En medio de un repunte en los crímenes violentos y el ahondamiento de la crisis económica, los funcionarios brasileños planean asegurar a Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos con el despliegue de 85.000 soldados y policías. Aunque se espera que este ejército virtual de seguridad mantenga a raya los elementos criminales durante los juegos, a largo plazo el panorama de seguridad de la ciudad sigue siendo sombrío.
Altos funcionarios han dado a entender que el despliegue masivo incluirá la ocupación temporal de varias de las favelas marginadas de mayor tamaño en Río en un esfuerzo por contener, mientras se desarrollan los juegos, las pandillas criminales organizadas asentadas en esas zonas.
Los asaltos a deportistas han desatado preocupaciones por el crimen y la seguridad en los Juegos Olímpicos que se realizarán en agosto y los Paralímpicos, en septiembre. El 19 de junio, dos integrantes del equipo paralímpico australiano fueron robados en Río de Janeiro mientras se entrenaban para los próximos juegos. El incidente no ocurrio en una zona aislada de la ciudad a altas horas de la noche, sino a las 7:30 a.m. cerca de la playa Flamengo en los exclusivos barrios del sur de Río. Antes de eso, tres integrantes del equipo olímpico de vela español fueron atracados en la ciudad en el mes de mayo.
Tras el incidente más reciente, el equipo olímpico australiano urgió a las autoridades brasileñas para que implementen su estrategia de seguridad para los Olímpicos antes de lo previsto. Con la ceremonia de apertura fijada para el 5 de agosto, sin embargo, un gobierno de Río corto de recursos declaró un “estado de calamidad” el 17 de junio en medio de una crisis económica y de seguridad, y advirtió que no tendrá los recursos para completar varios proyectos de construcción y garantizar la seguridad pública.
Desde entonces se concedió al estado de Río un salvavidas en la forma de un préstamo de emergencia por US$850 millones por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero con los tiroteos que se presentan casi a diario en la ciudad entre la policía y los grupos del crimen organizado, incluyendo las cercanías de las sedes olímpicas, no todo el mundo está convencido. El antiguo astro del fútbol brasileño Rivaldo ha aconsejado abiertamente a los extranjeros que no asistan a los juegos. Y el 28 de junio, la BBC informó que agentes de policía fuera de servicio se encontraban estacionados en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro con una gran pancarta que decía: “Welcome to Hell. Police and firefighters don’t get paid, whoever comes to Río de Janeiro will not be safe” (“Bienvenidos al infierno. Los policías y bomberos no reciben su paga, quien venga a Río de Janeiro no estará seguro”).
Los atracos a deportistas extranjeros son sintomáticos de una crisis de seguridad más amplia que afecta a la ciudad y al estado de Río de Janeiro. Desde el comienzo de 2016, ha habido un incremento importante de los crímenes violentos en Río. Según una nota de O Globo, los homicidios en todo el estado han aumentado en 15 por ciento desde comienzos del año. O Dia informó que el estado registró un incremento de 28 por ciento en las muertes ligadas a asaltos en el primer trimestre de 2016.
Los tiroteos entre agentes de la policía y grupos del crimen organizado también han aumentado visiblemente. Citando una intensificación de las disputas territoriales entre los tres grupos más grandes de la ciudad —Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA)— Folha informó que 192 agentes de policía en la ciudad han resultado heridos de bala durante el primer semestre de 2016, incremento importante desde 108 agentes baleados en el mismo período en 2015, y 61 en 2014.
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Según el blog de seguimiento del crimen en Río, Pauta do Dia, 55 agentes de policía en servicio y fuera de servicio han caído muertos en 2016 hasta el 28 de junio, una cifra mayor a las 12 muertes ocurridas en los primeros 5 meses y medio de 2015. Quizás una señal del fracaso de la estrategia de seguridad en la ciudad: más de una tercera parte de los ataques contra agentes en 2016 se han reportado en lo que las autoridades llaman favelas “pacificadas”.
Fuera de las favelas de las laderas, también se han presentado balaceras cerca de las sedes olímpicas que pronto serán frecuentadas por turistas y deportistas extranjeros. En los alrededores del icónico estadio de Maracanã, el parque olímpico de Barra da Tijuca, y cerca de la estatua del Cristo Redentor se han registrado tiroteos entre grupos del crimen organizado y la policía; uno de esos encuentros obligó a cerrar temporalmente una estación del metro en el norte de Río.
