La Comisión de Derechos Humanos de México ha pedido a funcionarios del gobierno que investigue las actividades criminales de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, identificando una serie de resultados previsibles que ahora se están presentando.
En un informe especial (pdf) presentado el 12 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le recomendó al gobierno investigar los presuntos vínculos entre las autodefensas y los grupos criminales de Michoacán.
La CNDH dice que la Procuraduría General de la República (PGR) de México y funcionarios de Michoacán deben investigar posibles infiltraciones criminales en las autodefensas y su participación en actividades criminales, y especialmente la manera como estos grupos se financian y obtienen armas.
El informe señala que “cientos de testimonios recabados dieron cuenta de que algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, tomaron la bandera o la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en aras de conseguir sus propios beneficios y perseguir fines ilícitos”.
Los grupos de autodefensa también han sido criticados recientemente por altos funcionarios de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles, que asumió el cargo en octubre, declaró que ya no se toleraría la existencia de las autodefensas.
También ha habido un brote de violencia a raíz de enfrentamientos entre los grupos de autodefensa en los últimos meses, los cuales, según informes, han dejado como resultado por lo menos diez muertos.
Según la CNDH, las autodefensas están presentes en al menos 33 municipios de Michoacán, es decir, en más de la mitad del estado. El informe también señala que el aumento en el conflicto que acompaña el movimiento de autodefensas ha dejado como resultado 3.027 víctimas, lo que incluye 400 muertos y 500 desplazados de sus hogares.
Análisis de InSight Crime
México se enfrenta actualmente a un monstruo creado en gran parte por el mismo Estado.
Si bien Michoacán tiene una larga historia de grupos de autodefensa, este movimiento se reforzó en el año 2013. Los grupos armados comenzaron a formarse debido a la frustración popular por la inacción del gobierno para combatir la violencia y la extorsión generalizados por parte de grupos criminales, especialmente los Caballeros Templarios. En junio de 2014, las autoridades lanzaron los Cuerpos de Defensa Rural, a través de los cuales intentaron poner a los diversos grupos de autodefensa bajo los auspicios del Estado.
Por un lado, esta medida tenía sentido. La violencia de los carteles imperaba en Michoacán en ese momento, y las autodefensas eran consideradas como el mejor modo para detener a los Caballeros Templarios. Como InSight Crime lo observó a principios de 2014, las autodefensas proporcionan una solución temporal a este problema inmediato.
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Pero los funcionarios mexicanos podrían haber previsto fácilmente los problemas de seguridad causados por las autodefensas. Incluso antes del lanzamiento de los Cuerpos de Defensa Rural, había indicios de que las autodefensas estaban implicadas en actividades criminales, y algunos líderes de las autodefensas incluso reconocieron que habían acogido a exmiembros de los Caballeros Templarios.
Ahora las autoridades se enfrentan a un nuevo conjunto de actores criminales, lo que complica aún más el trabajo del gobierno para establecer la ley y el orden en Michoacán.
El gobernador Aureoles ha dejado claro que quiere deshacerse de las autodefensas, pero que hacerlo no será tan fácil. Luego de la reciente declaración de Aureoles de que las autodefensas deben entregar sus armas dentro de los próximos seis meses, un grupo de autodefensa respondió bloqueando por lo menos dos carreteras. Previos intentos del gobierno para desarmar a los grupos de autodefensas (que poseen armamento de grado militar) también han enfrentado fuertes resistencias.
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Es entonces difícil prever cómo Michoacán podrá salir de este dilema de seguridad que el mismo Estado ha creado. Cualquier programa de desarme y desmovilización irá seguramente acompañado de derramamiento de sangre y fuerte resistencia. Este proceso tampoco es necesariamente un modelo ideal; en Colombia, las desmovilizaciones paramilitares a principios del nuevo siglo dieron lugar al surgimiento de las Bacrim (“bandas criminales”), que en la actualidad son los grupos criminales más poderosos del país.
Por ahora, las autoridades tienen poco que mostrar en sus esfuerzos de lidiar con las autodefensas. Los homicidios y las extorsiones han aumentado en Michoacán durante los últimos dos años. El mes pasado, el gobierno prácticamente ondeó la bandera blanca en cuanto al experimento de autodefensas, cuando el presidente Enrique Peña Nieto desplegó 5.000 agentes federales para proveer seguridad al atormentado estado.
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