Los repetidos bloqueos de los cocaleros en Colombia impiden que los agentes estatales erradiquen sus cultivos, un recordatorio de los desafíos que enfrentan las autoridades en la implementación del plan de erradicación y sustitución desarrollado durante los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.
En lo que va corrido de 2016, los erradicadores manuales de coca se han topado con cerca de 400 bloqueos por parte de cultivadores de coca, informó El Tiempo. Los departamentos más afectados son Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá y Guaviare, los cuales fueron declarados prioritarios por el gobierno en su campaña de erradicación debido a sus altos índices de cultivos de coca.
Las cifras representan un repunte pronunciado en relación con años anteriores; en 2015, las autoridades se vieron enfrentadas a 163 bloqueos, mientras que en 2014 encontraron 114, según informaciones del mismo diario. El número de bloqueos registrados por los grupos de erradicación verificados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC por sus iniciales en inglés), que no cuentan todos los operativos del gobierno, fueron un poco más bajos en 2015 (vea la tabla siguiente).
En Tumaco —municipio del suroccidente colombiano elegido para una prueba piloto en el programa de erradicación y sustitución de coca, que se desarrolló como parte de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, han pasado semanas desde la última vez que se permitió a los erradicadores del gobierno ejercer su labor, de acuerdo con El Tiempo.
La más violenta de estas confrontaciones tuvo lugar el 16 de agosto, cuando 70 cultivadores armados con armas rudimentarias se enfrentaron a agentes antinarcóticos para erradicar cultivos en el municipio de Tablón de Gómez, Nariño, según el diario. Un campesino resultó muerto y nueve agentes heridos, según el medio informativo.
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Los grupos armados han promovido estas protestas en ciertas zonas del país, de acuerdo con El Tiempo, que informó que la semana pasada el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización criminal los Urabeños convocaron a una reunión a los cocaleros en una zona rural del Cauca y les exigieron oponerse a las iniciativas de erradicación.
El gobierno alega que esos grupos están detrás de la oleada de protestas en todo el país.
Los narcotraficantes “se disfrazan, infiltran las protestas sociales y muestran a los medios que esta es una protesta campesina legítima, cuando todos sabemos que los cultivos ilegales, en la mayoría de los casos, son una forma de esclavitud”, citó El Tiempo al ministro de defensa Luis Carlos Villegas. Villegas señaló que detener la erradicación era una prioridad para los narcotraficantes, junto con la obstrucción de los programas de sustitución de cultivos y de destrucción de laboratorios.
Análisis de InSight Crime
Los cocaleros —primer eslabón en el negocio internacional de la cocaína— han sido un factor clave detrás del vertiginoso aumento de la producción de cocaína en Colombia durante los últimos dos años. Según el informe sobre cultivos de coca de la UNODC para 2015, el alza cercana al 40 por ciento en los cultivos de coca en el país se debió en parte a que las protestas de los cultivadores debilitaron la campaña de erradicación del gobierno.
Las iniciativas de erradicación en Colombia han sido más vulnerables a dichas protestas desde que el gobierno suspendiera las controvertidas operaciones de fumigación aérea en mayo de 2015, que lo dejó dependiendo casi exclusivamente de la erradicación manual, que fácilmente se detiene con bloqueos y protestas.
Que el gobierno diga que el crimen organizado y los grupos alzados en armas se encuentran detrás de estas protestas campesinas pueden tener algo de validez, pues las redes criminales buscarán proteger sus intereses en el negocio de la droga. Sin embargo, proscribir a los cultivadores como “esclavos” del narcotráfico forzados a protestar por sus patrones criminales desestima las legítimas reservas de los agricultores por la eliminación de su medio de subsistencia sin que se proponga una alternativa. Para tener éxito, cualquier programa de erradicación y sustitución requerirá la cooperación de los cultivadores de coca antes que su estigmatización.
Este es un punto central del acuerdo alcanzado entre las FARC y el gobierno, quienes se encuentran a un paso de un histórico acuerdo de paz definitivo. El hecho de que uno de los proyectos pilotos derivados de este acuerdo ya parezca encontrar una enconada resistencia en el campo es una grave preocupación y da peso a las dudas ante las afirmaciones de que los cultivos de coca disminuirán una vez que los combatientes de las FARC salgan del conflicto y colaboren en proyectos gubernamentales de sustitución de cultivos.
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Existe evidencia de que otras organizaciones criminales se están preparando para tomar control de las economías ilegales de las FARC, lo que incluye la supervisión de alrededor de 70 por ciento de los cultivos de coca en Colombia. Estos grupos pueden incluso ofrecer precios más altos a los cultivadores para animarlos a seguir con la coca. Hasta el momento, las FARC han mantenido artificialmente bajo el precio de la base de coca, producto intermedio entre la hoja de coca y la cocaína en polvo.
A menos que las autoridades puedan convencer a los agricultores de que les ofrecen una alternativa económica viable y sostenible y puedan dar una impresión de seguridad, los cocaleros seguirán siendo atraídos por los altos precios, bastante estables, de la coca en comparación con los cultivos alternativos. Si ese es el caso, las iniciativas de erradicación seguirán encontrando resistencia, los programas de sustitución tendrán problemas para hacer avances y Colombia puede perder una oportunidad única de atacar el negocio de la cocaína en la raíz.