Presidente de Guatemala pone a Trump en jaque tras arriesgada movida contra la CICIG

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Tras haber declarado persona non grata al director de una comisión de las Naciones Unidas en su país, en medio de las investigaciones sobre donaciones de narcotraficantes a su campaña, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, puede estar entrando en decadencia moral. ¿Tiene la administración Trump la autoridad moral, o la intención, de oponerse a una medida desesperada para obstaculizar la justicia?

A través de un corto video (que se puede ver abajo) en la mañana del 27 de agosto, Morales anunció su decisión de destituir al comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dijo que la decisión se tomó para “defender el Estado de derecho”. Añadió que el comisionado, quien es de nacionalidad colombiana, debería abandonar el país inmediatamente.

Decenas de guatemaltecos se congregaron frente al palacio presidencial para protestar por la decisión, y el presidente les ha ordenado a los policías que suspendan sus licencias y vuelvan a sus trabajos.

La medida extraordinaria del asediado presidente guatemalteco se produce sólo dos días después de que Velásquez y la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana presentaran el esquema general de una investigación sobre contribuciones ilegales a la campaña presidencial de Morales y pidieran que el Congreso removiera la inmunidad del presidente, de modo que pudieran continuar con sus intentos de enjuiciar a Morales y a otros políticos. El día anterior, ambos habían anunciado que también estaban investigando a los políticos de otros partidos importantes durante ese mismo período electoral.

Y mientras eso sucedía, Morales se reunió el 25 de agosto en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien después de esa reunión reiteró su decidido apoyo a Velásquez. La ONU es el respaldo oficial de Velásquez y de la CICIG, organismo que, entre otras cosas, enjuicia casos de corrupción y crimen organizado, en conjunto con el Ministerio Público de Guatemala.

La CICIG es considerada un modelo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, especialmente la que se presenta en el interior de un Estado como el de Guatemala. Por ejemplo, la comisión promovió la investigación que en el año 2015 llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes están actualmente en la cárcel mientras su caso sigue su curso en el sistema judicial.

El gobierno de Estados Unidos ha sido el principal soporte político y financiero de la CICIG, contribuyendo casi la mitad de su presupuesto anual de US$12 millones desde que comenzó en 2007. Y a pesar de los temores de que la administración Trump aplacaría las fuerzas más oscuras del país, los funcionarios de Trump han señalado claramente su apoyo a la comisión.

La decisión de Morales cambia las reglas del juego, obligando a Estados Unidos a tomar una posición más fuerte o a retirarse ante un claro intento de obstruir la justicia. El presidente de Guatemala parece estar acorralado y está jugando su última carta para salvar a su gobierno.

Y ello se debe a que el caso contra Morales, que parece estar íntimamente conectado con el crimen organizado, podría ser nefasto para él. El caso presuntamente involucra a un exfuncionario de las fuerzas especiales del ejército que ahora es narcotraficante, quien podría haber financiado la campaña de Morales, pues suponía que ello le daría cierto nivel de protección. Pero cuando no ocurrió así —y cuando fue capturado y extraditado—, él entregó al presidente y a su partido político, que de hecho fue creado por exfuncionarios del ejército.

El enojo de Morales con la CICIG surgió antes de que la comisión comenzara a investigar las contribuciones de las campañas de él y otros candidatos. La comisión y el Ministerio Público también están investigando al hermano del presidente y a su hijo por malversación y corrupción. Ambos fueron arrestados en el mes de enero.

Estados Unidos ha respaldado siempre pública y decididamente a la CICIG y a la fiscal general Aldana, pero nunca ha enfrentado un reto como este. (Aldana dijo que dimitiría si Morales obligaba a Velásquez a retirarse, y si ella dimite, Morales estaría matando dos pájaros de un solo tiro).

La ONU ya ha expresado su posición, diciendo que el secretario general está “consternado“; en una declaración conjunta, Estados Unidos y varias embajadas europeas que apoyan a la CICIG repudiaron la medida, y el representante ante el Congreso de Estados Unidos Eliot L. Engel (Demócrata-NY), miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también criticó la decisión, señalando que Estados Unidos “debe examinar el futuro de nuestra ayuda externa” con Guatemala, según ABC News.

