A la vez que arremete contra las pandillas, el presidente de Honduras ignora las acusaciones de narcotráfico contra miembros de su familia y funcionarios de su partido, que se encuentra actualmente en el poder, lo que genera dudas acerca de si desea hacer frente a la corrupción que involucra a su círculo cercano.
Desde finales de enero, el presidente Juan Orlando Hernández envió al ejército y a la policía nacional a las calles para enfrentar pandillas como la MS13. En medio de este despliegue de poder, Hernández ha dicho que su país necesita aumentar la presencia de sus fuerzas de seguridad, incluidas las unidades élite.
Además, Hernández está promoviendo la creación de una prisión de máxima seguridad en un lugar remoto y sin comunicación satelital, pues afirma que las prisiones del país son "insuficientes para tantos criminales capturados", como lo indica un informe de La Prensa.
El énfasis del presidente en las medidas de seguridad de línea dura y en la lucha contra las pandillas se presenta poco después de que los fiscales federales estadounidenses acusaran a dos alcaldes hondureños de ingresar "grandes cantidades de cocaína" a Estados Unidos y de usar "armamento pesado", como ametralladoras, para proteger los cargamentos de drogas, a la vez que trabajaban con otros traficantes en Colombia, Guatemala, Honduras y México.
Los fiscales afirman que Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, en el departamento de Copán, ubicado al occidente de Honduras, en la frontera con Guatemala, tuvo acceso al menos a un laboratorio de cocaína y a una pista aérea clandestina.
Según la acusación, Ardón Soriano "aprovechó su poder para cobrar un impuesto por cada kilogramo" en los cargamentos de cocaína que eran transportados por otros traficantes a través de la zona bajo su control. Además, supuestamente utilizó algunas de sus ganancias de las drogas para "financiar campañas políticas en Honduras" para él y algunos de sus socios.
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Ardón Soriano también fue acusado de participar en negocios sucios durante las elecciones presidenciales de Honduras en 2013, con el fin de favorecer al candidato del Partido Nacional en ese momento, el presidente Hernández. Supuestamente ayudó a intimidar a los votantes y a impedir el acceso a los centros de votación. Hernández obtuvo más del 80 por ciento de los votos y llegó a la presidencia.
Otro acusado de crímenes de narcotráfico federales es Mario José Cálix Hernández, exalcalde de Gracias, en el departamento de Lempira, al occidente del país, en la frontera con El Salvador. En la acusación, los fiscales afirman que él facilitó cargamentos de cocaína y trabajó con narcotraficantes que supuestamente sobornaron a funcionarios públicos, entre los que incluso se encontraban miembros del Congreso Nacional y de la Policía Nacional.
Cálix Hernández es primo de la directora de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras, Soraya Cálix. Según las autoridades, su coconspirador fue el excongresista hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente Hernández.
Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Tony Hernández en noviembre de 2018 por cargos relacionados con drogas. Los fiscales sostienen que él era un "narcotraficante a gran escala" que llegó incluso a estampar sus iniciales en los cargamentos de drogas que dirigía.
Análisis de InSight Crime
Aparte de reaccionar ante la detención de su hermano, el presidente Hernández no se ha pronunciado frente a la cantidad de funcionarios hondureños acusados de narcotráfico, los más recientes de los cuales son Ardón Soriano y Cálix Hernández.
En 2018, las autoridades estadounidenses acusaron a Midence Oquelí Martínez Turcios, excongresista del Partido Nacional, de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Previamente, en agosto de 2017, el exministro de Inversiones de la administración Hernández, Yankel Rosenthal, se había declarado culpable de los cargos imputados por Estados Unidos, según los cuales él lavó dinero de las drogas.
Entre tanto, Hernández ha optado por arremeter contra las pandillas, en lugar de enfrentar a los funcionarios del gobierno supuestamente corruptos y relacionados con los grupos narcotraficantes del país.
En noviembre de 2017, Hernández fue reelegido luego de unas reñidas votaciones, tras las cuales hubo denuncias de fraude, así como violentas represiones contra los manifestantes.
"Es totalmente inverosímil que Hernández no tuviera conocimiento de las presuntas actividades criminales de estas personas recientemente acusadas o de los proyectos criminales de su hermano", dijo Dana Frank, profesora de la Universidad de California en Santa Cruz, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a InSight Crime.
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Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de Ciencias Políticas en Washington College, afirma que las acusaciones recientes contra dos exalcaldes relacionados con Hernández muestran la "putrefacción sistémica" del establecimiento político del país.
"Las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico han permeado las instituciones estatales de Honduras en todos los niveles", agregó.
A pesar de todo, Hernández sigue siendo considerado por Estados Unidos como un importante aliado regional en cuestiones de seguridad y lucha contra las drogas.
Pero Wade dice que "el aumento de los cargos criminales en los tribunales estadounidenses", además de lo que Ardón Soriano podría revelar cooperando con las autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), puede hacer que las malas actuaciones de quienes rodean a Hernández sean "más difíciles de ignorar".
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