentra muy a la defensiva", señaló.
Otro punto polémico son las denuncias del CED según las cuales las desapariciones forzadas son un problema generalizado en México, mientras que el gobierno mexicano sostiene que muchas de las desapariciones del país pueden tener otras explicaciones. Jesús Pérez, investigador independiente y experto en crimen organizado en México, le dijo a InSight Crime que México probablemente ha rechazado la solicitud del CED de revisar casos individuales porque podría "arrojar ‘demasiada’ luz sobre temas como el papel de las fuerzas militares en las desapariciones de personas supuestamente vinculadas con el narcotráfico".
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Por otro lado, aunque la CIDH puede hacer recomendaciones sobre el tratamiento que el gobierno le da a las desapariciones en general, su investigación se centra principalmente en el caso de los 43 estudiantes (pdf). Como Meyer le dijo a InSight Crime, el gobierno mexicano ha aceptado participar en esta investigación específica a petición de los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
Es posible también que el gobierno mexicano pretenda mostrarse cooperativo, a la vez que evita sacar sus trapos al sol. "En varias ocasiones el gobierno mexicano ha recibido de buen agrado los escrutinios internacionales sobre su situación de derechos humanos, pero, por otro lado, cuando salen a la luz los informes de los ponentes, o en este caso de un comité, de alguna manera se retracta y busca desacreditar los informes", señaló Meyer.
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