Dado que el crimen y la violencia están aumentando en todo Brasil, la seguridad se ha convertido en un tema de la mayor importancia en vísperas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en el mes de octubre. Pero ¿alguno de los candidatos tiene un plan sólido para abordar el tema?
La respuesta directa es no. Los aspirantes presidenciales han evadido deliberadamente las referencias a la principal amenaza criminal del país: el Primer Comando Capital (PCC). Y la mayor parte de sus propuestas para reducir la violencia y el crimen son ambiguas, inviables o inadecuadas.
A continuación, InSight Crime analiza las plataformas de seguridad de los tres candidatos más fuertes.
El Agitador: Jair Bolsonaro
Las encuestas han demostrado consistentemente que el exparacaidista del Ejército y actual congresista Jair Bolsonaro es uno de los principales contendientes en la carrera presidencial, a pesar de que en el pasado ha hecho comentarios racistas, sexistas y homofóbicos, y de defender la violenta dictadura militar que rigió en Brasil entre los años sesenta y ochenta, en parte porque, según afirma él, obtuvo logros en la lucha contra el crimen.
La anunciada plataforma de Bolsonaro está a favor del "redireccionamiento de la política de derechos humanos, para priorizar la defensa de las víctimas de la violencia".
En febrero, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien también es funcionario del Congreso, presentaron un proyecto de ley que fortalecería la protección para los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de uso ilícito de la fuerza. Pero como se ha demostrado en países como El Salvador, darle libertad a la Policía para que mate a los presuntos criminales tiene un impacto negativo en la seguridad.
El candidato también apoya la reducción de la edad a la cual las personas pueden ser acusadas de crímenes como si fueran adultos, pasando de los 18 a los 16 años de edad, y está a favor del aumento de las penas para los crímenes en general.
En su plataforma utiliza el eslogan "Prender e deixar preso", que traduce algo así como "Arrestar para dejar en prisión". Sin embargo, abarrotar de más personas el ya hacinado sistema penitenciario de Brasil no hará más que proveer de más reclutas a las pandillas que dominan las prisiones.
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Además, desde hace mucho tiempo Bolsonaro ha estado proponiendo reformar las leyes de armas en Brasil, que imponen estrictas restricciones a la propiedad de armas de manera privada.
"Tenemos que darles el derecho de poseer armas a todas las personas", dijo en comentarios con el medio de noticias O Globo a principios de este año. "En Brasil existen tiroteos, pero solo una de las partes puede disparar".
Contrario a las afirmaciones de Bolsonaro, no hay evidencias fiables que indiquen que aumentar las tasas de propiedad de armas conduzca a mejoras en materia de seguridad. De hecho, las armas de fuego se utilizan para cometer la mayor parte de los actos de violencia criminal en Latinoamérica. Poner más armas en manos de los ciudadanos hará que la situación empeore.
Quizá la única propuesta de Bolsonaro que podría generar resultados positivos es su invitación a "invertir fuertemente en equipos, tecnología, inteligencia y capacidad investigativa de la Policía". Sin embargo, Brasil ha estado atravesando por serios problemas económicos que le han impedido al país "hacer fuertes inversiones" en general, y no parece que priorizar la seguridad sobre otros sectores sea la mejor manera de utilizar los limitados recursos.
Los idealistas: Lula / Fernando Haddad
El popular expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es técnicamente el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), pero es probable que salga de la carrera electoral debido a que ha sido condenado por corrupción. Es probable que le dé su respaldo a su actual compañero de campaña, el exalcalde de São Paulo, Fernando Haddad.
Las propuestas de seguridad de la plataforma publicada bajo el nombre de Lula, que son también respaldadas por Haddad, son esencialmente opuestas a las de Bolsonaro.
La plataforma insta a priorizar los derechos humanos y alerta frente a las políticas de seguridad militarizadas. Aboga además por mejores controles a las armas de fuego.
Además, el plan propone despenalizar las drogas y reforzar los programas de prevención del consumo de drogas.
En una reciente entrevista con El País, Haddad criticó la llamada guerra contra las drogas. "Estamos engañando a la gente diciéndole que estamos luchando contra algo. No estamos luchando contra nada. Estamos perdiendo la guerra", dijo.
