La respuesta improvisada de uno de los candidatos a la presidencia de México ha dado pie a un debate complejo: la necesidad de implementar estrategias efectivas para reducir la violencia generada por el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia que encabeza las encuestas, insinuó que no descartaba la posibilidad de otorgar una amnistía a los líderes de los carteles, si eso fuera necesario para lograr la paz en su país.
La declaración, al parecer informal, fue en respuesta a la interrogante hecha por un periodista: ¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los carteles?”. A lo que López Obrador contestó: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”.
Además esta propuesta, hecha en un contexto electoral, surge justamente cuando México acaba de registrar alarmantes estadísticas de criminalidad. Octubre fue el mes más violento de los últimos 20 años con más de 2.300 homicidios. También se proyecta que terminará 2017 con récord de secuestros, pues en 4 años y 10 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto este delito ya ha superado al sexenio completo de Felipe Calderón.
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Sin embargo, la idea del candidato denota un desconocimiento de la dinámica de la criminalidad en su país. Las grandes organizaciones delictivas, como Los Caballeros Templarios, y los carteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana han quedado fragmentadas luego de la caída o detención de sus líderes. Esto impide la posibilidad de “negociar” con una figura única y clara. Además colocaría cualquier intento de pacificación en un escenario similar al que se está viviendo en Colombia en el posconflicto, con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los carteles mexicanos podrían actuar como algunas facciones de los grupos armados de Colombia, que han demostrado manejarse con independencia, se resisten a abandonar sus lucrativas actividades criminales y siguen ejerciendo la violencia para mantener el control territorial y proteger sus “negocios”. Esto al margen del acuerdo de paz suscrito por los líderes de la FARC.
Aunque para algunos expertos la posibilidad de una amnistía no debe ser descartada, todos coinciden en rechazar este tipo de perdón para los capos y consideran que es poco probable que los narcotraficantes dejen su oficio a cambio del perdón de las autoridades.
“No está claro qué signifique eso de dar amnistía. Cuando se habla de dar amnistía a los narcotraficantes hay muchos delitos relacionados. Si está pensando en dar amnistía a los que han matado y atentado contra personas eso es otra cosa. Si se está pensando en dar amnistía solo a personas que han traficado con drogas, sin participar en otros delitos, ahí podría ser más viable”, explicó Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica de México y crimen organizado.
Chabat expone que es difícil que la sociedad acepte una amnistía para personas involucradas en cientos de asesinatos. “Plantear la amnistía para cualquier delito genera dificultades con las víctimas”, dijo. También advirtió que es poco probable que personas dedicadas por años a las actividades criminales puedan incorporarse a la sociedad “así, nada más” luego de una amnistía. “Es ingenuo pensar que los líderes del narcotráfico puedan reincorporarse”, añadió el experto.
Por otra parte, el planteamiento de la amnistía surge justamente cuando se está aprobando en el parlamento la Ley de Seguridad Interior, que amenaza con dar luz verde a las fuerzas armadas para actuar en funciones de seguridad ciudadana. Esto ha incrementando el temor que nació con la guerra al narco, declarada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón. Por esta razón, el proyecto legislativo ha sido fuertemente cuestionado y rechazado por organizaciones de la sociedad civil y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El riesgo de que esta nueva norma agudice el conflicto es otra preocupación que hace que algunos investigadores vean con buenos ojos la posibilidad de la amnistía o, al menos el inicio de un debate para la pacificación.
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Tania Ramírez, maestra en derecho y especialista en política de drogas y justicia transicional, considera relevante que se pongan sobre la mesa escenarios para terminar el conflicto que existe en México desde la época de Felipe Calderón. “Si bien en México no hay una guerra en el número de detenidos y de asesinados es bastante elevado. Estamos en una crisis de violencia. Es importante en el contexto donde se está discutiendo la ley de seguridad, donde los militares se instalan en la calle para hacer tareas de seguridad”, aseguró.
“La reacción sobre propuesta de ofrecer amnistía a líderes de bandas criminales me sorprende. Porque es un término que se usa de manera amplia en situaciones de posconflictos. La justicia transicional es posible en estos casos. Lo que sí creo es que los delitos que involucran graves violaciones de ddhh, de lesa humanidad o genocidio esos no son de ninguna manera sujetos de amnistía”, agregó Ramírez.
Pero el problema parece mucho más complejo. En el primer trimestre de 2017, InSight Crime ya alertaba sobre el aumento de los homicidios en varios de los 50 municipios considerados los más violentos del país, como consecuencia de la acción de los grandes carteles. Además, la relación entre el ataque a las organizaciones del crimen organizado y el incremento de la violencia ha sido clara. Muchos de estos grupos se han atomizado y las organizaciones derivadas se dedican al secuestro, la extorsión y son responsables de muchos homicidios.
“La mayor parte de la violencia que está ocurriendo está dentro de los grupos criminales y debe tratarse desde la perspectiva de la seguridad pública, con nuevos planes y estrategias. Cualquier otra propuesta es poesía. Aquí la mayoría de las personas fueron víctimas directas o indirectas de las organizaciones criminales dedicadas a actividades económicas criminales, que continúan depredando sus comunidades”, explica Jaime López Aranda, especialista en seguridad pública y justicia.
Los casos de matanzas y desplazamientos muestran como los carteles siguen siendo los generadores de esta violencia. Para López Aranda es razonable querer que se dé un cambio en la perspectiva de la seguridad pública en México, pero aclara: “Hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de pacificación y justicia transicional. Se puede pensar en lo transicional cuando los enfrentamientos son a nivel político, y las fuerzas que están opuestas tienen una legitimidad política. Si uno dice que lo que está ocurriendo en México es una guerra, entonces uno está entendiendo muy mal la dinámica criminal del país y de los enfrentamientos violentos”.
La legalización o modificación de las regulaciones sobre el tráfico de drogas en México, la reducción de las condenas a los criminales según el delito cometido, y la reparación a las víctimas son otras variables que surgen en este debate. Sin embargo, hay más dudas que certezas acerca de la posibilidad real de que una amnistía para los capos sea la fórmula para reducir la violencia generada por el crimen organizado.
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