Preocupación por respuesta de las fuerzas de seguridad ante ola de violencia en Medellín

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Las autoridades de Colombia están respondiendo a una reciente ola de violencia en la ciudad de Medellín con grandes operativos de las fuerzas de seguridad, así como detenciones selectivas de jefes criminales, pero no es claro cuáles son los factores que están generando los enfrentamientos, y la estrategia de seguridad podría agravar las tensiones.

Durante las dos últimas semanas de abril, una serie de homicidios y violentos enfrentamientos entre grupos criminales en el noroeste de Medellín han llevado a los funcionarios de seguridad a desplegar más de mil policías y soldados para que patrullen la zona, y adelantar la persecución de los principales jefes criminales.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, el brote de violencia, que ha incluido frecuentes tiroteos y el incendio de un autobús y de un taxi, es parte de un plan entre los grupos criminales para “generar terror“.

Gutiérrez menciona conversaciones entre jefes criminales, que fueron interceptadas por la Fiscalía General de la República, como evidencia de que los grupos criminales se están coordinando para “desestabilizar la seguridad” de la ciudad tras los recientes arrestos de varios importantes líderes de la red criminal conocida como la Oficina de Envigado.

En respuesta, el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, anunció el 25 de abril que se desplegarían 300 policías y 120 soldados en varios barrios de una zona conocida como la Comuna 13, así como en la Comuna 7 y en el barrio Altavista.

El 30 de abril, funcionarios de seguridad locales y nacionales, entre ellos jefes de la policía y el ejército de Colombia, anunciaron que en la zona se desplegarán refuerzos de al menos 500 policías más y un número no especificado de soldados.

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Además de los masivos despliegues, los funcionarios de seguridad anunciaron que están tras una nueva lista de los diez jefes criminales más buscados en la ciudad. La lista incluye a Juan Manuel Piedrahíta Giraldo, alias “Juancito”, quien fue arrestado el 1 de mayo después de ser identificado por las autoridades como el principal instigador de la ola de violencia en la Comuna 13.

Juancito, el presunto jefe del grupo criminal Betania, de la Comuna 13, está acusado de ordenar los recientes ataques al transporte público, distribuir panfletos amenazantes e instigar violentos enfrentamientos contra grupos rivales por el control territorial.

El 2 de mayo, un día después del arresto de Juancito, las autoridades arrestaron a otro jefe de la lista de los más buscados: Iván Cardona Gallego, alias “Cucho Iván” y “El Mono”, presunto jefe de finanzas del grupo criminal Robledo, que se cree que opera en las comunas 13 y 7.

La policía de Medellín también ha arrestado a 25 presuntos integrantes de grupos criminales y ha confiscado decenas de armas en las zonas ocupadas.

Análisis de InSight Crime

Los funcionarios de seguridad colombianos han respondido al reciente repunte de la violencia en el noroeste de Medellín desplegando una gran cantidad de policías y soldados con el fin de evitar más actos de violencia y efectuar arrestos. Sin embargo, con esta estrategia pueden estar inadvertidamente generando mayor inseguridad, en tanto se desconocen los factores que generan la violencia.

La Comuna 13 ha sido reconocida en los últimos años por ser ejemplo de la “transformación” positiva de Medellín, que pasó de ser una de las ciudades más violentas del mundo a una metrópoli relativamente segura y próspera. Diversos factores confluyeron en la disminución de la violencia, como las estrategias innovadoras para la política de seguridad, por parte tanto de los responsables políticos como de los ciudadanos del común, y gracias a una tregua que se dio en 2013 entre la Oficina de Envigado y el poderoso grupo criminal Los Urabeños.

Pero la estabilidad generada en el hampa gracias a la tregua puede estarse acabando ahora, dado que los arrestos están generando vacíos de poder en la criminalidad de Medellín.

En los últimos tres años, las autoridades de la ciudad han detenido a casi 2.500 miembros de los grupos criminales y a 96 de sus cabecillas, entre ellos a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, una importante figura de la Oficina de Envigado.

Este tipo de arrestos pueden estar generando divisiones al interior de la organización criminal. Según algunos analistas, es posible que los recientes enfrentamientos en el noroeste de Medellín se estén dando entre una facción de la Oficina que ha permanecido fiel a su jefe, actualmente en la cárcel, Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, y grupos disidentes que han estado intentando apropiarse del poder.

Claudia Carrasquilla, fiscal nacional contra el crimen organizado, concuerda con esta teoría. En un informe de El Espectador, Carrasquilla señala que los enfrentamientos territoriales posiblemente se dan como resultado de conflictos internos entre bandas pequeñas vinculadas a La Oficina, conocidas como La Agonía, La Pradera, El Coco, La Torre y Betania. Según Carrasquilla, estas pandillas locales probablemente se están enfrentando por el control de lucrativas actividades de microtráfico y extorsión.

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Sin embargo, algunos residentes de la Comuna 13 han señalado que en los violentos enfrentamientos pueden estar implicados grandes actores criminales, en lugar de ser simples disputas entre pandillas locales respaldadas por La Oficina. Según Noticias Caracol, los residentes afirman que miembros de Los Urabeños y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en proceso de desmovilización, pueden estarse alineando con bandas locales. Tobón, el secretario de seguridad de Medellín, ha negado estas declaraciones, y por el contrario afirma que, como las operaciones de seguridad están debilitando las pandillas locales, los “bandidos desesperados” están inventando historias acerca de la participación de las FARC o Los Urabeños, con el fin de generar temor entre la población.

Aunque aún no está claro cuáles grupos criminales están haciendo parte de esta ola de violencia y por qué, lo que sí se sabe es que los residentes de la Comuna 13 están inquietos por la estrategia de seguridad militarizada que las autoridades están tomando.

Aunque los líderes comunitarios piden mayor presencia policial, a la vez expresan su preocupación por que el despliegue militar podría conducir a una ocupación similar a las dos operaciones que se dieron en la primera década de este siglo, durante las cuales las fuerzas de seguridad violaron los derechos humanos de los habitantes, informó Caracol.

Tobón, Gutiérrez y el defensor del pueblo de Medellín, Carlos Negret, han intentado tranquilizar a los residentes de la Comuna 13, asegurando que no habrá una intervención militar como la del pasado, sino que el ejército se está desplegando para apoyar las operaciones policiales.

Si bien la respuesta a la creciente violencia se ha centrado principalmente en las operaciones de seguridad de mano dura, Gutiérrez ha enfatizado reiteradamente en los últimos días que su gobierno ha invertido casi medio billón de pesos en proyectos sociales en la Comuna 13 en los últimos dos años y que seguirá apoyando estas iniciativas.

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