SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha propuesto la tarea de cambiar las políticas de seguridad del país contra el crimen organizado, que en general son militarizadas y de mano dura, por soluciones más holísticas. Pero ¿qué tan realistas son sus propuestas?

López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre de este año, le prometió cambios al electorado mexicano, quien se ha mostrado frustrado tras una década de militarización y violencia durante la llamada “guerra contra las drogas”, que ha cobrado más de 200.000 vidas desde que comenzó en 2006.

De todas las propuestas en materia de seguridad, que van desde erradicar la corrupción endémica hasta reducir la militarización, InSight Crime analiza a continuación las cinco más viables, de las cuales la primera es la más prometedora.

Promulgar políticas progresistas frente a las drogas

Con la progresista exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, quien podría ser nombrada directora de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB), la política de drogas en el país tendría un avance significativo.

López Obrador pretende reducir la intensidad de la llamada “guerra contra las drogas”, aparentemente mediante la despenalización de las drogas —regulando la industria del opio para usos médicos y despenalizando la marihuana—. Sánchez Cordero afirma que el presidente electo le dio luz verde para hacer “lo que sea necesario para restablecer la paz en este país”.

“Creo que este podría ser un buen momento para que México replantee su política de drogas”, dijo Maureen Meyer, directora del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), en diálogo con InSight Crime. “México podría llegar a ser líder en cuanto a la despenalización y la legalización”.

Sin embargo, el analista de seguridad Alejandro Hope* considera que, si bien la postura favorable de López Obrador frente a la despenalización y la legalización de las drogas podría conducir a políticas de drogas más integrales, ello no permitirá erradicar la violencia.

“Despenalizar las drogas no reducirá en nada el número de homicidios”, le dijo Hope a InSight Crime. “Es más una cuestión de salud pública que de seguridad. En términos de seguridad, no es particularmente relevante”.

Gran parte de la producción de drogas en México y la violencia relacionada con ella se deben a la demanda del mercado estadounidense. Si bien la legalización en Estados Unidos afecta la dinámica criminal en México, es poco probable que la legalización en México tenga el mismo efecto.

Otorgar amnistía a los narcotraficantes

El año pasado, cuando López Obrador propuso la idea de conceder amnistía a los narcotraficantes con el fin de ayudar a pacificar a México, generó un intenso debate.

López Obrador ha aclarado que la amnistía solo cobijaría a los jóvenes menos favorecidos y a los delincuentes comunes que se ven obligados a hacer el trabajo sucio de los grupos del crimen organizado, en general debido a la falta de oportunidades.

Sin embargo, tal amnistía no sería bien recibida por los cientos de miles de familias de las víctimas de la guerra contra las drogas en México, muchas de las cuales fueron asesinadas o desaparecidas por las mismas personas que se beneficiarían de la medida.

Pero no está claro cómo será exactamente la propuesta de amnistía de López Obrador ni cómo afectará a la seguridad en concreto. Ximena Suárez-Enríquez, directora adjunta de WOLA en México, señala que “la idea de recurrir a una amnistía para entender mejor las causas profundas de la violencia en México es en esencia buena, pero su implementación es un verdadero desafío”.

Hope advierte que, si bien se podría implementar una amnistía, “no sería particularmente relevante” en términos de la seguridad en México en general.

Ofrecer una amnistía no acabaría la creciente fragmentación de la criminalidad en México, que es la principal generadora de los niveles récord de violencia relacionada con el crimen organizado que se han presentado en los últimos años.

Acabar con la corrupción generalizada

La corrupción endémica se ha vuelto característica de la política en México —al igual que en toda la región—. Erradicar la corrupción fue un elemento básico de la campaña de López Obrador, quien ha propuesto, entre otras cosas, nombrar un intermediario que se encargue de supervisar la transferencia de fondos federales a nivel estatal, como una manera de eliminar la corrupción.

Pero esta estrategia podría enfrentar sus propios desafíos.

Según Meyer, la clave para combatir la corrupción consiste en fortalecer el sistema judicial mexicano en su totalidad, además de crear más mecanismos de control.

“Involucrar más funcionarios puede ser importante en términos de supervisión, pero no debería desplazar la implementación del nuevo sistema anticorrupción”, señala Meyer.

Hope concuerda con ella en que esta propuesta no ataca la raíz del problema.

“Solo cambia el punto de tensión”, dice Hope. “Podría reducir la corrupción a nivel estatal, pero generaría más corrupción a nivel federal”.

Elegir un fiscal general autónomo

La Procuraduría General de México ha desempeñado un papel fundamental en algunos de los casos con más carga política del país, como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014. La incapacidad de ejecutar condenas y la creciente presión de la sociedad civil para erradicar la corrupción generalizada obligaron al fiscal general de México a renunciar en octubre de 2017.

Una coalición de organizaciones está exigiendo que López Obrador se comprometa a garantizar que el próximo fiscal general del país sea elegido mediante un “procedimiento transparente, público y participativo”, para garantizar que se seleccione un candidato idóneo e imparcial.

Sin embargo, López Obrador ha dicho repetidamente que elegirá al próximo fiscal general de México ajustándose al procedimiento esbozado en una reforma de 2014. Hope piensa que lo más seguro es que el próximo fiscal general sea “elegido a dedo” por el presidente entrante.

Según Meyer, con la autonomía e independencia en la Procuraduría General de México se busca “eliminar la influencia política” sobre las investigaciones. Al parecer, este tipo de influencia ha entorpecido algunas investigaciones importantes, como la que buscaba establecer si la campaña presidencial de 2012 del actual presidente Enrique Peña Nieto fue financiada por Odebrecht, la gigante constructora brasileña.

La evidente falta de voluntad de López Obrador para crear un proceso más transparente para seleccionar al próximo fiscal general indica que el logro de la autonomía judicial todavía puede demorarse.

Reducir la militarización

En 2017, el presidente Peña Nieto desplegó más de 50.000 soldados en las calles de México para realizar operaciones de seguridad nacional —lo que equivale a casi el 25 por ciento de toda la institución— y codificó el papel del ejército en la lucha contra el crimen, mediante la aprobación de la criticada Ley de Seguridad Interior.

López Obrador se ha comprometido a reducir la militarización. Y la mayoría que obtuvo en el Congreso después de las elecciones presidenciales de julio representa una valiosa oportunidad para hacerlo.

Desde que ganó las elecciones, López Obrador ha dado un giro de 180 grados en su propuesta de campaña de crear una guardia nacional conformada por unos 200.000 soldados y 50.000 marines, que esencialmente cumplirían las mismas funciones que los que se encuentran desplegados actualmente. Por el contrario, el presidente electo dijo que dicha propuesta no se materializará a corto plazo y que se intentará nombrar a un nuevo secretario de seguridad pública y sacar a los militares de las calles.

Aun así, la propuesta de López Obrador de crear una guardia nacional es casi una copia idéntica de los intentos de los anteriores presidentes —sobre todo del actual mandatario, Peña Nieto— de marcar su llegada con nuevas fuerzas de seguridad que se rigen por patrones antiguos.

“Es probable que se continúe el despliegue militar en el futuro cercano”, señaló Hope. “No veo que se desarrolle ningún criterio diferente en cuanto a dónde y cómo interviene [el ejército en asuntos internos]”.

* Alejandro Hope es miembro del Consejo Directivo de InSight Crime.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+