En el ataque más descarado, 20 delincuentes pertenecientes al CV irrumpieron en el hospital Souza Aguiar en el centro de Río armados con rifles de asalto y granadas para rescatar a un capo del crimen local que se encontraba bajo custodia policial en el lugar. En el proceso, los atacantes mataron a un paciente. El hospital ya había sido señalado como uno de los establecimientos para la atención de los turistas durante los juegos.
El aumento de la criminalidad en Río viene a sumarse a la crisis económica en aumento, que ha precipitado varios recortes del presupuesto para seguridad. Altamente dependientes de los ingresos del petróleo, las arcas del gobierno estatal se han visto duramente golpeadas por la caída en el precio global de la materia prima. En marzo, el gobierno de Río de Janeiro anunció un recorte de 32 por ciento en el presupuesto de seguridad del estado, y el secretario de seguridad estatal José Mariano Beltrame advirtió que la inversión en seguridad pública era “prácticamente nula”.
Desde marzo, se han presentado informes de que cortes presupuestales adicionales afectan las estaciones de policía, y se dice que algunos agentes están llevando su propia agua y papel higiénico al trabajo. Descontentos por los atrasos en sus pagos salariales, la policía y los servidores civiles de la ciudad entraron en huelga en abril. Aunque la reciente declaración de insolvencia federal del gobierno de Río puede haber aplazado un colapso total en términos económicos y de seguridad antes de los juegos, quedan dudas sobre la estrategia general de seguridad de la ciudad durante y después de los Olímpicos.
Los recortes en subvenciones han precisado varias modificaciones en la estrategia de seguridad de la ciudad con miras a los Olímpicos. Después del anuncio previo de la inminente ocupación de varias favelas de la ciudad a tiempo para los Olímpicos, el gobierno local ha desacelerado sus planes de seguridad. Sin embargo, en mayo, Beltrame dejó entrever que el ejército ocupará de manera temporal seis de las favelas de la ciudad por la duración de los juegos.
Con este continuo tira y afloje, no es claro si el comité de seguridad regional (Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional en portugués), que supervisa los preparativos de seguridad para los eventos deportivos, tiene un plan de seguridad concreto a seis semanas del inicio de las contiendas deportivas. Sin embargo, Beltrame ha dejado claro que la policía de Río necesitará refuerzos del ejército y la policía federal para garantizar la seguridad durante los Olímpicos y los Paralímpicos.
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El gobernador interino de Río Francisco Dornelles le solicitó recientemente al gobierno federal que desplegara el ejército en la ciudad durante tres meses, a partir del 24 de julio, un tiempo más prolongado de lo que se concibió anteriormente.
Pese a estas limitaciones, se ha programado el despliegue en toda la ciudad de una fuerza estimada de 85.000 agentes de seguridad, incluyendo a 38.000 soldados. Se dice que ellos tendrán apoyo de un satélite israelí de grado militar que ya sobrevuela la ciudad y puede monitorear a personas, objetos y vehículos sospechosos. El monitoreo y los destacamentos se centrarán en las áreas interiores y circundantes de las sedes olímpicas, así como en vías de acceso claves, como las vías roja y amarilla (Linha Vermelha, Linha Amarela), la Avenida Brasil, y el aeropuerto internacional Galeão.
Pero en su mayor parte, el gobierno de Río ha optado por la cantidad por encima de la calidad en su intento de garantizar la seguridad y la protección durante los juegos. El número total de soldados y policías en la ciudad puede mitigar sustancialmente la amenaza de crímenes violentos, incluidos asaltos y homicidios. También las posibles ocupaciones de favelas podrían mantener a raya a los grupos del crimen organizado, al menos temporalmente.
Sin embargo, luego de las ceremonias de clausura, es posible que la seguridad pública en Río siga siendo un problema a largo plazo. Con la profunda recesión de las economías estatal y nacional, es poco probable que haya un pronto desembolso de presupuesto adicional para un apremiante reacondicionamiento en Río. Así las cosas, luego de los Olímpicos se espera que se reanude la actual tendencia ascendente en los homicidios y otros crímenes violentos, así como el resurgimiento de grupos del crimen organizado.
*Lloyd Belton es analista político y de riesgo país para la firma de consultoría S-RM.
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