Más del 40 por ciento de los presos recluidos en las cárceles brasileñas están bajo detención preventiva, pero sus vidas pueden llegar a arruinarse así nunca sean encontrados culpables de ningún delito.
Francisco* estaba sentado en un sofá viendo televisión y disfrutando de su primer día de vacaciones, cuando la policía, armas en ristre, tumbó la puerta de su casa y varios agentes entraron gritando. Sin saber lo que estaba sucediendo, Francisco, que trabajaba como recolector de basura, no les dijo a los policías inmediatamente que era empleado en el sector formal.
De una experiencia previa (pasó seis meses en un centro de detención preventiva, y luego fue liberado) había aprendido que era peor discutir con los agentes. Su hija de 15 años estaba en el baño, y su esposa y su hija menor, de 5 años de edad, no estaban en casa, ubicada en la costa sur del estado de São Paulo, Brasil.
Este artículo apareció originalmente en Agência Publica y fue traducido, editado y reproducido con permiso. Vea el original en portugués aquí.
Francisco fue esposado y llevado a la comisaría de policía de la Unidad de Homicidios en la ciudad de São Paulo. Sólo entonces se enteró de que una víctima de secuestro había dicho que reconoció el tatuaje en el brazo de Francisco en un álbum de fotos con posibles responsables del delito. Del álbum de la policía en el que aparecían exconvictos, la víctima eligió a Francisco porque era el que físicamente se parecía más a su agresor.
El tatuaje en el brazo de Francisco fue utilizado como evidencia para relacionarlo con un secuestro
A pesar de la evidencia física y de los testimonios que demostraban que él se encontraba trabajando en el momento en que la víctima dijo que había estado secuestrado en otra ciudad, Francisco pasó dos meses en un centro de detención preventiva en São Paulo. Francisco dijo que la celda era “demasiado pequeña” y que en algunos momentos llegó a tener hasta 50 reclusos.
Cuando salió del centro de detención, no pudo recuperar su antiguo trabajo. “Me dijeron que fue porque vendieron la empresa y tuvieron que despedir a algunas personas”, dijo Francisco. Dice que su hija menor llora cada que ve una patrulla de policía en la calle, porque teme que se lo vayan a llevar de nuevo. Su esposa trabaja el doble para conseguir el sostenimiento del hogar mientras él encuentra otro trabajo. Sin embargo, Francisco afirmó que “es muy difícil” encontrar otro trabajo, ya que él todavía no ha sido oficialmente liberado de los cargos.
La historia de Francisco es el rostro humano de la escandalosa cantidad de detenciones preventivas en Brasil. Varias organizaciones de derechos humanos han rechazado el excesivo uso de prisión preventiva en Brasil. Recientemente, Human Rights Watch (HRW), en su Informe Mundial de 2015, señaló el apiñamiento en las cárceles brasileñas, así como reportes de tortura, tratos crueles y una infraestructura deficiente en las instalaciones penitenciarias del país.
En septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas publicó un informe sobre el hacinamiento endémico en las prisiones de Brasil, así como sobre el poco acceso al sistema judicial y la política de encarcelamiento que funciona como regla, más que como excepción, incluso en casos de delitos menores o no violentos.
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Un “mapa de prisiones” elaborado por la organización de derechos humanos Conectas muestra que la tasa de encarcelamiento en Brasil aumentó 317 por ciento entre 1992 y 2013, pasando de 74 a 301 presos por cada 100.000 personas.
Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, sólo por debajo de Estados Unidos, China y Rusia.
En junio de 2013, según las últimas estadísticas sobre prisiones, del Ministerio de Justicia de Brasil, había más de 581.000 personas en las instalaciones penitenciarias del país —casi el doble de la capacidad máxima, que es de 351.000—, y el 41 por ciento de esos reclusos se encontraban en encarcelamiento preventivo.
En el estado de Amazonas, al noreste del país, más del 70 por ciento de los reclusos están en detención preventiva; en São Paulo la cifra es de 36 por ciento, según el Ministerio de Justicia.
Pero según Bruno Shimizu, defensor del pueblo del Instituto de Prisiones de São Paulo, el número de personas en detención preventiva es mayor, porque las autoridades sólo cuentan aquellas que aún no han comenzado un juicio y no incluyen a los detenidos que ya se encuentran en procesos judiciales.
Una investigación conjunta del Departamento Penitenciario Nacional y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Depen e IPEA, respectivamente, por sus iniciales en portugués) reveló que, en el 37,2 por ciento de los casos de detención preventiva, los presos no reciben penas de prisión, o bien sus sentencias son más cortas que lo que duran sus detenciones preventivas.
Detención preventiva, ¿por el bien común?
“Brasil es reconocido internacionalmente como un país que tiene un número demasiado alto de presos en detención preventiva. Según la Constitución, la detención preventiva se debe dar en casos excepcionales, pero en la práctica es una regla. Sirve como una forma de castigo, y a la vez como una forma de contención social”, dijo Patrick Cacicedo, defensor del pueblo y coordinador del Instituto de Prisiones.
