Una jueza ha ordenado suspender las investigaciones sobre la esposa del presidente de Perú, Ollanta Humala, con lo que elimina otro obstáculo para el ascenso de la primera dama en la política nacional.
El 9 de junio, la jueza peruana María Niño Palomino aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, para suspender una investigación sobre depósitos por más de US$216.000 en sus cuentas bancarias entre 2005 y 2009, informó El Comercio (vea el gráfico abajo, elaborado por El Comercio).
Palomino dictaminó que el caso contra Heredia había sido resuelto en 2010, y que la actual investigación violaba el principio de “doble persecución”.
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En el mes de mayo comenzaron a circular informes sobre depósitos de dinero que la madre de Heredia, Antonia Alarcón, y una de sus grandes amigas de infancia, Rocío Calderón Vinatea, recibieron en 2005 de la empresa venezolana Inversiones Kaysamak C.A.
Según El Comercio, Kaysamak C.A. transfirió US$87.451 a cuentas bancarias de las dos mujeres a lo largo del año. Parte de este dinero finalmente llegó a las cuentas bancarias de Heredia y fue utilizado para ayudar a financiar la infructuosa campaña presidencial de Humala en 2006.
La red de lavado de dinero de Nadine Heredia
Los gastos de Heredia por unos US$38.000 en artículos de lujo, como joyas y vestidos, usando una tarjeta de crédito que le dio Rocío Calderón, también han sido investigados. En una entrevista con La República, Heredia dijo que alrededor del 70 por ciento de las compras fueron para Calderón, quien le dio la tarjeta de crédito para que pudiera encargarse de algunas compras para ella [Calderón] durante un viaje a Europa.
El abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, defendió las compras y las transferencias que la empresa venezolana les hizo en 2005 a Alarcón y Calderón, argumentando que el dinero no era para Heredia sino para que la pareja conformara el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en el año 2005 (Humala finalmente perdió las elecciones de 2006 frente a Alan García).
El presidente Humala expresó su indignación por las investigaciones, llamándolas “ridículas” y diciendo que su esposa fue víctima de “persecución”. Sin embargo, el congresista peruano Yonhy Lescano, quien presentó una moción el 2 de junio para conformar una comisión especial para investigar a Heredia y a sus allegados, deploró la decisión de la jueza, diciendo que Heredia se había sumado al “al club de la impunidad” de Perú.
Análisis de InSight Crime
La primera dama de Perú ha sido acosada por acusaciones de actividades financieras sospechosas y de lavado de dinero.
De hecho, esta es la tercera vez que algunas de las mismas acusaciones de lavado de dinero contra Heredia han sido investigadas, y Ricardo Rojas reabrió las investigaciones en enero de 2015 sobre una serie de depósitos realizados en las cuentas bancarias de ella. Parte de estos dineros se han relacionado con el anterior asesor de la campaña de Humala, Martín Belaunde Lossio. Belaunde fue recientemente capturado en Bolivia, donde se había estado escondiendo después de huir de acusaciones de lavado de dinero y conspiración, y extraditado de nuevo a Perú.
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Sin embargo, los repetidos intentos de procesar a Heredia por los mismos cargos podrían sugerir que sus rivales políticos, muchos de los cuales se beneficiarían de sabotear su pujante carrera política, están lanzando ataques personales. Heredia goza de popularidad entre los peruanos y es posible que aspire al Congreso en las elecciones de 2016. Además, con sólo 39 años de edad, es vista como una futura candidata presidencial (aunque, como esposa del actual presidente, no es elegible para postularse en el año 2016).
Sin embargo, los detalles de las acusaciones de lavado de dinero contra Heredia —especialmente en cuanto a la manera como el dinero fue transferido entre las cuentas bancarias—levantan sospechas sobre la naturaleza de sus actividades.
Estas sospechas son avivadas por los antecedentes de políticos de alto nivel y funcionarios peruanos que se han visto involucrados en escándalos de corrupción y conducta criminal. Por ejemplo, en 2014, más de 100 candidatos a cargos políticos regionales y municipales fueron relacionados con casos de narcotráfico. El expresidente Alejandro Toledo también ha enfrentado acusaciones de lavado de dinero y conspiración criminal. En 2014, el mismo presidente Humala estuvo implicado en un escándalo de financiación de campaña, acusado de aceptar dineros del sector de la minería ilegal en Perú. También fue acusado de tener vínculos con dineros del narcotráfico en 2011.
Sin embargo, pese a las constantes pruebas de los vínculos entre políticos y el crimen organizado, dichas conexiones a menudo no son investigadas o enjuiciadas por el débil sistema judicial peruano, lo que se traduce en una cultura de impunidad en el país. Teniendo en cuenta la decisión de la jueza sobre el caso Heredia, parece que seguirá siendo un misterio si ella ha ingresado o no al “club de la impunidad”.
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