Pero la voz que realmente importa es la de Trump, quien por supuesto está encarando las investigaciones en torno a su propia campaña, por servidores públicos y fiscales igualmente comprometidos, a uno de los cuales despidió de una manera similar a como Morales está actuando ahora. No hay dudas de que los funcionarios de la administración Trump seguirán señalado las acciones de Morales de ir en contra de la democracia y el Estado de derecho, y de hecho así deben hacerlo, pero estos señalamientos tienen poco peso, pues su propio jefe está llevando a cabo una campaña contra quienes serían los fiscales que investigarían la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos.

Morales tiene mucho en común con su homólogo estadounidense, aparte de su victoria electoral aparentemente viciada y de sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones. Como excomediante de la televisión del país, aprovechó su fama en las pantallas para hacer una rápida carrera hacia la presidencia.

Sustentado en su imagen de “independiente”, y con una vasta experiencia ante las cámaras de televisión, Morales derrocó fácilmente en las urnas a la exprimera dama, quien, según muchos, continuaría las prácticas corruptas de los gobiernos anteriores. Si bien Morales no buscó directamente el apoyo de elementos extremistas del electorado como lo hizo Trump, sí tenía su propia versión de “black face” (un tipo de comedia que se mofa de las personas de raza negra), que utilizó como parte de sus sátiras en televisión. Guatemala no tiene movimientos de supremacía blanca, pero sí tiene una larga historia de racismo institucional, especialmente contra las comunidades indígenas.

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Pero, aunque sean similares, es probable que Trump aseste un golpe a su vecino si considera que esto le permitiría avanzar en su agenda personal (véase las relaciones entre Estados Unidos y México). Pero la política exterior de Trump, “Estados Unidos primero”, no da suficientes indicios acerca de qué dirección va a tomar.

Lo que hemos visto hasta ahora es que “Estados Unidos primero” significa muchas cosas. Puede significar sancionar a los gobiernos, como Estados Unidos lo ha hecho con Venezuela, tratando de presionar a ese gobierno para que revierta su decisión de acabar lo que quedaba de la democracia.

Pero “Estados Unidos primero” también significa quedarse callado, o incluso proveer apoyo, mientras otros cometen atrocidades (véase Siria), violan los derechos humanos y cometen ejecuciones extrajudiciales (véase Filipinas), o sistemáticamente socavan la democracia en su propio país o en otras naciones (véase Rusia).

Como en el caso de Venezuela, Trump puede dejar este asunto en manos de sus subordinados y el Congreso, lo que probablemente significaría fuertes reproches y posibles sanciones económicas. En una declaración conjunta el 23 de agosto, antes del anuncio de Morales de que revocaría el estatus diplomático de Velásquez, el representante Engel, la representante Ileana Ros-Lehtinen (Republicana-FL), el presidente emérito del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, y el representante Albio Sires (Demócrata-NJ), miembro del Subcomité para Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental, le dijeron al Congreso que reconsiderarían su multimillonario paquete de ayuda a la región, parte del cual estaría dirigido a Guatemala.

“La destitución del comisionado Velásquez obligará a los miembros del Congreso a tomar duras decisiones con respecto a la cantidad y naturaleza de la asistencia extranjera a Guatemala en el futuro”, escribieron.

Pero parece menos probable que se recurra a las duras medidas diplomáticas, especialmente dado que el Departamento de Estado es una sombra de lo que solía ser; el embajador Todd Robinson, activo partidario de la CICIG, está terminando su mandato; y, lo más importante, la administración Trump no tiene una política exterior coherente.

Además, formular una clara postura moral contra la corrupción y a favor del Estado de derecho va a parecer ridículo, especialmente dado que Trump está intentando socavar las investigaciones sobre su propia conducta, de la misma forma en que lo está haciendo Morales. De hecho, Morales parece estar pidiendo que la administración Trump muestre sus cartas del juego, pero quizá Trump se está quedando sin cartas.

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