Presidente de Nicaragua habría ordenado a ‘parapolicías’ asesinar a manifestantes

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Un antiguo alto oficial de la Policía en Nicaragua afirma que los escuadrones de civiles que reprimieron brutalmente a los manifestantes contra el gobierno estaban integrados por agentes de policía bajo el mando del gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del aparato de seguridad del país.

El exprimer comisionado de la Policía Francisco Díaz declaró al diario noruego Dagbladet que los llamados grupos parapoliciales no eran simplemente civiles simpatizantes del gobierno, sino una fuerza organizada que operaba dentro de la Policía nacional. Los escuadrones tenían un comando central y estaban bajo la dirección del gobiernista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluido el presidente nicaragüense Daniel Ortega, según un reportaje de Confidencial.

Estos cuerpos constituían un “ejército paralelo” creado por Ortega y formado por agentes de policía encubiertos en violación de la ley nicaragüense y la constitución del país centroamericano, según Díaz.

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Más aún, Ortega también presuntamente ordenó a investigadores criminales experimentados pertenecientes a la policía que encontraran y “eliminaran” a los líderes de la oposición, según otro exoficial de policía que sirvió durante 20 años a la institución y ahora está exiliado en México, informó Confidencial en otro artículo.

La orden supuestamente fue directa: los agentes debían infiltrarse en las manifestaciones e identificar a posibles líderes de la oposición, cuyos nombres, direcciones y movimientos debían registrar. Esta información se entregaba a los jefes de policía y luego se transmitía a la dirección de inteligencia de la policía nacional, la cual creó “comandos” responsables de perseguir a estas personas, según el oficial en el exilio.


(Video cortesía de Confidencial)

A mediados de abril, la gente se volcó a las calles a protestar contra Ortega por unas reformas a la seguridad social y otros descontentos que se habían gestado durante años. Las manifestaciones estallaron en una crisis de grandes proporciones y los opositores fueron reprimidos de manera violenta. Cientos de personas fueron asesinadas y miles más desaparecidas, principalmente a manos de grupos parapoliciales armados respaldados por el gobierno.

Análisis de InSight Crime

La participación directa de un jefe de estado en las órdenes y la aprobación de asesinar a manifestantes señalados trae a la memoria los días más sombríos del autoritarismo centroamericano. Aunque InSight Crime no ha verificado las aseveraciones de Díaz con fuentes independientes, ellas van en la misma dirección de numerosas denuncias de manifestantes que han huido del país.

En agosto pasado, las Naciones Unidas pidió a Ortega que detuviera la “persecución contra los manifestantes”. Esas advertencias parecen haber sido ignoradas por Ortega y por Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país. Este año Nicaragua aprobó una “Leu de Reconciliación Nacional”. Pero parece ser poco más que una cortina de humo para proteger a los responsables de la violencia, pues no ofrece un canal para que las víctimas se pronuncien y no delinea planes para investigar lo sucedido, según varios grupos de derechos humanos locales e internacionales.

La confirmación de que grupos parapoliciales actuaron como ejército ilegal siguiendo órdenes del gobierno plantea serias dudas sobre la integridad y la viabilidad de las fuerzas de seguridad en Nicaragua, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado.

Como ya lo había informado InSight Crime, hay pocas dudas sobre quién es el principal responsable del derramamiento de sangre en Nicaragua. Varios agentes de policía cayeron muertos en los disturbios, pero escenas como el ataque de quince horas ejecutado por parapoliciales fuertemente armados a una iglesia en julio de 2018 —un ataque que dejó 10 muertos y muchos más heridos— deja plenas evidencias de la cooptación de la policía.

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En el pasado, la Policía Nacional de Nicaragua fue uno de los organismos de seguridad que más confianza inspiraban en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años han llovido críticas sobre varios miembros de la institución por la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y presunta colusión con narcotraficantes internacionales.

Pese a las aseveraciones de que los carteles se han mantenido fuera del país, casos anteriores muestran que en realidad hay sofisticados narcotraficantes operando en Nicaragua, usando la costa Caribe para el tráfico de cocaína.

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