Una creciente oleada de denuncias de corrupción contra gobernadores de los estados mexicanos es un ejemplo de cómo los cambios en el panorama político del país han prestado inadvertidamente un servicio en la ampliación de la participación de estos funcionarios en la connivencia con el crimen organizado.
Como lo señalaron InSight Crime y otras fuentes, un presunto testaferro del grupo criminal Los Zetas acusó al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, de haber aceptado US$2 millones en pagos mensuales a cambio de permitir que la banda abriera cientos de las llamadas "narcotiendas" y virtualmente darles carta blanca para operar en todo el estado. Como parte de la negociación, los Zetas intimidaron y atacaron a los enemigos políticos y comerciales de Moreira, según el testimonio del antiguo miembro de Los Zetas.
Moreira ha negado los cargos, y aunque estos no se han verificado, se ajustan al modelo más general durante el ejercicio de Moreira a la cabeza del gobierno del estado de Coahuila, entre 2005 y 2011. Después de estar operando principalmente como rama del Cartel del Golfo en Tamaulipas, Los Zetas tomaron control de Coahuila en 2007 y 2008. Al hacerlo iniciaron una campaña de secuestros y extorsión sin precedentes en la localidad y convirtieron algunas ciudades, como Torreón, prácticamente en zonas de guerra. Circulan rumores de que Moreira fue el directo responsable del crecimiento descontrolado de los Zetas durante su ejercicio, y desde su salida, los presuntos nexos de Moreira con el grupo criminal han provocado múltiples investigaciones penales, incluyendo algunas condenas en su contra y en contra de algunos subordinados suyos en Estados Unidos.
La nefasta trayectoria de la carrera de Moreira no es inusual. Dos exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, enfrentan acusaciones en Estados Unidos por presunto favorecimiento de grupos criminales. El exgobernador de Veracruz Javier Duarte está prófugo por una serie de casos de corrupción sobre su cabeza, mientras que su homólogo de Sonora, Guillermo Padrés, se entregó a las autoridades mexicanas en noviembre por denuncias similares.
Análisis de InSight Crime
Esta confluencia de historias sobre delitos de gobernadores no es coincidencia, sino más bien consecuencia del sistema político que les concede una autoridad desmedida y muchas veces exenta de vigilancia.
En el sistema político posterior a la Revolución Mexicana, que imperó en el siglo XX, aunque los gobernadores mexicanos gozaban de gran autonomía estrictamente en su jurisdicción, operaban bajo las órdenes de un presidente con poderes casi plenos. El poder de la presidencia constituyó un freno importante para su poder. El sistema multipartidista surgido en las décadas de 1990 y 2000 puso fin a los días de los presidentes con plenos poderes, pero esa apertura tuvo el efecto inadvertido de un aumento enorme al control práctico ejercido por los gobernadores.
No es coincidencia que uno de los primeros ejemplos de los llamados narcogobernadores coincidiera básicamente con el término del monopolio del PRI en la política mexicana. El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva pasó a la clandestinidad unos días antes del final de su mandato en 1999, en medio de rumores generalizados de que a cambio de sobornos —de manera muy similar a lo que se acusa de recibir a Moreira— había dado libre uso de su estado al Cartel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo. Tras su captura en México en 2001, Villanueva fue extraditado a Estados Unidos, donde pagó una larga condena en la cárcel. A comienzos de este mes, Villanueva fue devuelto a México y allí arrestado. Se dice que le espera otro largo encierro.
Hoy en día, son los gobernadores, ya no los presidentes, quienes ejercen control práctico sobre las delegaciones de sus estados en el Congreso. En muchas ocasiones tienen también una influencia importante en los gobiernos municipales de sus estados, pues los alcaldes dependen de ellos para las transferencias presupuestales y como apoyo para avanzar en su carrera política.
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Este cambio en el panorama político durante las dos últimas décadas ha hecho de los gobernadores el séquito más importante de la política mexicana, y con frecuencia se los describe como virreyes de la época actual. Trabajando como unidad, son capaces de mandar al traste la agenda de un presidente.
En consecuencia, se han convertido en un objetivo irresistible para los grupos criminales que buscan aliados en el gobierno. El alcance del poder de los gobernadores los hace ideales para que los grupos criminales intenten corromperlos o cooptarlos. Si una banda se hace al apoyo de un solo gobernador de un estado que controle un puerto o cruce fronterizo importante, puede tener garantizado un rol central en el panorama criminal nacional. La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, por ejemplo, se concentraron mayormente en un solo estado, pero esto fue suficiente para convertirlos en actores de primera plana durante la última década.
Una pandilla puede aprovechar el apoyo de un gobernador clave en muchas formas. Pueden usar su gobierno como especie de cabeza de playa en una expansión territorial, como se dice que hicieron Los Zetas. La mayoría de los gobernadores controlan fuerzas de policía estatales de gran tamaño y relativa eficiencia, que, al desplegarse al servicio de un grupo criminal, pueden ser aliados en extremo valiosos.
Los grupos criminales también pueden usar su apoyo político indirectamente para apoyarse en los gobiernos locales. Los gobernadores pueden ayudar a las pandillas presionando a los fiscales para que limiten los procesos judiciales contra sus miembros, pues muchas leyes dirigidas al crimen organizado están en la jurisdicción de los juzgados estatales. Como interlocutores capitales con el gobierno federal, los gobernadores también pueden obstruir los esfuerzos federales por perseguir a uno u otro grupo.
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Desde la perspectiva de un grupo criminal, los gobernadores también son más asequibles que el presidente. El hecho de que ocupen un perfil más bajo que el presidente hace que sea menos riesgoso tratar con ellos. Además, los gobernadores no están cargados con las prerrogativas del estadista, desde la política monetaria hasta las relaciones exteriores, que limitan el tiempo para enfocarse en temas de seguridad y orden público. En relación con los presidentes, los gobernadores también están más aislados de la presión del gobierno estadounidense para tomar medidas contra los grupos criminales.
Esta dinámica colectiva está detrás del aluvión de casos como el de Moreira y Yarrington, y muchos otros. Aunque gran parte de los comentarios sobre los problemas de seguridad en México se centran en las metas y pasos en falso de la presidencia, gran parte de los esfuerzos del gobierno se canalizan por medio de otros puestos. Y mientras gobernadores de estados claves en México estén defendiendo activamente los intereses de grupos criminales poderosos, como los Zetas, habrá un límite a los logros que puedan alcanzar las políticas federales.
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