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ANÁLISIS

Proceso de paz de Colombia: ¿qué piensan los negociadores?

COLOMBIA / 28 JUL 2015 POR WOLA ES

Durante los últimos siete meses, el proceso de paz de Colombia ha tenido fuertes altibajos. El año comenzó con optimismo: las FARC mantenían un alto el fuego unilateral que comenzó el 20 de diciembre, y la violencia armada bajó a niveles que no se habían visto desde los años ochenta.

El 15 de abril, un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra una columna militar en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, interrumpió el ambiente de optimismo. Los tres meses siguientes estuvieron marcados por una dramática nueva escalada del conflicto y junio fue el mes más violento desde que comenzaron las conversaciones en octubre de 2012.

Después, casi abruptamente, el 8 de julio las FARC declararon un nuevo alto el fuego unilateral, que duraría un mes a partir del 20 de julio (día de la independencia de Colombia). Los negociadores del gobierno y de las FARC se extendieron otros cuatro días y firmaron un acuerdo por medio del cual el cese al fuego de las FARC es indefinido y el gobierno se compromete a disminuir sus acciones militares si las FARC mantienen su cese al fuego. El acuerdo del 12 de julio aumenta la prioridad de negociar un alto el fuego bilateral (algo a lo que el gobierno se ha resistido) y de acelerar las discusiones sobre lo que aún queda por negociarse, especialmente la justicia transicional para los principales violadores de los derechos humanos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aquí.

Este es un avance positivo, aunque tal vez no es un gran logro. En los próximos meses se podrían presentar avances, mas no milagros. Quizá habrá más reveses, en tanto el péndulo inevitablemente seguirá oscilando. A medida que observamos lo que ocurrirá en los próximos meses, vale la pena analizar los altibajos de 2015 desde las perspectivas de ambas partes.

La tregua unilateral entre diciembre y mayo

Las FARC El gobierno
Queremos un alto el fuego bilateral tan pronto como sea posible, para que las conversaciones pueden continuar sin las distracciones que genera el campo de batalla. Para tal fin, declaramos un alto el fuego unilateral en diciembre. Advertimos que terminaríamos el cese al fuego si el gobierno continuaba atacándonos. Aunque el gobierno detuvo los bombardeos aéreos en marzo, los ataques terrestres continuaron. Durante nuestra tregua, murieron en ataques los jefes de los Frentes 57 y 66, y el segundo comandante del Frente 17. Hemos sido reacios a iniciar un cese al fuego bilateral porque tememos que las FARC utilizarán el respiro de la presión en el campo de batalla para fortalecerse militarmente. Cuando las FARC declararon su alto el fuego unilateral en diciembre, decidimos “esperar y ver qué pasa”, dando modestos pasos hacia la desescalada. Y aunque de hecho hubo una disminución importante en los ataques de las FARC, la guerrilla no detuvo todas sus hostilidades ni sus actividades ilegales. Durante su tregua continuaron traficando drogas, extorsionando empresas legales e instalando minas antipersona. No podríamos justificar la retirada de un ejército que es reacio a que se le detenga.

Ataque del 15 de abril en el Cauca

Las FARC El gobierno
Esta acción no fue algo que explícitamente les hubiéramos pedido a nuestros combatientes, pero encaja en nuestras órdenes generales: la columna que lanzó el ataque estaba siendo perseguida por la unidad militar que fue atacada, por lo que consideramos su respuesta como defensa personal. (Alternativamente: nuestros combatientes consideraban que el alto el fuego unilateral era intolerable debido a los continuos ataques del gobierno, y ese incidente provocó una agresiva respuesta: a mediados de mayo se presentó una ola de bombardeos aéreos que dejaron como resultado más de 40 guerrilleros muertos, lo cual sirvió como pretexto para terminar nuestro alto el fuego.). Aunque la unidad militar que sufrió el ataque quizá no siguió los protocolos de seguridad, el ataque en sí muestra por qué un alto el fuego unilateral sin ningún tipo de verificación fidedigna fue una mala idea. Es por incidentes como éste que no aceptaremos un alto el fuego bilateral sin verificación real, sin cierta concentración de las fuerzas guerrilleras en áreas específicas y sin un cese de todas las hostilidades, no sólo de los ataques ofensivos.

Contraofensiva de las FARC: del 22 de mayo a principios de julio

Las FARC El gobierno
Después de levantar nuestro alto el fuego, era el momento de recordarle al gobierno y al pueblo colombiano de lo que somos capaces. Decidimos atacar casi exclusivamente objetivos militares y económicos, y en lugar de matar civiles en áreas pobladas, los dejamos sin electricidad. Como el petróleo es la principal fuente de divisas de Colombia, atacamos especialmente al sector petrolero. Nuestra ofensiva causó algunos daños al proceso de paz, pero aunque lo debilitamos, no lo rompimos. Cuando comenzaron a aparecer serias grietas, declaramos un nuevo alto el fuego y logramos que el gobierno se comprometiera a desescalar los ataques y a intensificar las conversaciones de un cese al fuego bilateral. La ofensiva de las FARC fue imprudente y contraria a los intereses de la propia guerrilla. Ello aumentó la ira de los colombianos no sólo contra las FARC, sino también contra la idea de negociar con ellas. Después de un mes de que los ataques de las FARC acapararan los titulares, las presiones políticas sobre nosotros son tan grandes que si hay un incidente grave más, u otro período sin ningún progreso que mostrar, como lo dijo Humberto de la Calle, el principal negociador del gobierno, “esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana”.

Los próximos cuatro meses (después de los cuales las partes han convenido examinar si se continuarán las conversaciones de paz)

Las FARC El gobierno
Queremos un cese al fuego bilateral y aceptamos la participación de la ONU y UNASUR en la verificación del desescalamiento, según lo acordado el 12 de julio. Queremos que este cese al fuego nos dé el máximo de libertad, movilidad y capacidad de financiamiento y equipamiento en caso de que fracasen las conversaciones de paz. No es nuestra intención firmar un acuerdo de paz sólo para ver cómo nuestros dirigentes van directamente a una prisión por crímenes de derechos humanos del pasado: eso no ha ocurrido nunca en ningún proceso de paz, sólo en las negociaciones de rendición. Sin embargo, si Colombia aplica castigos similares para los militares y civiles que apoyaron a los grupos paramilitares, podríamos contemplar algún tipo de reclusión por un período reducido de tiempo, junto con confesiones y reparaciones. Preferiríamos un alto al fuego bilateral al final de las conversaciones, pero estamos dispuestos a negociarlo en este momento, si ello permite que las negociaciones sensibles sobre justicia transicional se den en un ambiente más tranquilo. Este alto el fuego debe tener verificadores creíbles e idóneos: aunque preferiríamos que los verificadores fueran colombianos, vamos a permitir alguna participación internacional. El cese al fuego debe incluir cierta concentración de las fuerzas de las FARC en zonas específicas. En esas zonas, que deben tener poca población y escasa importancia económica, quizás las FARC puedan permanecer armadas y recibir apoyo financiero para sostener a sus miembros. El cese al fuego debe incluir un alto a toda actividad ilegal, como la extorsión, el narcotráfico, la instalación de minas antipersona y el reclutamiento de menores de edad. Estamos dispuestos a considerar sentencias alternativas más leves —tal vez incluso no el encarcelamiento— para los mayores violadores de derechos humanos de las FARC, y preferiríamos que el sistema de justicia de Colombia se encargue de las acusaciones y las sentencias. El sistema de justicia colombiano podría emitir sanciones igualmente leves, que dentro de sus requisitos incluyan confesiones y reparaciones por parte de los miembros de los militares que ordenaron o cometieron delitos graves contra los derechos humanos.

*Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aquí.

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