Sin embargo, la plataforma del PT propone continuar los esfuerzos por hacer frente al crimen organizado y el comercio internacional de drogas, señalando que el dinero del narcotráfico "sustenta diversas esferas de la economía, proporciona acceso a gran número de armas que fomentan la violencia criminal, y financia la corrupción y otras actividades criminales".
La plataforma también señala que los encarcelamientos masivos favorecen las actividades de las organizaciones criminales, y plantea la posibilidad de implementar alternativas diferentes al encarcelamiento.
Además, el plan aboga por un mayor grado de integración y coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales que trabajan en asuntos de seguridad. Sin embargo, critica una ley aprobada a comienzos de este año que estableció un sistema de intercambio de información y coordinación entre los diversos organismos de seguridad. El PT se comprometió a tratar de modificar esa legislación y a buscar reformas constitucionales en ese sentido.
Si bien estas propuestas podrían ayudar a abordar los problemas de criminalidad y violencia en Brasil, es probable que la política les impida avanzar: El PT ha ido perdiendo el poder que solía tener, debido a las revelaciones de corrupción generalizada en el partido, y lo más probable es que la poderosa coalición conservadora de extrema derecha se opondrá enérgicamente a estas medidas.
Incluso si el PT llega al gobierno y logra acopiar apoyo político, las iniciativas antes mencionadas requerirían una gran inversión financiera, que sería difícil por los problemas económicos mencionados anteriormente.
El de la clase dirigente: Geraldo Alckmin
El exgobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, está apoyado por una gran coalición de partidos de centro, pero las encuestas recientes muestran que el electorado está poco entusiasmado con su candidatura.
Esto se puede deber al hecho de que su plataforma, especialmente el plan de seguridad, está conformada sobre todo por temas ambiguos y propuestas dirigidas principalmente a las élites políticas y económicas establecidas en Brasil.
Una de las ideas más anodinas de Alckmin consiste en "aumentar la cooperación judicial y policial con los países vecinos", un tema siempre invitado en las agendas de discusión de los líderes de toda la región.
Alckmin propone además construir más prisiones con el fin de reducir la grave situación de hacinamiento. Sin embargo, a la vez ha prometido aumentar las penas de prisión para delitos menores, lo que podría contrarrestar el beneficio de construir más instalaciones, dado que el sistema albergaría más reclusos por periodos de tiempo más largos.
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El plan de seguridad de Alckmin adolece de otras contradicciones. Por ejemplo, ha afirmado estar en contra de la propuesta de Bolsonaro de moderar las leyes relativas a las armas.
"La solución no consiste en armar a la población", dijo en O Globo en el mes de abril. "Eso solo aumenta la sensación general de inseguridad".
Pero a principios de este mes, el compañero de campaña de Alckmin le dijo a Bloomberg que, si este fuera elegido presidente, buscaría facilitarles a los trabajadores rurales la obtención de armas de fuego.
Además, Alckmin ha dicho que quiere mejorar y estandarizar la formación de la Policía, incluso mediante la creación de una Academia Nacional de Policía para entrenar a los instructores.
A primera vista, esta idea parece razonable. Pero su estrategia bandera frente a la institución policial es un poco esquizofrénica.
Por un lado, Alckmin ha expresado su apoyo a un tipo de policía de "zonas críticas", que implica la focalización de recursos policiales en áreas de alta criminalidad. Esta política ha demostrado ser eficaz en algunos casos anteriormente.
Sin embargo, el candidato también ha promovido la teoría de las "ventanas rotas", que sostiene que implementar duras medidas contra los delitos menores disuade a las personas de cometer crímenes más graves. Esta estrategia ha demostrado ser poco efectiva en Latinoamérica en el largo plazo, y ha generado muchos inconvenientes, particularmente en lo que se refiere a los derechos humanos.
Tal vez lo más inquietante es que Alckmin propone la militarización de los planes de seguridad ciudadana, mediante la creación de una "Guardia Nacional" conformada por exsoldados que trabajarían fuera de los cuarteles militares en coordinación con la policía civil.
Recurrir al ejército cuando la situación de seguridad empeora ha sido una medida popular en otras ocasiones, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Sin embargo, la historia ha demostrado que esta estrategia tiene pocas posibilidades de generar mejoras sostenibles y, de hecho, a menudo puede agravar los problemas de criminalidad y violencia en el largo plazo.
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