Las recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno de Argentina en torno al despliegue de soldados en la frontera norte del país, con el fin de ayudar a combatir el narcotráfico, han desencadenado un intenso y creciente debate sobre el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
En una entrevista con La Nación en el mes de junio, el ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, dijo que el ejército "colaboraría con las fuerzas de seguridad, principalmente en logística y en vigilancia estratégica, en la lucha contra el narcotráfico".
Fuentes del Ministerio de Defensa que hablaron con Clarín en aquel momento dijeron que las autoridades pretendían utilizar los radares de la fuerza aérea para identificar vuelos ilegales, y emplear otros equipos del ejército para transportar tropas.
Funcionarios de la administración Macri han afirmado que dicho despliegue no contradice una ley que limita las funciones del ejército a la protección del país frente a las amenazas externas de otros Estados y prohíbe terminantemente que desempeñe funciones de seguridad.
InSight Crime realizó reiteradas llamadas al Ministerio de Defensa y al ejército del país, pero ambos se negaron a confirmar o negar la afirmaciones de un reciente informe de Infobae, según el cual el presidente Mauricio Macri ya ha ordenado el despliegue de 500 soldados en la frontera norte de Argentina para el 1 de agosto, y que unos 3.500 más lo harían en los próximos meses.
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La gendarmería, el organismo encargado de vigilar las fronteras de Argentina, ha aumentado su presencia en los límites del país con Bolivia y Paraguay, después de que el presidente Macri estableciera la lucha contra las organizaciones criminales como una de sus prioridades.
Clarín informó además que las autoridades están intentando trasladar agentes de la gendarmería de la frontera a zonas urbanas más pobladas para, entre otras cosas, hacer frente a eventuales protestas, que podrían aumentar como resultado de la deteriorada situación económica de Argentina.
Quienes se oponen al despliegue de soldados en la frontera dicen que este es un primer paso hacia la militarización y advierten sobre el impacto negativo que este tipo de políticas han tenido en otros países de la región.
Análisis de InSight Crime
La sola propuesta de modificar el papel del ejército ha generado alarma en el país, donde existe una profunda desconfianza en la institución, así como en la estrategia de seguridad de la administración Macri, cuyos principales pilares consisten en vigilar las fronteras, encarcelar a delincuentes comunes y aumentar las incautaciones de drogas.
Como InSight Crime informó anteriormente, la falta de controles efectivos en la frontera norte de Argentina ha permitido el ingreso de drogas, armas y otros bienes ilícitos al país, así como su circulación dentro del mismo, con relativa facilidad. Esto ha contribuido a que Argentina pase de ser una zona de tránsito para convertirse en un país consumidor, e incluso productor de drogas ilegales.
La respuesta de la administración Macri ante esta situación ha consistido en enviar más agentes a la frontera.
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El argumento oficial señala que la sola presencia de las fuerzas de seguridad puede disuadir a las organizaciones criminales de establecer presencia en municipios pobres ubicados en la frontera, que son fácilmente explotados por dichas organizaciones.
Pero muchos expertos están en desacuerdo con este análisis. Señalan que el ejército no está entrenado para este tipo de estrategia de seguridad. Dicen además que Argentina no tiene por qué recurrir a las fuerzas armadas, pues el país ya cuenta con una gendarmería, que es una fuerza policial militarizada encargada de la seguridad interna.
Rut Diamint, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), afirma que el énfasis se debe poner en la manera como el Gobierno lucha contra el crimen organizado.
"Argentina está enfrentando una amenaza del siglo XXI con modelos del siglo XIX", dijo en diálogo con InSight Crime. "El país ya no es sólo un punto de tránsito, sino además un lugar donde se consumen drogas y se organizan grupos criminales, aprovechando la ausencia de regulaciones y la corrupción en las fuerzas de seguridad. Lo que se requiere es que el Gobierno defina qué recursos se necesitan para enfrentar las nuevas amenazas que se le presentan".
Los expertos señalan además que la estrategia militarizada ha demostrado ser contraproducente en toda la región y que no hay ninguna evidencia de que será efectiva en Argentina.
En México, por ejemplo, la controvertida Ley de Seguridad Interior de 2017, que codificó la capacidad de las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad interna, no ha logrado detener la violencia. Por el contrario, 2017 ha sido el año más violento del país en la historia reciente, y las cifras de 2018 no parecen indicar que la situación será mejor este año.
¿Por qué entonces la administración Macri está a favor de una estrategia militarizada para combatir el crimen organizado?
Jorge Battaglino, profesor de política latinoamericana en la Universidad de Essex, dice que la respuesta a esta pregunta puede tener que ver con las relaciones de Argentina con Estados Unidos — clave para la política exterior de la administración Macri—.
"Estados Unidos siempre ha propuesto que los militares se conviertan en policías y contribuyan a combatir el narcotráfico y el terrorismo. Por lo tanto, si Argentina decide militarizar su seguridad pública, puede acceder a muchos programas de Estados Unidos", le dijo Battagliano a Insight Crime.
Sin embargo, la propuesta no ha logrado avanzar. Incluso los oficiales del ejército argentino se han opuesto a ella.
En el mes de mayo, el jefe del ejército, brigadier general Claudio Pasqualini, dijo en una entrevista con La Nación que la lucha contra el crimen no hacía parte de sus atribuciones.
"El ejército no puede, debido a una serie de normas y regulaciones, llevar a cabo funciones de seguridad. Este tipo de cambios requeriría cierto tiempo", señaló.
Pasqualini agregó que las fuerzas armadas probablemente pedirían que el Congreso dé luz verde a los cambios en primera instancia. Esta podría ser una forma de blindar al ejército frente a la reacción popular. Argentina ha juzgado a numerosos militares por violaciones a los derechos humanos. También podría ser una manera para que los militares se protejan legalmente. Desde que Argentina abolió los tribunales militares en 2008, los abusos cometidos por el personal del ejército deben ser juzgados en tribunales civiles.
Battaglino le dijo a InSight Crime que la posición del ejército en este debate no es sorprendente.
"Argentina no tiene un verdadero problema de terrorismo o narcotráfico que requiera la intervención de las fuerzas armadas", dijo. "Por eso el ejército está intentando entender cuál sería su papel y no se quiere ver involucrado. En un país con tantas organizaciones de derechos humanos como Argentina, cualquier intervención militar estaría bajo un constante escrutinio público".
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