Preso en El Salvador el general que armó la tregua pandillera de 2012

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

La Fiscalía de El Salvador acusó al general David Munguía Payés, exministro de Defensa y Seguridad Pública del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), de tres delitos relacionados a la polémica tregua entre el gobierno salvadoreño y las pandillas MS13 y las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18, llevada a cabo entre 2012 y 2013. Los efectos de aquel pacto siguen siendo visibles en El Salvador.

El jueves 23 de julio, la Fiscalía de El Salvador hizo pública en su cuenta de Twitter la captura de Munguía, a quien acusa de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El fiscal general Raúl Melara también adelantó que emitirá una orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), exjefe de Munguía, según reportó La Prensa Gráfica. Funes, acusado en otros casos por delitos de corrupción, es prófugo de la justicia salvadoreña y vive en Nicaragua desde 2016, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político y la ciudadanía nicaragüense.

A través de su cuenta de Twitter, Funes, como lo había hecho antes, volvió a negar que él haya estado al tanto de todos los detalles de la tregua. El abogado de Munguía Payés dijo el día de la captura que “no había suficientes elementos de juicio para la detención”

La tregua pandillera fue planificada en buena medida en el despacho de Munguía a partir de noviembre de 2011, luego de que Funes lo nombró ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Tras recibir la aprobación del presidente, Munguía despachó a funcionarios públicos, mediadores civiles y a oficiales de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) a preparar el terreno para la tregua, que en esencia consistió en un pacto por el que líderes pandilleros recibirían las condiciones necesarias en las cárceles del país para comunicarse sin problemas con sus colegas en el exterior y ordenar así la disminución de homicidios, según investigaciones de la Fiscalía e informes periodísticos.

A cambio de la reducción en los homicidios, la fuerza pública dejó de hostigar a los pandilleros en las cárceles y las prisiones, lo cual reforzó el control territorial, sobre todo de la MS13, en todo el país, además de permitir a las pandillas expandir el negocio de la extorsión, la economía criminal que ha sido, desde su fundación, su principal fuente de ganancias.

VEA TAMBIÉN: Tregua entre pandillas en El Salvador: aspectos negativos y positivos 

Durante una entrevista con InSight Crime en 2013, Munguía aceptó que había ayudado a facilitar los diálogos entre funcionarios del Estado, mediadores y pandilleros. Esas pláticas, dijo, eran la única solución posible al problema de las pandillas. El general incluso consiguió que la Organización de Estados Americanos reconociera el plan como un proyecto de pacificación en El Salvador. Funes repitió la misma versión tras conocer de la captura de su exministro.

El militar insistió en aquella ocasión que en ese proceso no se habían cometido ilícitos y que el presidente Funes estaba al tanto de todo el plan.

La tregua fue sumamente efectiva en términos de cifras: un reporte de InSight Crime indica que mientras el pacto estuvo vigente, la tasa de homicidios bajo de 72 por cada 100.000 habitantes a 36 por cada 100.000 habitantes.

Para finales de 2013, y tras una fuerte oposición ciudadana a la tregua, la administración Funes había renegado del pacto, que terminó por derrumbarse. El año siguiente, los homicidios aumentaron un 57%.

En mayo de 2016, el entonces fiscal general Douglas Meléndez capturó a varios de los funcionarios de nivel medio y bajo que participaron en la tregua, así como a Raúl Mijango, uno de los principales mediadores, a quienes acusó de varios delitos como introducción de ilícitos -teléfonos, dinero- a las cárceles y asociaciones ilícitas.

Meléndez decidió no acusar a Munguía Payés, quien aún era ministro y tenía inmunidad, aunque sí elaboró un proyecto de antejuicio que nunca envió a la Asamblea Legislativa para que los diputados le quitaran el fuero.

Análisis de InSight Crime

No es arriesgado decir que la tregua pensada en el despacho del general Munguía Payés modificó el mapa de la seguridad pública en El Salvador y la estructura misma de las pandillas.

A la tregua siguió uno de los periodos de violencia más graves en El Salvador desde que culminó la guerra civil en 1992. En 2015, el país alcanzó una tasa de 91.2 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año marcado por enfrentamientos armados entre pandilleros, policías y militares. Entre 2016 y 2017, además, resurgieron grupos de exterminio de pandilleros en la fuerza pública.

Pero acaso la principal herencia de la tregua fue que otorgó a las pandillas una interlocución política con el Estado que antes no poseían: al demostrar que eran capaces de modificar las cifras de homicidio a su voluntad, la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 empezaron, con mucha habilidad, a transar con políticos en todos los niveles del estado nacional.

VEA TAMBIÉN: Caso tregua: El Estado salvadoreño contra sí mismo

Para la elección presidencial de 2014, MS13 y Barrio 18 ofrecieron sus servicios a los principales candidatos a cambio de dinero en efectivo y financiamiento de programas sociales que favorecieran a sus miembros. Por aquellos negocios hoy están presos, procesados o investigados varios políticos de alto nivel, como el expresidente del congreso, Norman Quijano, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

“La adhesión de las pandillas al pacto les dio un poder sin precedentes y acceso a los partidos políticos, que mucho antes se habían dado cuenta que las necesitaban para ganar las elecciones”, concluye un estudio de InSight Crime sobre la MS13 en las Américas.

El capital político acumulado ha llegado a tal punto que ahora las pandillas, sobre todo la MS13, parecen estar en un momento en que son ellas las que ponen las condiciones de su relación con el gobierno salvadoreño.

Al finalizar el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, los homicidios en El Salvador ya habían empezado a disminuir. Y desde que Nayib Bukele asumió como presidente en junio de 2019, la tendencia a la baja se ha agudizado, al punto que entre enero y mayo de 2020 había una baja del 58% respecto al mismo periodo del año anterior, según cálculos de EFE basados en cifras oficiales.

Un reciente estudio del International Crisis Group (ICG) sobre la baja de homicidios en lo que va de la presidencia Bukele atribuye la baja, sobre todo, a una decisión unilateral de las pandillas que han privilegiado mantener y extender su control territorial a costa del Estado que seguir embarcadas en una guerra abierta, algo que comparten otros analistas.

Si se atiende a esa tesis, el poder político real de las pandillas es hoy mucho mayor que el de principios de la década, cuando el general Munguía Payés, hoy preso, organizó la tregua.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn