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ANÁLISIS

Principales recomendaciones de la ONU para poner fin a la tortura en México

DERECHOS HUMANOS / 13 MAR 2015 POR ELYSSA PACHICO ES

Al final de un informe en el que se describen los niveles “preocupantes” de impunidad en casos de tortura en México, las Naciones Unidas presentan varias recomendaciones para combatir dicho problema, la mayoría de las cuales tienen que ver con hacer frente a las continuas y severas fallas en el sistema de justicia.

El informe, publicado el 9 de marzo por Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, está basado en una misión que la ONU realizó en México en el año 2014. Explícitamente, el informe menciona la relación entre el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad y la lucha del gobierno contra el crimen organizado, ya que las denuncias sobre torturas aumentaron notablemente después de que el gobierno del presidente Felipe Calderón arremetió contra los grupos criminales en 2007. El informe también indica que la mayoría de las víctimas de tortura “son personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado”.

El ejército mexicano afirmó recientemente que las denuncias por casos de abusos están disminuyendo, y el informe de las Naciones Unidas establece que existen varias explicaciones para esto, incluyendo mejor capacitación en derechos humanos, así como la retirada de los militares de algunas partes del país. En general, hacer un seguimiento de la tortura en México sigue siendo una tarea difícil, dado que aún no existen registros nacionales: cada estado mantiene un registro de denuncias, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin duda, México ha obtenido grandes logros en su lucha contra el crimen organizado y puede reducir aún más el papel, fuertemente criticado, que los militares han desempeñado como policía de facto del país. Sin embargo, el informe de la ONU deja claro que aumentar la tasa de resolución de casos de tortura (sólo cinco casos de tortura resultaron en condenas entre 2004 y 2013) implica hacer algunas reformas serias en el sistema de justicia y en otras áreas. Entre estas reformas se encuentran las siguientes.

Abandonar ciertos procedimientos judiciales que deberían ayudar en la lucha del gobierno contra el crimen organizado, pero que en realidad están contribuyendo a la generalización de los abusos.

El más conocido de estos procedimientos es el “arraigo”, una enmienda constitucional realizada en el año 2008, que les permite a los sospechosos de participar en el crimen organizado permanecer detenidos hasta por 80 días sin ser acusados formalmente. Al igual que Human Rights Watch, la ONU insta a una rápida y completa abolición del arraigo, así como de otras disposiciones en las leyes estatales y nacionales que permiten la detención preventiva sin cargos formales. Los detenidos bajo la figura de arraigo son con frecuencia torturados y maltratados con el fin de obtener confesiones, señala el informe, y agrega que, en el centro penitenciario de Ciudad de México donde permanecen los detenidos bajo arraigo involucrados en investigaciones federales, “casi todos los entrevistados afirmaron que fueron sometidos a torturas y malos tratos antes de ingresar”.

 

En última instancia, para mejorar su historial de torturas, México necesita enviar un fuerte mensaje a la policía, los militares y otros funcionarios de seguridad, de que dicha práctica no será tolerada.

El arraigo buscaba evitar que los sospechosos que se encontraban bajo investigación pudieran escapar, pero también se dispuso que fuera aplicado con moderación, lo cual en la práctica no ocurrió. Y tampoco ha permitido resolver más casos: según datos que el gobierno mexicano le entregó a la ONU, sólo el tres por ciento de los detenidos bajo arraigo desde 2008 ha sido condenado por algún crimen. Aunque el uso del arraigo ha estado disminuyendo en México, y a pesar de que la Corte Suprema limitó su aplicación a casos federales el año pasado, la ONU afirma que, en lugar de restringir progresivamente esta práctica, México debería eliminarla totalmente.

Castigar a los jueces y fiscales que no ordenen investigar inmediatamente los casos de tortura reportados, como están obligados a hacerlo según las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de México.

El fallo emitido por la Suprema Corte en el año 2014 busca atacar la impunidad exigiendo que los funcionarios investiguen los presuntos casos de tortura inmediatamente después de recibir cualquier queja. Pero la sentencia servirá de poco si el protocolo no se sigue rigurosamente.

Mejorar la forma de realizar exámenes médicos a las víctimas de tortura.

Según el informe de la ONU, tanto la Procuraduría General como las fiscalías federales carecen de personal suficientemente capacitado para llevar a cabo los exámenes médicos y psicológicos que proporcionan pruebas clave en cualquier investigación sobre tortura. Es más, estas pruebas usualmente se retrasan, quedan incompletas, o son realizadas por personal del mismo cuerpo de seguridad acusado de llevar a cabo las torturas, señala el informe.

Dejar de arrestar personas para investigarlas, y en su lugar comenzar a investigarlas para poder arrestarlas.

Según la ONU, mientras que en México se emitieron en 2013 unas 5.500 órdenes de arresto federales, se llevaron a cabo más de 42.000 detenciones sin órdenes judiciales. En palabras del informe, “tal práctica da lugar a detenciones arbitrarias y aumenta los casos de tortura y malos tratos”. Y como InSight Crime ha sostenido anteriormente, esta tendencia a arrestar personas para investigarlas pudo haber contribuido a mayores índices de violencia en el país, dado que los cabecillas criminales mexicanos no temen que el hecho de cometer actos inhumanos aumente sus expedientes y dé lugar a una sentencia de prisión más severa, en caso de ser detenidos.

En última instancia, para mejorar su historial de torturas, México necesita enviar un fuerte mensaje a la policía, los militares y otros funcionarios de seguridad, de que dicha práctica no será tolerada y se controlará mediante investigaciones imparciales y rápidas, y, de ser necesario, con castigos. Pero como lo indican las pésimas tasas de condenas en casos de tortura, así como el continuo uso de medidas como el arraigo, el mensaje parece ser éste: en la lucha contra el crimen organizado, acumulemos arrestos y obtengamos confesiones a como dé lugar para que los casos prosperen por cualquier medio que sea necesario.

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