Cacicedo explicó que, por ley, la detención preventiva debe servir para garantizar que los procesos judiciales avancen normalmente.
“Bajo la ley constitucional, se debe acudir a la detención preventiva únicamente si hay pruebas concretas de que el sospechoso ralentizará el proceso judicial de alguna manera, si hay riesgo de que huya, si el delito cometido atenta contra la economía nacional, o para garantizar el orden público”.
La denominación “orden público” es lo que hace que la mayoría de los acusados terminen en prisión preventiva. “Nadie sabe qué significa realmente 'orden público'. Éste es un término vago. Cuando las autoridades no tienen un motivo concreto para enviar a alguien a prisión preventiva [y casi nunca lo tienen], la mayoría de las veces usan esa cláusula”, señaló Cacicedo.
Según un estudio realizado en 2012 por el Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía (ITTC), en muchas ocasiones la comunicación inicial entre un abogado defensor y un sospechoso se puede dar meses después de que éste ha sido enviado a prisión.
Leyes más indulgentes, pero con mayor número de reclusos
Una ley emitida en el año 2011 intentó reducir la tasa de detenciones preventivas. La ley prohibía este tipo de detenciones en aquellos casos en los que el juicio no daría lugar a condenas en la cárcel. La ley también estableció castigos alternativos a las penas de prisión. Sin embargo, según los defensores del pueblo, esta ley ha encarcelado a más sospechosos de los que ha liberado.
“Descubrimos que muchos sospechosos fueron detenidos de manera preventiva porque no podían pagar la fianza”.
“Las fianzas se convirtieron en un factor mucho más decisivo bajo esta nueva ley. Para que alguien no recibiera detención preventiva, tenía que pagar cierta cantidad de dinero”, señaló Cacicedo.
“La nueva ley aumentó el número de delitos caucionables y por lo tanto el uso de la libertad bajo fianza. Pero quienes no pueden pagar fianzas terminan en la cárcel. He visto muchos casos judiciales en los que esto ocurre”, dijo Marcelo Semer, expresidente de la Asociación de Jueces para la Democracia.
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Otras estrategias para reducir la detención preventiva también han fracasado. “Se creyó que las pulseras electrónicas serían una manera de reducir las tasas de encarcelamiento, pero hoy en día se utilizan como otra forma de castigo para etiquetar a aquellos que por ley deberían estar libres de vigilancia estatal”, explicó Gabriela Ferraz, abogada del ITTC.
Cacicedo señaló que la Defensoría del Pueblo de São Paulo fue invitada a participar en una discusión sobre el uso de brazaletes electrónicos en una reunión pública de la Asamblea Legislativa, donde observó una particularidad en el público.
“Entre el público había mucha gente bien vestida. Cuando llegó el momento de las preguntas, todos los que levantaron la mano eran representantes de empresas distribuidoras de pulseras electrónicas y todos estaban ansiosos por hacer una oferta para un contrato con el gobierno”.
“Lo que me devolvió el Estado”
Doña Rosa* llegó al Centro de “Madres de Prisioneros” (fundado por la rapera Andreia M.F. en la ciudad de Praia Grande, estado de São Paulo), con varios documentos en la mano. Los informes médicos que llevaba describían los problemas que su nieto había padecido desde que salió de un centro de detención preventiva hace más de cinco años.
Doña Rosa, cuyo nieto pasó dos años en detención preventiva
Doña Rosa relató que cuando su nieto tenía 18 años fue detenido por la policía durante una redada en una barbería, junto con unos traficantes de droga de poca monta. Pasó dos años en el centro de detención.
“Cuando salió de allí ya no era el mismo. Sentí que se distanciaba cada vez más de mí, ¿sabes? Cuando iba a hablar con él, ni siquiera parecía darse cuenta de que yo estaba allí; me pedía que me fuera”.
Cuando salió del centro de detención, su nieto no reconocía a nadie, dijo doña Rosa. No quería trabajar, y las pocas veces que abría la boca era para decir que estaba sufriendo, que se iba a morir, o para discutir con ella.
“Nunca sufrió de ningún tipo de enfermedad mental, pero ahora el doctor dice que es esquizofrénico. Destrozó toda mi casa, incluso me sacó de allí. Vendo camarones en la playa y ni siquiera me deja entrar a la casa a cocinar. Duermo en una habitación pequeña al lado de la casa, y no sé cómo me las arreglaré”.
“Una vez lo hospitalizaron, pero le dieron de alta un mes más tarde. No le gusta tomar las medicinas; no quiere seguir los tratamientos. Ahora anda en la calle con otros chicos, donde hay policías. ¿Ves?, este es el chico que el Estado me devolvió”.
* Los nombres de algunos entrevistados en este artículo fueron cambiados para conservar su anonimato.
**Este artículo fue editado, traducido y reproducido con permiso de Agência Publica. Vea el original en portugués aquí.
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